Negocios incompatibles con la función pública por cifras millonarias: la acusación que pesa sobre un exfuncionario de Chubut
Acusado de negociaciones incompatibles con la función pública por cifras millonarias en su paso por la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), se prevé que el próximo 22 el ingeniero Osvaldo Sala sea sometido a una audiencia de apertura de investigación y declare ante los fiscales Alex Williams y Daniel Báez para defenderse de la imputación. Según el Ministerio Público Fiscal de la ciudad del Golfo, entre diciembre de 2015 hasta abril de 2020, Sala, primero como interventor de la APPM y luego como presidente del Consejo de Administración, aprovechó ambos cargos para contratar a un grupo de empresas y personas que responden a vínculos comunes, para beneficiarlos. Habría direccionado contrataciones directas, “en clara violación al reglamento de contrataciones de la APPM”, dice el pedido de apertura de investigación. Sala, en tanto, solicitó declarar, según confirmaron fuentes a ADNSUR.
PUERTO MADRYN (ADNSUR) - “El interés espurio que alimentó esas contrataciones de un grupo que se vincula en forma directa con la familia Massari se corrobora prima facie en la relación personal comercial que une al propio Sala con el grupo contratado”, asegura la acusación.
Entre Esmildo Massari, su hijo Renzo e Ignacio, el hijo de Sala, “se constituyó en marzo de 2019 la Agropecuaria Puerto Lobo SRL, que adquirió un campo de gran extensión costera en la zona norte de la provincia, que se denomina El Pañuelo”. Fiscalía consiguió “enorme cantidad de documentación donde constan cientos de contrataciones entre las empresas Succeso SRL, Logística Polar SRL, Más Autos SA, Servicios Integrales Entre Mares, Servicios La Cruz y Vial Punta norte”. En todas hay vínculos interpersonales con el grupo investigado. “Es decir, las sociedades como los emprendimientos unipersonales responden al grupo”, agrega el escrito al que tuvo acceso ADNSUR.
En las tres primeras empresas, los socios son Esmildo y Renzo Massari; Entre Mares es el nombre del emprendimiento unipersonal de Flavia Caserta, pareja de Esmildo; Vial Punta Norte es de Luciano Massari y Servicios La Cruz responde a Walter Martos, quien consigna como domicilio el mismo que Luciano: Alvear 2.290.
“Lo mismo sucede con Mahtews 2.777 y Alzua de Corbeto 550, ya que son los domicilios tanto de las personas físicas como jurídicas”. El último domicilio también es de Puerto Lobos. “Desde que se constituyó dicha sociedad las empresas del grupo Massari continuaron y extendieron su vínculo con la APPM”.
FACTURACIÓN
En el lapso abril 2019/abril 2020, Succeso le facturó a la Administración casi $ 19 millones, facturación que prácticamente es toda consecutiva. “Aparece la APPM como el único cliente de las empresas”, dice Fiscalía.
La Cruz comienza a prestar servicios en febrero de 2020 y rápidamente se constituye en proveedor de la APPM. “Por ejemplo, facturó 11 ceniceros de pie por más de $ 242 mil”.
También aparece como prestadora Entre Mares: entre agosto de 2019 y abril de 2020 le facturó más de un millón de pesos por limpieza y mantenimiento. “El emprendimiento es de tipo personal y monotributista, cuya facturación también es prácticamente correlativa”, aseguran los fiscales.
“Idéntica maniobra sucede con Luciano Massari, quien usando el nombre de fantasía Punta Norte se encarga de una actividad idéntica al emprendimiento de Caserta, apareciendo así como altamente probable que se constituyeron sólo para prestar servicios a la APPM”.
La AFIP informó que las facturas electrónicas de lo que en apariencia eran proveedores distintos se confeccionaron desde la misma IP. “Es decir, ´distintos´ proveedores facturaron ´distintos´ servicios el mismo día desde la misma conexión a internet”.
Tras un cruce de documentación Fiscalía dedujo que “existe otro grupo de ´proveedores´ que responden no a su propio interés sino son usados como pantalla por el grupo primigenio para aparentar multiplicidad de personas o empresas contratando con la APPM, cuando en realidad responden todos a un único y concentrado interés”.
Por ejemplo, un tal Helmunt Carrasco Sepúlveda figura como “proveedor” monotributista. “Sin embargo de las facturas analizadas surge que todas las contrataciones se dispusieron desde la Presidencia de la APPM, es decir se contrató por orden de Sala”. El imputado en la realidad era capataz del grupo Massari. “Quienes representaban indistintamente al ´diverso´ grupo de proveedores frente al personal administrativo de la APPM eran siempre Esmildo Massari y Sepúlveda; de hecho eran los encargados de presentar las facturas a nombre de los distintos proveedores, práctica modificada para febrero/marzo de este año cuando cada uno empezó a traer la suya por separado”.
Un ejemplo es la orden de compra 26020 del 8/11/19. “El mail adjunto solicita un trabajo de reparación de guardarail y se dirige al mail de Renzo Massari, sin embargo quien presenta la factura al cobro como propia es Carrasco”. Es decir, le piden el trabajo a Massari pero lo factura Carrasco. “Aunado a los dichos de los testigos puede vislumbrarse que en realidad entre Massari y Carrasco existía una relación de dependencia laboral”.
Una “maniobra emblemática” es el caso de Gisela Massari, pariente de la familia. Aparece como monotributista proveedora de la APPM “inmediatamente después de haberse dado de alta en el sistema de ingresos públicos”. Es decir que ni bien tuvo la capacidad de facturar, “lo hace a la APPM quien la empezó a contratar de manera inmediata”. Funcionó bajo el nombre de fantasía Herrería La Glorieta, dedicada a la albañilería y carpintería mátalica.
Según la orden de compra 26169 del 27 de noviembre de 2019, a solicitud del Club Alumni se pide a la Presidencia una colaboración de 48 m3 de hormigón elaborado. El material lo aportó La Glorieta, que facturó $ 502 mil. “Es decir una monotributista que recién comienza su actividad es elegida por Sala para que aporte el hormigón”. Según la inspección, el material pagado no apareció.
Similar situación sucedió con Claudia Cañuel, una monotributista proveedora con Herrería la Carreta. Inició su actividad en diciembre de 2019 y hasta abril de 2020. “En 4 meses facturó a la APPM cerca de medio millón de pesos”. Por ejemplo, la contrataron para realizar bancos a $ 37.500 cada uno, “excesivo de acuerdo a los valores de mercado”. Fiscalía constató que esta firma no tiene taller ni herramientas ni personal. En su domicilio comercial funciona una florería donde no conocen a Cañuel. “Hay alta sospecha de que hubo direccionamiento de contrataciones a una persona sin antecedentes ni capacidad de obra para beneficiarlo y sobrefacturar”.
El último de la lista de personas respondiendo al grupo Massari es José Leopoldo Lazarte, otro monotributista dado de alta en noviembre de 2019. Se lo contrató para limpieza, desmalezamiento y realización de cestos metálicos de basura, por más de un millón de pesos entre ese mes y abril de 2020. En la investigación consta un mail en el cual Sala expresa: “Un tema visto hace un tiempo y que se me escapó formalizarlo es la necesidad de instalar canastos para que los turistas o trabajadores depositen sus residuos y evitar verlos en la vía pública”. Se facturaron $ 183.365 por los 10 cestos. “Aparece clara la maniobra ya que se puede observar como de la determinación de una necesidad se dirige la contratación a Massari y éste factura usando como pantalla a otro integrante del grupo, en este caso Lazarte, aparentando que es un proveedor ´genuino´ cuando en realidad la contratación se realiza con Massari y él define quién debe facturarlo”.
Los fiscales creen que Sala direccionó las contrataciones directas de proveedores “procurando un beneficio indebido”. Y a su vez los contratados “intervinieron en la maniobra en su calidad de dueños, directivos, socios o empleados de las firmas adjudicatarias y actuaron en forma coordinada o cartelizada para que los trabajos requeridos fueran proveídos por ellos, en algunos casos con precios que aparente excesivo e injustificado”.
Se usó a varias personas para “disimular que en realidad respondían a un grupo en particular y con quien todos colaboraron para que materialice las prácticas ilegales”. Todos obtenían un redito económico.
El último episodio denunciado por Fiscalía involucra a Jesica Sabrina Bustamante y la firma Máximo Servicios SRL. En la facturación de la APPM “hay cientos de facturas” de Bustamante. “Usando el nombre de fantasía Máximo Servicios le facturó en 2019 más de $ 25 millones a la APPM”. Pero Fiscalía advirtió que la mujer está registrada como empleada de una panadería. “Es evidente que cumple el rol de interpósita persona”, dice la imputación.
Desde 2016 se convierte en proveedora habitual, hasta agosto de 2019. “En dicha fecha cesa toda actividad, pero de inmediato aparece Máximo Servicios SRL como prestadora”. El nombre de fantasía es el mismo que usaba Bustamante pero ella ya no la integra. “Aparecen como dueños Jonatan Bustamante y Roana Ríos”, sus familiares. “Es decir de manera disruptiva Máximo Servicios de Jessica Bustamente deja de prestar servicios para pasar a hacerlos de inmediato Máximo Servicios SRL, lo que demuestra que ella nunca realizó trabajos ni dirigió ninguna de las innumerables obras con las que fue beneficiada tres años, sino que cumplía el papel de interpósita”. La SRL ingresa como proveedora “sin antecedentes, sin capital ni capacidad técnica pero de inmediato a su creación se le direccionan más de $ 5 millones en contrataciones en un lapso muy breve”.
“En todos los casos los prestadores contratados realizan multiplicidad de actividades absolutamente disímiles entre sí, siendo que en muchas de las contrataciones necesitan una gran capacidad técnica”. Máximo Servicios, por ejemplo, contratada para limpieza y desmalezamiento de grandes superficies, no tenía maquinaria ni empleados declarados.
Además de Sala, los imputados son Esmildo, Renzo, Gisela y Luciano Massari, Flavia Casserta, Alberto Martos, Claudia Cañuel, Helmut Ramón Carrasco Sepúlveda, José Lazarte, Jesica y Jonatan Bustamante, y Joana Ríos.