Pidieron elevar a juicio a tres personas acusadas en un caso de explotación laboral en la Patagonia
Así lo solicitó Julio Zárate, fiscal subrogante en el caso. El hecho ocurrió en noviembre de 2022.
Solicitaron elevar a juicio a tres personas acusadas en un caso de explotación laboral en la Patagonia. Así lo pidió Julio Zárate, fiscal subrogante en el caso. El hecho ocurrió en noviembre de 2022, en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz y en el caso hubo 13 víctimas.
La presentación contó con el acompañamiento de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI). En este marco, la fiscalía presentó medidas cautelares para detener el delito y confiscar los bienes utilizados en los hechos que se juzgarán. Anteriormente las personas habían recibido un embargo millonario por entorpecer la investigación.
“Las víctimas presentan rasgos comunes: en tanto son de otras provincias o extranjeros, buscando un porvenir más auspicioso para su proyecto de vida, de origen humilde, de zonas desfavorecidas con problemas sociales, carentes de una contención real y afectiva, sin recursos económicos, sin manejar su propio dinero y muchos llegaron al lugar de explotación gracias a que los pasajes fueron abonados por los tratantes”, indicó Zárate, según informó La Opinión Austral.
EL HECHO
Ocurrió en una chanchería de Río Gallegos, los trabajadores del lugar eran explotados y sometidos a condiciones infrahumanas. Además, muchos de ellos vivían ahí, no tenían calefacción ni agua. Asimismo, eran obligados a encargarse de animales muertos por enfermedad y hacer sus necesidades en un tacho de pintura, al aire libre.
“Darle vivienda a las víctimas era una forma de tenerlos bajo su dominio para que trabajen extensas jornadas y avasallen los tiempos de descanso, privacidad o de finalización de la jornada laboral, restringiendo finalmente su autonomía de decidir cuándo ingresar o egresar del espacio de trabajo”, había expresado el fiscal del caso.
En el caso están acusados un empresario, su pareja y la hermana de ella, quienes fijaron domicilio, sin embargo, durante el año 2023 estuvieron en la cárcel, por contactarse con una de las víctimas y por lo tanto, entorpecer la investigación. No obstante, Claudio Marcelo Vázquez, del Juzgado Federal de Primera Instancia ordenó su liberación.