Porras: una reforma del Código “no solucionará” la inseguridad

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – En diálogo con Actualidad 2.0, el procurador general adjunto de Chubut, Emilio Porras Hernández, planteó que “cuando uno observa el Código Penal, ve que las herramientas están disponibles” y que “lo que corresponde es hacer un análisis integral del sistema. No creo que con un cambio legislativo vayamos a solucionar el problema” de la inseguridad. Consultado sobre los casos de presos que recibieron prisión domiciliaria porque la Alcaldía no contaba con los servicios básicos, aseguró que es “un hecho grave” y que “si hay un problema que afecta la integridad física hay que buscar una solución pero que sea compatible con la seguridad de la sociedad”. Explicó que “cuando el Ministerio Público se opone a estas solturas propone alternativas como trasladarlos a otros establecimientos. Lo que observamos es que hay una recurrencia de estos problemas y existen los jueces de ejecución cuya actividad es actuar preventivamente. Ellos están obligados por la Constitución a realizar tareas de prevención”.

“Desde hace tiempo venimos observando el incremento en la posesión ilegal de armas de fuego de mano de personas no autorizadas como así también el uso de armas como instrumento para cometer otros hechos ilícitos. A partir de estos datos objetivos es que hemos instrumentado una serie de medidas de política de persecución criminal que consisten en realizar una interpretación estricta de la ley cuando se presenten estos casos, tanto en la apertura de investigación y soluciones alternativas como en lo relativo a medidas cautelares”, indicó Porras Hernández.

Además, planteó que “desde hace tiempo hemos generado acciones estandarizadas de hechos delictivos como son los convenios con el Sistema Integrado de Identificación Balística donde cada fiscal que se encuentra ante un hecho delictivo con uso de arma tiene que ordenar la remisión de cartuchos, balas y elementos usados a este registro nacional. Así se aspira a dar solución a un paquete más grande de hechos delictivos”.

“La ley nos proporciona un marco general que admite una interpretación entre un mínimo y máximo, en este caso el impacto del uso de armas, de modo que la recomendación a los fiscales es interpretar un uso estricto de la ley”, sostuvo el procurador.

Consultado sobre la frecuente liberación de autores de hechos delictivos con uso de armas, planteó que “todo lo relativo a cuestiones de seguridad excede un mero abordaje del Ministerio Público Fiscal; nosotros abordamos cuando el hecho ya fue consumado. En relación a los criterios, creo que la sociedad está sintiendo un criterio muy flexible de parte de la judicatura y esto se refleja en las propuestas de modificaciones legislativas”.

“Es una reacción frente a estos criterios que muchas veces no perciben lo que está sintiendo la gente. No quiero decir que el derecho tiene que escuchar permanentemente las voces pero sí tiene que compatibilizar”, consideró Porras Hernández. Y agregó que “si seguimos siendo refractarios a esta reacción que nos pide la sociedad, puede ocurrir que haya una modificación legislativa que no le dé margen al juez para decidir”.

Y planteó que “cuando uno observa el Código ve que las herramientas están disponibles; lo que corresponde es hacer un análisis integral del sistema. No creo que con un cambio legislativo vayamos a solucionar el problema”.

PRESOS CON DOMICILIARIA POR INCONVENIENTES EDILICIOS

Consultado sobre los casos presentados en Comodoro Rivadavia donde los presos recibieron prisión domiciliaria dado que la Alcaldía no contaba con los servicios básicos, Porras Hernández aseguró que es “un hecho grave porque no es que el Ministerio Público se opone a que se le otorgue una salida. Si hay un problema que afecta la integridad física hay que buscar una solución pero que sea compatible con la seguridad de la sociedad”.

Además, planteó que “cuando el Ministerio Público se opone a estas solturas propone alternativas como trasladarlos a otros establecimientos de la misma ciudad u otras. Lo que observamos es que hay una recurrencia de estos problemas y existen los jueces de ejecución cuya actividad es actuar preventivamente. Ellos están obligados por la Constitución a realizar tareas de prevención”.

“Ya tuvimos problemas de gas y ahora de electricidad. Creo que los operadores encargados de esto tienen que obrar anticipadamente y tomar medidas previas”, sostuvo. Y consideró que se trata de “personas comprobadas” en la comisión “de un delito y cumpliendo una pena legítimamente. Es dinero de la sociedad para que estas personas sean llevadas a juicio y sean encarceladas. Por lo que no vengamos con acciones que no son compatibles con acciones previas”, pidió.