COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Escuchá el audio) – La titular de la Defensoría Pública en Comodoro Rivadavia, Iris Moreira, informó en Actualidad 2.0 que ante el pedido por las condiciones de hacinamiento en comisarías y la Alcaidía, desde el área de Políticas Penitenciarias se informó que “estarían comprando 20 colchones ignífugos, terminarían las rejas para seguridad y las cámaras de seguridad, sin decir ninguna otra cosa más”. Por tal motivo, cuestionó que “en la nota no se especifica el procedimiento. Y esto no cubre el objetivo que es dar un lugar más adecuado al encierro de las personas”, de manera que solicitaron una audiencia con autoridades del Gobierno provincial para tratar el tema.

Moreira informó que “la titular de Políticas Penitenciarias remitió al juez en respuesta a la comunicación judicial que estarían comprando 20 colchones ignífugos, terminarían las rejas para seguridad y las cámaras de seguridad sin decir ninguna otra cosa más”.

De manera que “analizamos la respuesta en el contexto de las condiciones de las comisarías y Alcaidía, pedimos que los plazos que propone la dirección de Políticas Penitenciarias al estar dando inicio de compra de ciertos bienes y servicios, importa un plazo bastante incierto. Mientras tanto, las condiciones de hacinamiento siguen, al igual que la imposibilidad de dar clases”.

Ante la notificación recibida, Moreira consideró que “para nosotros es una respuesta no correcta frente al planteo que se hace. Lo que denunciamos era hacinamiento porque Comodoro Rivadavia tiene 173 plazas disponibles para detenidos y al día del informe había 196 y personas con controles de detención”.

Por tal motivo, “decidimos interponer esta acción y el juez le dio un plazo de 7 días al gobierno para inaugurar las obras, y ese plazo vencería el martes próximo. Además, se le otorgó un plazo de tres días para que contestaran si iba a ser así. Por eso, respondieron que activaron los procedimientos para adquirir los últimos bienes y servicios”.

Sin embargo, “conocemos que, por norma, los procedimientos de compra en el sector público están sujetos a plazos y formalidades. Entonces, esto hace que los plazos no sea como salir a comprar de forma directa a algún comercio de la zona 20 cámaras que faltan. Y eso no ocurre en el Estado. Además, en la nota no se especifica el procedimiento”, cuestionó.

A su vez, Moreira indicó que “esto no cubre el objetivo que es dar un lugar más adecuado al encierro de las personas, ni en calidad edilicia ni en prestaciones que vienen con esta nueva edificación dentro del predio de la alcaidía” y agregó que “ahora pedimos una audiencia con autoridades para debatir estas cuestiones”.

“Hoy lo que estamos poniendo de resalto es que esta nota comunicando esta compra no satisface los requerimientos nuestros ni los que hizo llegar el juez a la Secretaría de Políticas Penitenciarias”, sostuvo.

MÁS DETENIDOS EN COMISARÍAS

En otro orden, Moreira informó que “creció el número de personas alojadas en las comisarías. La alcaidía sigue manteniendo el número pero se nota más en las comisarías que es donde se da la rotación de las personas que ingresan y egresan porque se vence el plazo de la prisión preventiva”.

Y agregó que “el aumento es desde hace 6 meses atrás seguro, y el tipo de delito es exactamente el mismo. No tenemos una nueva ola delictiva en esas personas con prisión preventiva”.

Por último, remarcó la importancia de que “toda la sociedad logre tomar conciencia de que la educación, el buen trato y la no discriminación nos van a ayudar como sociedad a salir de este pozo donde estamos y en el que cada uno desconfía del otro. Por eso, hay que educar a la igualdad”.

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