Robo de vacunas en Comodoro: “Les van a tener que pedir perdón a los imputados", dijo el abogado de Camioneros

El abogado Guillermo Iglesias, que actúa como defensor de Jorge Taboada y otros 22 integrantes de la obra social de Camioneros, dijo este lunes que su intención es que el caso llegue a juicio, para demostrar que no hay pruebas del delito que se les imputó a sus defendidos. La investigación se inició en enero del año pasado y hubo versiones de que podría haber una suspensión a prueba, pero el propio defensor lo descartó, al menos por el momento. La Fiscalía también sería reacia a aceptar una ‘probation’. No se descarta que las actuaciones pasen a la justicia provincial, lo que significará el riesgo de un ‘limbo’ judicial.

El robo de vacunas en el hospital Regional había sido un anticipo exclusivo de ADNSUR, cuando se informó que por un relevamiento interno en el hospital, se detectó el faltante de 30 dosis del componente dos de la vacuna Sputnik, pocas semanas después de haberse iniciado el operativo de vacunación para personal esencial, que en ese momento había comenzado por el personal de salud.

Poco después hubo un allanamiento en la sede de la obra social de Camioneros, ordenada en un primer momento por la justicia provincial, que luego derivó las actuaciones hacia la justicia federal. A partir de allí, la jueza Eva Parcio dictó el procesamiento de las personas involucradas, que contabilizaba a 23 integrantes de la obra social, además de tres enfermeras y un médico del hospital.

“No sé qué querrán hacer mis clientes, pero si por mí fuera, quiero llegar al juicio y tendrán que terminar pidiendo perdón a los imputados, porque se los acusa de encubrir un robo que nunca se denunció, ni tampoco se probó que se hubieran colocado esas vacunas”, manifestó el reconocido penalista local.

Iglesias fue consultado por ADNSUR, ante un rumor que daba cuenta de que el caso podría cerrarse con una suspensión de juicio a prueba, algo que el abogado negó que haya ocurrido hasta el momento. Si bien no descartó que esa posibilidad se evalúe más adelante, insistió en su postura a favor de que el caso llegue a un juicio oral y público.

“Mi postura es que esto llegue a juicio para demostrar que ha sido una investigación con muchas falencias –afirmó el abogado-. En primer lugar, porque se imputó a esta gente porque supuestamente encubrieron un faltante de segundas dosis de la vacuna Sputnik en el hospital, pero en teoría ellos se habían aplicado una primera dosis, cuyo faltante nunca fue denunciado”.

Asimismo, cuestionó que en la justicia federal no se aceptó su ofrecimiento de prueba para verificar, mediante dosaje de sangre u otro tipo de estudios médicos, si sus clientes habían recibido efectivamente una primera dosis de vacunación, supuestamente antes del inicio del calendario oficial de vacunación.

“Esto lo propuse en el juzgado y también en la Cámara, pero no fue aceptado”, criticó, al tiempo que recordó que posteriormente todos los imputados recibieron primera y segunda dosis de la vacuna, lo que no hubiera correspondido en caso de haberse vacunado irregularmente en el mes de enero de 2021, como indica la imputación.

Los hechos bajo investigación

El robo de vacunas en el hospital Regional había sido un anticipo exclusivo de ADNSUR, cuando se informó que por un relevamiento interno en el hospital, se detectó el faltante de 30 dosis del componente dos de la vacuna Sputnik, pocas semanas después de haberse iniciado el operativo de vacunación para personal esencial, que en ese momento había comenzado por el personal de salud.

Poco después hubo un allanamiento en la sede de la obra social de Camioneros, ordenada en un primer momento por la justicia provincial, que luego derivó las actuaciones hacia la justicia federal. A partir de allí, la jueza Eva Parcio dictó el procesamiento de las personas involucradas, que contabilizaba a 23 integrantes de la obra social, además de tres enfermeras y un médico del hospital.

Aunque hoy el hecho parece olvidado, en el momento en que se concretó provocó indignación en la comunidad, ante los problemas planteados por la pandemia y las dudas que existían en esos primeros momentos, en relación a si el país podría adquirir el suficiente número de vacunas para toda la población. Incluso una entrevista realizada en la radio de Camioneros, Jorge Taboada reconoció el 19 de febrero que habían contratado el servicio de vacunación, por lo que dijo que la obra social había pagado 1.500 pesos por cada dosis, en concepto del servicio de inmunización.

Actualmente, el expediente está en la Cámara de Apelaciones, pendiente de resolución en la situación procesal de dos imputados que se desempeñaban en el hospital, quienes fueron procesados nuevamente luego de que la Cámara les dictara una falta de mérito.  

Imputaciones y penas previstas por el Código Penal

Según la imputación vigente en la justicia federal, la enfermera Analía Muñoz está procesada por el presunto delito de hurto, que prevé una pena de entre 1 mes y 2 años de prisión, luego de que la Cámara modificara la primera calificación con la que había sido procesada por la jueza Eva Parcio, quien la acusaba por malversación de caudales públicos, en la modalidad de peculado. Esa acusación implicaba una pena de entre 2 y 10 años de prisión.   

Asimismo, la enfermera es acusada del delito de cohecho pasivo (entre 2 y 4 años de prisión), porque presuntamente recibió dinero a cambio de la colocación irregular de las vacunas, por parte de Marcos Paura, integrante de la obra social. Para éste, la imputación es por cohecho activo, que prevé la misma pena que en el caso anterior. Su situación también fue morigerada por la Cámara, ya que en primera instancia la imputación y procesamiento había sido por instigación a cometer el delito de malversación, lo que implicaba una acusación más grave.

Por su parte, los 23 integrantes de la obra social de Camioneros, encabezados por Jorge Taboada, están procesados por el presunto delito de encubrimiento simple, que prevé penas de entre 6 meses y 3 años de prisión, es decir que se trata de penas de cumplimiento condicional en caso de una eventual condena.

En lo que respecta a sus representados, Iglesias no descartó la posibilidad de que se ofrezca una suspensión de juicio a prueba, aunque fuentes cercanas al ámbito de la fiscalía federal, consultadas por esta agencia, se mostraron contrarias a avalar un acuerdo de esas características.

El abogado anticipó también que eventualmente podría plantear la incompetencia de la justicia federal para seguir investigando el caso, a partir de un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone que todas las causas vinculadas al tema Covid 19 sean tramitadas por los sistemas judiciales provinciales.

En ese caso, como en un primer momento la justicia ordinaria ya se había declarado incompetente, podría iniciarse una puja para dirimir en qué jurisdicción correspondería llevar adelante las actuaciones, por lo que esa hipotética controversia debería ser resuelta, nuevamente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.