Ronconi calificó de "nefasta y autoritaria" a la ley de desenganche y dijo que la Legislatura es una "escribanía"
El secretario general del Sitrajuch, Josè Luis Ronconi, cuestionó en diálogo con ADNSUR la manera en que la Legislatura de Chubut sancionó este jueves la ley que suspende aumentos enganchados a la Suprema Corte, y advirtió sobre las consecuencias que esto generará hacia adentro del Poder Judicial.
RAWSON (ADNSUR) – Este jueves se aprobó en la Legislatura el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que suspende por 180 días todo incremento salarial que esté enganchado a una herramienta fijada fuera de la provincia, y que determina que toda suba salarial en los próximos 6 meses deberá estar acorde a los números provinciales y no a una política fijada por la Suprema Corte de Justicia. En diálogo con ADNSUR, el secretario del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) José Luis Ronconi, calificó a la ley de "nefasta y autoritaria" y afirmó que la Legislatura es una "escribanía".
“Es un gesto más de autoritarismo del gobernador que tiene como cómplice a un sector de la Legislatura. La única que votó a conciencia fue la diputada Tatiana Goic del PJ, el resto aprobó o se abstuvo”, dijo. Y cuestionó que la redacción del proyecto “es tan mala y tan inconsulta con los que vamos a ser afectados que abre un camino muy contrario a sus fundamentos. No saben por qué se determinó que se tomaran los aumentos de la Corte”, agregó.
Ronconi expuso que hubo épocas en Tribunales donde los sueldos de Defensores y Fiscales se fijaban en los juicios. “Argumentaban que no había un sistema en el Poder Judicial que ajustara los sueldos acorde a la depreciación de la inflación, los aumentos del dólar y demás”. Y criticó que ahora, los poderes Ejecutivo y Legislativo “rompieron un acuerdo al interior del Poder Judicial sin haber establecido cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. Atarse a los aumentos de la Corte implicaba una previsibilidad para un sector de jueces, fiscales y también para los trabajadores”. Mientras indicó que el sector judicial “había logrado que se interpretara que eso era un ‘piso”.
Asimismo, afirmó que la ley firmada ayer hace inaplicable el INDEC en Chubut. “Peor aún, si la paritaria nacional docente estableciera alguna mejora que alcanzara a los trabajadores de Chubut, no se les aplicaría. Por la forma en que está redactado, también afectaría a los trabajadores del Banco del Chubut. Ellos se rigen por una paritaria nacional de los bancarios y acá no se aplicaría por esta nefasta redacción que promovió el Poder Ejecutivo y que la Legislatura aprobó a manera de Escribanía. No hubo consultas, algunos diputados nos atendieron pero la mayoría, no nos respondieron”, manifestó.
Ronconi aseguró que los salarios de los judiciales no están mejor que el resto. “En los 10 años de deuda, perdimos porque la deuda creció mucho más que los salarios. Hoy estamos discutiendo esto y se corre el eje porque la mayoría del pueblo de Chubut dice ‘No a la Megaminería’. Esto aparece como una distracción”, dijo.
Por último, señaló que se quita la previsibilidad de estar sometidos a los ajustes salariales de la Corte “porque no son aumentos ya que la inflación de enero hasta hoy es el de 27%. Si hoy nos dieran un 30% sería un aumento del sueldo pero si te dan menos del 27% es una recomposición. En el ajuste que está previendo, el gobierno supone que es un 6%. ¿El aumento del 30% es para un aumento de sueldos o para las vacantes sin cubrir?”, cuestionó.
Y dijo que el impacto en el presupuesto de los salarios de los judiciales es inferior al 4%. “El 30% obedece a que hay una Planta restringida porque no da abasto y-por lo tanto- hay que generar vacantes. No me consta que haya gente que sobre en Salud, en las Escuelas y demás. Parece sobrar gente en los ministerios porque no son capaces de levantar un teléfono y preguntar: ‘¿cómo va a impactar si nosotros suspendemos el acuerdo de aumentos a partir de lo que diga la Corte?’, ‘¿Cómo impacta al interior del Poder Judicial?’. Puede ser un desastre porque se puede abrir una vía en la que cada funcionario busque fijarse –judicialmente- su salario”.