El viernes pasado se llevó a cabo la audiencia de inicio de la investigación por delitos sexuales en los tribunales penales del barrio Roca. El imputado, de nacionalidad paraguaya, responde al nombre de L.A.P.A.

Presidió la audiencia Lilian Borquez, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Leila Ritta, funcionaria de fiscalía; el menor-víctima también fue co-representado por la Asesora de Familia Carolina García; en tanto que la defensa del imputado L.A.P.A. fue ejercida por Alicia Dramesino, abogada particular del mismo.

Los hechos se producen cuando la menor-victima contaba entre 8 y 12 años de edad, el imputado mediando convivencia y abuso de autoridad por la relación asimétrica de poder, era su padrastro. Precisamente a este se lo acusa de haber intentado interrumpir el desarrollo psicosexual normal de una menor de edad en fechas no especificadas entre el 24 de septiembre de 2014 y el 23 de julio de 2022. 

Los hechos imputados se calificaron provisoriamente como: “abuso sexual simple, agravados por ser cometidos contra una menor de edad, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente, al menos dos hechos en concurso real; en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, al menos 7 hechos en concurso real; todo en concurso ideal con corrupción de menores, agravados por ser la víctima menor de 13 años, por mediar abuso de autoridad y aprovechando la situación de convivencia preexistente, bajo la modalidad de delito continuado” en calidad de “autor” para L.A.P.A.. 

La fiscal a cargo de la investigación es Verona Dagotto, expresó la funcionaria. Finalmente se refirió a la evidencia existente para acreditar los hechos y solicitó el plazo de 6 meses de investigación.

La Asesoría recibió información por parte del establecimiento escolar de que la menor podría estar siendo víctima de abuso sexual. En este sentido, se contactó con el servicio de salud mental del hospital para que evaluara la situación y, tras realizar una evaluación, se llevó a cabo la correspondiente denuncia por abuso sexual. La Asesora de menores describió una situación familiar muy compleja en la que se inició un expediente en el Juzgado de Familia, ordenando la exclusión del hogar del agresor L.A.P.A. Además, se informó que la menor se encuentra recibiendo tratamiento psicológico debido a la situación que atravesó.

La defensora cuestionó la “falta de determinación temporal y espacial precisa” de los hechos. También criticó la “falta de congruencia” en el relato de los hechos. Agregando que se debería investigar los dichos de la madre de la menor. Oponiéndose a la formalización del caso, solicitando “se formalice en otro momento con prueba más clara”.

La funcionaria de fiscalía solicitó medidas cautelares debido al peligro de entorpecimiento existente, ya que las medidas cautelares previas no se han cumplido. A pesar de que existen medidas en el fuero de familia, es necesario cautelar el proceso. Además, existe peligro de fuga debido a la pena que se espera y a los delitos imputados que conllevan un mínimo de 8 años de prisión. Para esto, se pidió medidas sustitutivas que incluyen presentarse semanalmente ante la Oficina Judicial, prohibición de salir de la ciudad y de todo contacto con la víctima.

La defensora no se opuso a las medidas sustitutivas, más allá que “no ve peligro de fuga ni de entorpecimiento”.

Finalmente, la jueza penal resolvió formalizar la apertura de investigación preparatoria en contra del imputado L.A.P.A., dándolo por anoticiado de los mismos y por asegurada su defensa técnica. Respecto de las medidas sustitutivas solicitadas no hizo lugar a lo solicitado por la funcionaria de fiscalía, ya que “no advierte los peligros procesales enunciados”.

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