Se reanudó el juicio por corrupción en el temporal del 2017 en Comodoro
Este martes a las 9 de la mañana comenzó el debate en juicio oral y público de la causa que investiga la corrupción durante el temporal de lluvia que se registró en Comodoro Rivadavia en el año 2017.
Tras distintos cuestionamientos de defensores rechazados por cinco jueces de garantías, este martes se reanuda el juicio por corrupción en el temporal de Comodoro, donde se espera la declaración de numerosos testigos.
El debate en juicio oral y público de la causa que investiga la corrupción durante el temporal de lluvia que se registró en 2017comenzó a las 9 de la mañana en unos de los salones de la Casa de Retiros Espirituales en Rawson.
El tribunal de enjuiciamiento de la causa denominada "Emergencia Climática" lleva adelante la investigación por los negociados con dineros públicos entre ex funcionarios públicos y comerciantes de Trelew durante la emergencia climática que afectó a Comodoro Rivadavia entre marzo y abril del año 2017.
Los magistrados a cargo del juicio son Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino. Dos de los imputados -Diego Correa y Diego Luters- ya fueron hallados culpables en causas vinculadas con corrupción en la administración público provincial.
También se hallan imputados la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo y los ex funcionarios de esa cartera, Marcelo Suárez, Cristian Orsi y Vanina Barale. También están imputados comerciantes de Trelew en carácter de proveedores del Estado. Se trata de Estanislao Finiguerra, Marta Fracasso, Taurelli Chiribao Bruno Paolo, Williams Guillermo Adrian, Cecilia Sabada y César Hughes.
Esta causa refiere a sobreprecios en la venta de elementos que adquirió la provincia y que fueron destinados a paliar las graves consecuencias de la emergencia climática caracterizada por fuertes lluvias, por la que atravesó la ciudad de Comodoro Rivadavia, entre fines de marzo y principios de abril del año 2017. Así fue confirmado por la Oficina Judicial de Rawson.
Se investiga la creación de expedientes desde el Estado provincial para pagar elementos que iban a ser enviados a los afectados pero que nunca se mandaron y además sobreprecios en otros adquiridos durante esa situación de emergencia climática, con costos para el erario público que ronda los casi 20 millones de pesos.