Este martes se llevó adelante una audiencia de ampliación en la investigación por la causa de corrupción durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia,  donde hay 14 personas imputadas por la contratación de maquinaria vial con el fin de remediar las consecuencias de la tormenta que azotó la ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril del año 2017.

El fiscal de la causa, Héctor Iturrioz,  hizo una ampliación sobre la extensión de los daños causados en la investigación, sin embargo, no hubo modificaciones sobre los hechos y la calificación legal provisoria.

En este marco, precisó que “las maniobras del imputado Julián Astiz se pudieron hacer merced a los estrechos vínculos de amistad que tiene con Carlos Linares”. Calculando “la sumatoria del perjuicio económico en $170.000.000”.

El próximo lunes finaliza el plazo de investigación por la causa de fraude al Estado durante el temporal. Foto: MPF

La investigación está previsto que finalice el próximo lunes 8 de noviembre

Por su parte,  el defensor de Abel Boyero y Roberto Monasterolo, Guillermo Iglesias sostuvo que a su criterio “hay un déficit en la acusación, desde el punto de vista objetivo”. Respecto de Monasterolo “una cosa es la acreditación defectuosa de las labores y otra que el trabajo no se haya hecho, es decir que no hay perjuicio para el Estado”, concluyó el defensor.

La defensora María de los Ángeles Garro no planteó objeción a la ampliación, y el defensor Quiroga dijo coincidir con el planteo del defensor Iglesias. Por su parte el defensor Fabián Gabalachis expresó que la presente audiencia es una proyección de lo que sucederá el próximo lunes con la preliminar, así que no planteó objeción. Finalmente, la defensora María Cristina Sadino se dio por notificada de la ampliación de objeto y quedó a la espera de la acusación del caso.

Por último, la jueza penal resolvió en base a los fundamentos y las manifestaciones realizadas por el fiscal, tener por ampliado los hechos y por notificados los imputados de los mismos.

LA CAUSA 

El temporal que afectó a Comodoro Rivadavia entre el 29 de marzo y 9 de abril de 2017 , por la caída de casi 400 mm. de agua,  generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas.

El Concejo Deliberante declaró la emergencia económica, social y administrativa y liberó al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contrataron desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Sin embargo, luego se corroboró "partes diarios fraguados" que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque y a su vez por el Contador Pfister, relató el fiscal. 

Calificando provisoriamente la mayoría de los 25 hechos relatados como “fraude a la Administración Pública, en concurso real con falsedad ideológica”, en calidad de autor o partícipe necesario para los imputados.

Entre los imputados se encuentran: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque; Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Joaquín Mansilla, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.

Presidió la audiencia de ampliación la jueza penal María Laura Martini, subrogando a la jueza natral de la causa; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Héctor Iturrioz, fiscal general; la defensa de Palomeque la ejerció María Cristina Sadino; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden y Lara por María de los Ángeles Garro, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rozas y Javier Morales por Ariel Quiroga, abogado de la defensa pública; la de Boyero y Monasterolo por Guillermo Iglesias abogado particular de los mismos y la de Astiz por Fabián Gabalachis.

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