Tres claves del juicio contra dos ex intendentes de Comodoro y un perjuicio millonario para el municipio

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) -  El juicio penal contra Martín Buzzi y Néstor Di Pierro, ex intendentes de Comodoro Rivadavia, quienes afrontan una acusación por incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia judicial, se inicia en una compleja trama burocrática, anterior a la gestión de ambos, pero que podría costarle cifras millonarias al erario público, aun por encima de la multa que hoy se calcula en los 15 millones de pesos abonados hasta el momento.

1. La demanda se inicia por un expediente administrativo en el que el municipio, en el año 1982, adjudicó un terreno fiscal de barrio Industrial a un particular, identificado como Delfor Martínez, quien por un supuesto incumplimiento de las condiciones pactadas (debía construir sobre el lote), perdió dicha adjudicación. 

Allí se inicia un litigio por parte de Idalio Dos Santos Pires, quien había adquirido el terreno al primer particular adjudicado, aduciendo que no había razones legales para ser desapoderado del lote. Ese reclamo en vía judicial le dio la razón al particular, luego de muchos años, lo que fue confirmado por una sentencia del Superior Tribunal de Justicia en diciembre del año 2007 (es decir, 25 años después de iniciado aquel trámite).

2. La sentencia de la corte provincial había ordenado que la Municipalidad debía reconocer la cesión de derechos de Delfor Martínez a favor de Dos Santos Pires. Si bien en un primer momento el entonces intendente, Martín Buzzi, ordenó actos administrativos para cumplir con dicha sentencia, luego dictó una resolución en contrario.

Ese hecho fue explicado desde ámbitos de la defensa del ex intendente sobre la base de que la sentencia (ordenando la restitución del lote) era de cumplimiento imposible, ya que en el lote había un tercer ocupante al momento de producirse la misma.

En efecto, tras la gran cantidad de años transcurrida y los sucesivos gobiernos municipales, había sido adjudicado a otro particular, en una de las gestiones anteriores a la de Buzzi. Además, como el lote nunca había sido abonado, hubo una demora por la disputa sobre el precio que debía pagarse, que finalmente fue el equiparable al año del 1982, cuando comenzó el proceso. Por otro lado, se debía iniciar el desalojo sobre el tercero en discordia, que había recibido el lote en disputa. Si bien se ordenó el desalojo –a través de Asesoría Letrada- contra el tercero, el trámite no se resolvió en los 4 años de intendencia de Buzzi, quedando la continuidad al asumir su sucesor en 2011, Néstor Di Pierro.

3.  En ese marco, la sentencia quedó incumplida. Paralelamente, comenzaron a aplicarse multas diarias, llamadas astreientes, a razón de un valor determinado por cada día transcurrido sin que se cumpliera la sentencia. 

Por esa circunstancia, el municipio acumuló multas por 15 millones de pesos, hasta que en el inicio del gobierno de Carlos Linares esa multa comenzó a pagarse, a favor del particular demandante, es decir Dos Santos Pires, quien cedió los derechos del reclamo al estudio de abogados Ferreyra de las Casas. En paralelo, el Tribunal de Cuentas Municipal realizó un juicio de responsabilidad patrimonial contra Buzzi y Di Pierro, condenándolos a pagar de su propio bolsillo un monto de 3 millones de pesos, que era el total acumulado hasta el momento de ese juicio, en concepto de astreintes, que fue apelado por los ex intendentes. 

El caso no termina ahí. Aun cuando la justicia penal los encontrara culpables de los delitos que se les imputa, las multas diarias seguirán corriendo y la responsabilidad penal podría recaer sobre cada intendente que no cumpla la sentencia, además de que el municipio podría quedar condenado de por vida a pagar multas millonarias al particular que le ganó el juicio y al que no se le restituye el terreno. Paralelamente, éste podría demandar por daños y perjuicios al municipio, para exigir otro resarcimiento económico, mientras que también el tercero en discordia, que es a quien se le adjudicó el lote y el municipio pretende desalojar para cumplir la sentencia, podría demandar por daños y perjuicios al mismo Estado municipal.
Lo que se dice, una comedia de enriedos. Pero mucho más cara.