Un gitano cometió una estafa por 10 mil dólares: devolvió el dinero pero igual irá a juicio

Un hombre acusado de cometer estafas será juzgado, a pesar de que una mujer perteneciente a la comunidad gitana entregó a la víctima el dinero que había perdido en una supuesta compra. El juez rechazó la solicitud de sobreseimiento, coincidiendo con la postura de la fiscalía especializada en Delitos Económicos, que, en una firme intervención, subrayó: "los crímenes no se solucionan con dinero".

Durante la audiencia de control de acusación que se llevó a cabo este viernes en Neuquén, el fiscal Juan Narváez presentó no solo argumentos técnicos sobre por qué no corresponde la reparación económica en este caso, sino también su firme decisión de no aceptar esa "solución", destacando que permitir que los delitos queden impunes es inaceptable.

En este contexto, el fiscal anunció un cambio de enfoque: "la fiscalía se propondrá, de una vez por todas, que estos delitos sean juzgados, y que no se resuelvan siempre con dinero". Con tono irónico, agregó: "de lo contrario, tendremos que dedicarnos a otra cosa, permitir que sigan ocurriendo las estafas y las reparaciones económicas, y hasta podría poner un puesto de golosinas".

En el transcurso de la audiencia, el abogado defensor del imputado, Alfredo Cury, solicitó el sobreseimiento, argumentando que, durante el proceso, una tercera persona, miembro de la comunidad zíngara, había entregado a la víctima 10 mil dólares en efectivo y que este pago había sido registrado por un funcionario judicial. Según Cury, la víctima aceptó el dinero, manifestó estar conforme con la reparación y no tenía interés en continuar con la acción penal.

Sin embargo, Narváez explicó por qué el artículo 168 citado por la defensa no era aplicable. En primer lugar, señaló que la persona que realizó la reparación no era el imputado: "fue una mujer que desconocemos por qué intervino en la conciliación". Además, resaltó que "la transacción no ocurrió en la fiscalía", aclarando que ellos no están autorizados a recibir dinero en efectivo. "Si permitimos que la reparación se haga de esta manera, estaríamos contraviniendo la ley", dijo, subrayando que en esos casos lo adecuado es abrir una cuenta judicial para gestionar la reparación.

Por estos motivos, Narváez sostuvo que la fiscalía cuenta con un caso sólido y, aunque hubo una reparación económica a la víctima, consideró que sería "una burla al sistema penal" aceptar esta transacción. También destacó que en el expediente no figura ninguna solicitud de la víctima para que se archive la causa, sino solo un recibo entregado por ella.

"Si no me opongo a esto, estamos enviando un mensaje claro a la sociedad: le estamos diciendo al acusado que puede estafar a otra víctima, que enfrentará un proceso penal, pero que, antes de la audiencia de acusación, podrá ofrecer una reparación. Esto pone en riesgo el sistema", cuestionó el fiscal.

A pesar de reconocer que la reparación integral a las víctimas puede ser una opción válida para resolver algunos conflictos, Narváez dejó claro que, en este caso particular, debido a los antecedentes del imputado, las investigaciones en curso y otros factores, esta vía no es aplicable. "Lo que queremos es que esto termine", afirmó.

Por último, el fiscal recordó que las estafas relacionadas con la comunidad zíngara son un problema persistente y recurrente. "De 10 estafas, solo dos o tres víctimas logran reconocer a los responsables, y el resto queda impune", comentó. También observó que, según los comentarios de los ciudadanos en los medios locales, estas prácticas son frecuentes en la región. "No podemos permitir que sigan cayendo víctimas por parte de estos individuos", concluyó.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez de garantías rechazó la solicitud de la defensa y dispuso que el caso sea resuelto en juicio, bajo la modalidad de un tribunal compuesto por tres jueces, como lo había solicitado la fiscalía.

LA ESTAFA

Según la reconstrucción realizada por el fiscal Juan Narváez, los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2023, cuando dos compradores viajaron desde Buenos Aires con la intención de adquirir una camioneta. La víctima, originaria de Quilmes, estaba navegando en internet cuando vio un anuncio en la sección de compra y venta de Facebook Marketplace, donde se ofrecía una camioneta Toyota. Fue entonces cuando se puso en contacto con el vendedor, quien le proporcionó un número de teléfono de Neuquén.

"El individuo que se presentaba como vendedor utilizó el nombre de Franco y comenzó a implementar una estrategia para ganar la confianza de la víctima, con el fin de simular una venta falsa", detalló el fiscal. 

Según Narváez, el precio de la camioneta estaba establecido en 10 mil dólares. La víctima, acompañada por su padrastro, decidió viajar a Neuquén tras realizar una transferencia como señal de compromiso y llegaron a la ciudad el 2 de marzo de 2023. Al llegar, un hombre llamado Franco los esperaba en un BMW gris y los llevó hasta una vivienda donde se encontraban varias personas.

Según la acusación, el imputado organizó todo el engaño para hacer creer a la víctima que estaba comprando el vehículo. Sin embargo, cuando llegaron a la casa, se les mostró una camioneta Toyota Hilux más nueva, también a un precio similar, lo que despertó el interés de la víctima. Decidió comprarla, y el imputado lo invitó a ingresar al domicilio para completar los trámites de la compra. Así, firmaron el boleto de compraventa y el 08. 

En ese momento, la víctima entregó los 10 mil dólares y 155 mil pesos adicionales para cubrir los gastos de transferencia. El acusado le indicó que debía llevar la documentación a un gestor y luego se marchó.

Más tarde, el imputado le dijo que surgieron inconvenientes con la AFIP, pero que en pocos días todo se solucionaría. Convenció a la víctima para que regresara en colectivo, lo llevó hasta la terminal de ómnibus y se fue sin entregarle ningún tipo de documento. La comunicación continuó a través de WhatsApp, pero los estafadores comenzaron a poner excusas, hasta que finalmente lo bloquearon y la víctima perdió todo contacto.

"A raíz de esta maniobra, el imputado causó un perjuicio económico a la víctima por un total de 10 mil dólares y 175 mil pesos, que correspondían a la seña y los supuestos gastos de gestoría", explicó Narváez. El fiscal detalló que el delito de estafa genérica se le imputa a un solo acusado, ya que, tras realizar un recorrido fotográfico, la víctima solo pudo identificar al imputado, pero no al hombre que condujo el vehículo, conocido como Franco.