Tras los alegatos finales realizados este viernes en el juicio contra Daniel Murphy, e secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut acusado provocar daños en el edificio del Ministerio de Economía, el Ministerio Público Fiscal informó que el veredicto se dará a conocer el próximo martes.

En la audiencia de este viernes, realizada en Rawson, la fiscal general Florencia Gómez consideró que “los hechos quedaron probados y la defensa no pudo revertir las pruebas aportadas durante el proceso”. 

El gremialista está acusado de romper a patadas el vidrio de una puerta del Ministerio de Economía, durante una protesta docente en junio de 2023.

Una imagen de la audiencia de este viernes.
Una imagen de la audiencia de este viernes.
Ministerio Público Fiscal

Gómez remarcó que “se dañó un edificio de uso público, por lo tanto, se dan los presupuestos del daño agravado”. Ese delito, estipulado dentro del artículo 184 del código penal, establece una de pena de entre tres meses y cuatro años de prisión.

La fiscal general afirmó que el sindicalista “tuvo la posibilidad de autodeterminarse y no lo hizo, supo en todo momento que su conducta estaba prohibida". Además, remarcó: "Las tres patadas indican que lo hizo con dolo e intencionalidad”.

En su fundamentación, Gómez destacó la decisión del comisario Javier Rhel al filmar el momento de tres las patadas y aseguró que esas imágenes son “indicativas que los golpes fueron voluntarios”. 

Asimismo, destacó los dichos de otros testigos policías presentes en la movilización, que también identificaron a Murphy como el autor de los tres golpes, a los que describió como “continuos y voluntarios”.

Por último, planteó: De ninguna manera se puede pretender justificar con un reclamo salarial, la comisión  de un delito sobre bienes del estado”.

En la misma línea se expresó el querellante representante de la Fiscalía de Estado, el abogado Martín Castro, quien afirmó que quedaron probadas las tres patadas que produjo Muphy en el vidrio. 

LA POSTURA DE LA DEFENSA

Para el defensor de Murphy, el abogado Manuel Salgado, todo el proceso penal contra su cliente “estuvo motivado en connotaciones políticas y gubernamentales que atentan contra el legítimo derecho a los reclamos salariales”. 

Además, afirmó que se produjo “un enorme derroche de recursos” para probar el hecho, cuando “con el reconocimiento de Murphy, el caso ya estaba probado”. Argumentó que obedeció a una intención “publicitaria” que no le corresponde a la Justicia y que sí podría estar justificado desde el Poder Ejecutivo”.

Por último, señaló que la investigación fue “sesgada” y que “las pruebas subjetivas para probar el dolo, debieron ser evaluadas con mucha prudencia”, destacando el contexto del reclamo. 

Con información del Ministerio Público Fiscal, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.

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