¿Hay que reformar la Constitución Provincial?: mirá todas las caras del debate
EL ANÁLISIS DE LA NOTICIA
Desde entonces no pasó gran cosa hasta que nació la causa Alpesca. La misma discusión con otros protagonistas. Tras otra batalla la balanza se inclinó a favor del ahora exgobernador Martín Buzzi, que por ahora sólo fue testigo en la causa, con el paraguas de los fueros.
En su discurso en Legislatura, Das Neves aclaró que “vamos a escuchar todas las voces y no huiremos a ningún debate. Esta no es una reforma que le compete a un sector político, sino que nos compete a todos. Tiene un objetivo principal: terminar con los privilegios de los que gozamos quienes ocupamos cargos políticos y también a quienes ocupan cargos sindicales”. Ahora, incluso, la prohibición del fracking se suma a la reforma propuesta por Das Neves.
Fontana 50 considera que el artículo 249 de la Constitución Provincial es intocable en tanto funcionarios gubernamentales y gremialistas deben conservar la “inmunidad de opinión”. Decir lo que quieran en el ejercicio de los cargos. Pero advierte que ese blindaje no se puede traducir en protección judicial ante presuntos episodios de corrupción, mala administración o delitos comunes.
Una cosa es decir cualquier barbaridad; muy otra, despilfarrar la plata pública o trompear a alguien. El mandatario provincial aseguró que es un reclamo de los vecinos. “Esto debe ser igual para todos. De lo contrario volveremos a épocas feudales, con ciudadanos de primera y de segunda. Y señores: ante la ley, debemos ser todos iguales”, dijo el gobernador. “Estamos convencidos de que una reforma en ciertos artículos pondrá mayor equidad. Y para quienes dicen que no es prioridad, les digo que siempre es momento de adecuarnos a los nuevos tiempos y sobre todo escuchar la voz de la gente en cuanto a situaciones que consideran en algunos casos injustas. Y en otras necesarias”.
DOS NUDOS
Las reformas constitucionales suelen limitarse a retocar algún párrafo, algún concepto, alguna coma. Pero por poco que sea el borrón, reformar los fueros en Chubut necesitará una formidable ingeniería político-jurídica. Aunque a regañadientes, la clase puramente política parece estar de acuerdo con el cambio. Sin retroactividades, claro. Nadie quiere pagar hacia atrás sus pecados de juventud.
Pero habrá dos nudos complicados: convencer al infinito colectivo de sindicalistas provinciales de que la reforma no es para atarles las manos sino que, por el contrario, hasta puede servir para mejorar sus gremios sacándose de encima a los delincuentes. Es poco imaginable reescribir la Carta Magna justamente en este apartado sin un aval explícito del sector más sensible a la desprotección de sus derechos.
El otro nudo es el sector judicial. No porque haya que convencerlos de nada sino porque será necesario un trabajo concienzudo para que la reforma de los fueros no quede a contramano de las leyes superiores, como la Constitución Nacional. Ya hubo un reto del Superior Tribunal de Justicia para los jueces que insistían en juzgar a Buzzi sin pasar antes por un juicio político.
Los fueros deben ser repensados pero con cautela y leyendo con lupa la vastísima jurisprudencia sobre el tema. Basta preguntarse qué haría un dirigente llevado a tribunales bajo los preceptos de una nueva Constitución Provincial. Pues buscar antecedentes en la biblioteca judicial para probar que la reforma rompió protecciones que no debía. No estaría mal buscar todo el asesoramiento posible para que se escriba un texto coherente con el resto del corpus legal sobre el tema. Chubut ya tiene experiencias de normas declaradas inconstitucionales en áreas como la pesca y las obras sociales.
¿Qué pasaría ante, por ejemplo, un corte de ruta? ¿Es un derecho a la protesta o es un delito que merece detención allí mismo? La realidad siempre ofrece variantes que superan la letra de cualquier ley, sujeta a la interpretación. Puede haber una línea finísima entre la “inmunidad de opinión” y el delito.
Otro punto para la reforma constitucional es la cuestión electoral. Para Das Neves, “es un reclamo popular. Los actuales sistemas se quedaron en el tiempo y lo que es peor, generan dudas en cuanto a las demoras y a los resultados. Este sistema vetusto, casi artesanal debe ser reemplazado por otro más dinámico, seguro y transparente que no deje lugar a dudas en cuanto a los resultados de la voluntad del pueblo”.
Las PASO de 2015 pasaron al bronce porque se terminó de votar a las 21 y porque los resultados los trasladó una carreta. Cualquier vecino interrogado al salir de una escuela hubiese firmado un cambio urgente. La experiencia reciente le da la razón al oficialismo. “Son dudas que, en aquel momento y de manera injusta e inducida externamente, les generó a los propios integrantes del Frente para la Victoria con los resultados de las elecciones provinciales de 2011”. Es que en la memoria popular también quedó incrustado el angustioso recuento de votos de Martín Buzzi vs. Carlos Eliceche y aquellas inéditas elecciones complementarias.
Hay dos elementos que la clase política chubutense viene manoseando hace rato: el voto electrónico y la boleta única. Como con los fueros, antes de embarcarse en tamaña aventura sería bueno un ciclo de asesoramientos y de escuchar experiencias ajenas, malas y buenas. Mal que le pese a tirios y troyanos, ambas innovaciones ya son promesas viejas. Son ideas que matarían de raíz viejas mañas de veteranos pero, sin dudas, abrirían puertas para otras nuevas. Ni hablar de las turbulencias dentro de los partidos, poblados de gente habituada a la comodidad de la lista sábana y del papel.
Y si de discutir se trata, cabe repreguntar si antes que una reforma del capítulo electoral de la Constitución –que es bastante genérico- no sería mejor y más funcional elaborar con paciencia un Código Electoral propio, un ítem que el STJ también reclamó varias veces, hartos los ministros de decidir cuestiones que son propias de los partidos políticos. Para entender esto hay que recordar el célebre fallo que le impidió a Proyección Vecinal del Chubut actuar como colectora de Das Neves. Todo terminó con jueces acusados de pedófilos y saliendo por la puerta de emergencia. No fue la única vez que los jueces máximos debieron meterse involuntariamente en internas partidarias. Por eso siempre exigieron una norma que despeje dudas y regule la vida electoral con claridad. Terminan siendo árbitros y juzgados ellos mismos.
“La reforma incluirá un debate en cuanto a las fechas electorales y sobre todo al mes del traspaso del poder –mencionó el discurso-. Quedó comprobado que los actuales calendarios provocan inconvenientes a veces de difícil solución por la época del año en que ha sido fijado”. El dato es novedoso: siempre hubo un trecho inquietante entre las elecciones y la asunción, que sólo relativamente se tranquiliza cuando hay una reelección y continuidad de gestión. De lo contrario, los meses de transición pueden ser tierra de nadie (y arrasada). El que se va acumula tropas en planta permanente, extiende los festejos lo más posible y su firma autorizada puede generar dislates; el que entra necesita datos que le niegan y se encuentra con que debe pagar sueldos, aguinaldos y negociar paritarias apenas se sienta o aún antes. No estaría mal que el fierro caliente o tibiecito se agarre lo más rápido posible.
El gobernador también ratificó la idea de que los candidatos a ser jueces del STJ se sometan a una audiencia pública, preferiblemente en Legislatura. “Le dará al órgano mayor de nuestra justicia un mecanismo participativo en cuanto a la elección de sus miembros”, dijo. Esta iniciativa surgió con fuerza luego del juicio político al actual presidente del STJ, Alejandro Panizzi. Aquel proceso desnudó tantas miserias personales e internas que muchos se preguntaron si no sería mejor ahorrarse sorpresas y saber más de las personas antes de su ingreso a funciones. El propio Panizzi reivindica este proyecto, imitando lo hecho por Néstor Kirchner para la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El riesgo es que una audiencia se convierta en una asamblea. Su reglamentación debe garantizar el derecho a escrutar organizadamente los antecedentes de un candidato sin que sea un griterío vecinal.
Para el combo de reformas vinculadas al mundo judicial, Das Neves adelantó que impulsa modificar el artículo 155 que faculta al gobernador a indultar y conmutar penas por delitos. En la Gobernación del radical Carlos Maestro, con José Luis Lizurume como ministro de Gobierno, hubo unos 24 indultos. El más célebre fue el de Mario Sallago, condenado en 1988 a 21 años de prisión por homicidio y violación agravada. Maestro redujo dos veces por decreto su condena. Lo liberaron en 1998, gracias a la ley del "dos por uno". En 2001 apareció asesinada y violada en Olavarría, provincia de Buenos Aires, la niña Jennifer Soledad Falcón. En 2002, la justicia condenó a Sallago a reclusión perpetua por ese crimen. Tampoco es un dato que se recuerde demasiado, pero en su momento indignó a la opinión pública.
Das Neves se autolimitó en esas facultades por decreto. Ahora propone que el recorte sea parte de la ley de leyes y no un parche. No luce como una reforma a la cual algún dirigente quiera oponerse. Y menos con la seria crisis de inseguridad en Chubut. Está repleto de antecedentes de reincidentes, con historias dramáticas como Yasmín Chacoma en Comodoro Rivadavia. Ya bastantes veces el Poder Judicial metió la pata con las excarcelaciones. No necesita una ayuda del Poder Ejecutivo.
El abanico de propuestas incluyó “la protección del agua evitando los riesgos propios de las explotaciones mineras”. La Constitución sólo le dedica un artículo al agua: el 101, un apartado corto y burocrático referido a su manejo administrativo. Visto cómo crece la intensidad de las discusiones por su uso –de la mano del debate minero- parece necesario que el Gobierno fije reglas de juego superiores para un escenario moderno y pensando en las décadas que vienen, sincerando límites para los intereses empresariales y populares. Ni las mineras son necesariamente demonios que dejarán un desierto en Chubut ni la militancia es la única expresión genuina de los vecinos. Alguna vez hay que discutir y definir con fuerza qué se puede hacer y qué no con un recurso valiosísimo.
La última propuesta también es un deseo antiguo: la implementación en Chubut del juicio por jurados, un mandato constitucional que nunca nadie logró poner en marcha. “Es un símbolo de la democracia participativa y sin dudas mejorará la opinión que hoy la gente tiene sobre la justicia”, remarcó Das Neves. La iniciativa data de los tiempos en que Jorge Miquelarena era fiscal de Estado. En 2005, 2011 y 2014 hubo movimientos en el parlamento pero todos quedaron en la buena intención.
En rigor, la Carta Magna ya habla y obliga al tema. La cuestión es organizarla con una ley específica. El juicio por jurados tiene dos rasgos: organizar el sistema es muy complejo. Necesita mucho tiempo y más pensamiento y coordinación porque se trata de crear una maquinita burocrática que pueda trasladarse de ciudad en ciudad. En segundo lugar, es bastante caro. Chubut debe esperar al menos hasta 2017 si quiere un experimento exitoso y no tirado de los pelos por falta de presupuesto.
Por lo pronto, ya hay jurados en Buenos Aires, Córdoba y Neuquén. O sea, hay puntos de referencia para consultar. El Ministerio de la Defensa Pública organizó ya varios simulacros en la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. De allí pueden deducirse problemas y facilidades. Es meter de lleno la cuestión de la justicia en la vida de la gente. El impacto sería mucho.
Claro que más allá de estas miradas, después de cualquier reforma constitucional viene lo difícil y lo que importa en serio: cumplirla.
