"La denuncia no tiene fundamento legal”, dijo Balochi y apuntó contra abogados que “encontraron un buen campo profesional”

El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, respondió que la denuncia formulada por Coopsar no tiene fundamento legal, porque el Ejecutivo no interviene en la fijación de tarifas. Y aseguró que la administración de la cooperativa “es paupérrima”, al tiempo que anticipó que en pocos meses la concesión podría pasar a manos de una sociedad con mayoría estatal.

“La verdad es que esta denuncia me ha sorprendido, aunque no para bien, por supuesto. Nosotros protegemos mucho la institucionalidad y siempre priorizamos el diálogo para resolver las cuestiones, pero estoy con la tranquilidad absoluta de que por Carta Orgánica no es el Poder Ejecutivo el que otorga tarifas y creo en la libertad de conciencia y decisión de cada uno de los concejales de Sarmiento”, dijo en principio.

En ese punto, Balochi aclaró que, si bien los concejales tienen la obligación de dar tratamiento al tema, no están obligados a aprobar el nuevo cuadro tarifario. “Cualquier concejal, del partido que sea, podría decir ‘yo no estoy de acuerdo’ y eso no le podría generar ningún tipo de responsabilidad penal ni civil”, precisó.

El intendente cuestionó la decisión de Coopsar de avanzar con la presentación judicial, a la que atribuyó “un estado calamitoso, desde lo financiero, con una deuda estructural que hoy rondará los 8.000 millones de pesos o más, con CAMMESA. Ya tenemos un aviso de reducción de potencia para la ciudad por esa deuda y compromete, obviamente, el rol diario de la entidad cooperativa porque, no hay inversiones”.

En ese marco, detalló que las únicas inversiones, para iluminarias Led en la ciudad, fueron realizadas por el municipio, que “las compró y les entregó para que coloquen en la ciudad y de esta manera mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Balochi criticó además el asesoramiento legal de Coopsar, al detallar que “alguien que fue abogado de la Municipalidad, trabajando anteriormente en contra de los reclamos de la cooperativa, hoy está en la cooperativa en un campo que parece fructífero en lo profesional, para actuar en contra de la municipalidad, presentando reclamos administrativos, que no tienen andamiaje legal para poder sostenerlo en el ámbito judicial y persiguiendo de esta manera a quienes tenemos responsabilidades públicas”.

EL ORIGEN DE LA DEUDA

Ante la consulta de si la deuda mencionada, por valor de 8.000 millones de pesos, no se origina por el retraso de tarifas que reclama Coopsar, Balochi respondió que la situación se retrotrae a mucho tiempo atrás:

“Lo es cierto que la cooperativa Sarmiento hace 10 años que no le paga a CAMMESA, no solamente la deuda que la cooperativa manifiesta que es de la provincia o es de la cooperativa de Comodoro, por el bombero de acueducto, sino que hace 10 años que no paga el corriente de lo que consume la propia. Y es muy difícil determinarlo porque no está establecido, no hay un medidor que dividida el consumo de Sarmiento respecto del acueducto, simplemente lo que hay es una estimación, que rondaría el 20%, pero nunca se hicieron los cambios de medidores ni se pudo avanzar”.

En ese marco, añadió que tampoco se hicieron las gestiones ante la empresa mayorista para poder tener un plan de pago, o desendeudar a la cooperativa. “Estructuralmente no existe una gestión seria y comprometida, por parte de gente que obviamente tenga la capacidad técnica de sacar la causa adelante”.

“EL RECLAMO POR 2.100 MILLONES NO TIENE ASIDERO JURÍDICO”Con relación al reclamo de Coopsar por las pérdidas de 2.100 millones de pesos, Balochi aseguró que si bien está a la espera de un dictamen de Asesoría, “en mi opinión esto no tiene ningún tipo de andamiaje legal, porque ni siquiera se especifica el objeto del reclamo. No sabemos qué es lo que se reclama. Hacen una descripción de supuestas diferencias de tarifa, pero acá hay una historia anterior, porque cuando se asumió esta nueva conducción de Coopsar, desistió de un reclamo administrativo de similares características, por otros periodos. Y desistió no solamente de la acción, sino también del derecho”.

Con ese antecedente, añadió, “esta postulación que han hecho no tiene ningún tipo de asidero ni fundamento jurídico que lleve a pensar que pudiese prosperar en el ámbito judicial”.

Por otro lado, refirió que el municipio a su vez presentó un amparo en contra de un traslado de costos que hizo la cooperativa, a través de las tarifas, que ya obtuvo respuesta favorable de la justicia pero Coopsar no acató la orden judicial (de dejar sin efecto esos aumentos).

“Tienen que pagar multas diarias de 1 millón de pesos, ya debe adeudar alrededor de 100 millones de pesos y no les importa, siguen avanzando en un esquema de total irregularidad, desconociendo la institucionalidad porque es el Concejo Deliberante el que lo tiene que aprobar”.

También criticó el rol del síndico en la cooperativa, “que debiera tutelar los derechos de los usuarios, porque hay una falta de transparencia absoluta en el manejo no solo de los fondos de la cooperativa, sino de todo el accionar que viene desempeñando”.

También anticipó una presentación judicial que hará el municipio contra la cooperativa:

“Estamos trabajando en lo que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y otros tipos de accionar que consideramos que la justicia debiera investigar, para aclarar la actuación de este consejo de administración, que es paupérrimo en lo que tiene que ver con el respeto a la institución”.

FIN DE LA CONCESIÓN Y NUEVO ESQUEMA DE PRESTACIÓN

Balochi informó además que el contrato de concesión está vencido y se encuentra en período de prórroga, por lo que anticipó que el municipio ha estado trabajando “en un esquema nuevo de gestión de la prestación de la distribución de energía, en el cual el estado municipal va a tener un rol preponderante, porque aparte es el titular del servicio y lo que hace es concesionarlo”.

Sin embargo, no se inclinó por la posibilidad de municipalizar directamente la prestación, pero se inclinó por otra alternativa:

“No sé si directamente lo hará el municipio, pero hay muchas opciones; obviamente descartamos un tercero, porque no estamos pensando en privatizar el servicio bajo ningún punto de vista -enfatizó-. Rawson ha hecho punto con un esquema de Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria del Estado, que es la opción más viable que nosotros también vemos. En pocos meses termina la prórroga y Coopsar tiene que brindar el servicio en las mismas condiciones que lo viene haciendo hasta ahora, pero la verdad que esta denuncia ha sorprendido porque esto no contribuye en nada. Es más una cuestión de tapa de diario, de exposición que tendrán que responder por los daños que ocasiona esta terrible difamación”.

Balochi recordó que años atrás, el entonces intendente Ricardo Britapaja formuló una denuncia penal en su contra y otros abogados por presuntas irregularidades, de la que fueron sobreseídos, pero “el Estado Municipal hoy tiene que afrontar el pago de honorarios por 600 millones de pesos, porque un día a un funcionario público se le ocurrió difamar a 10 profesionales del derecho”.

Con referencia a aquel hecho, recordó que en el municipio “estaban los abogados que hoy están en la cooperativa, con lo cual obviamente esto marca un camino que, lo que menos importa, es la gente, ni la cooperativa, pero después están las consecuencias”.