¿Por dónde pasará el ajuste en Chubut?

COMODORO RIVADAVIA (Especial para ADNSUR / Por Raúl Figueroa) - El análisis del presupuesto provincial 2018 ya tiene una primera definición del ministro de Economía, Pablo Oca: no habrá un incremento lineal por inflación, cualquiera sea el porcentaje que se pretenda aplicar, sino que se apunta a mantener los gastos en el mismo nivel, o lo más cercano posible, que el año en curso. Según esa tesitura, regida bajo el principio de que “no se puede hacer magia con los recursos”, el funcionario apunta a redistribuir el gasto, quitándolo de los focos que considera “improductivos”, para pasarlos a cubrir  necesidades esenciales dentro de la estructura del Estado.

El funcionario provincial entregó otras definiciones esta semana, en su diálogo exclusivo con ADNSur, en el que dejó al descubierto la preocupante situación económica que atraviesa la provincia: el déficit acumulado a septiembre es de 4.000 millones de pesos, mientras el desfase entre los ingresos y los gastos es de 400 millones de pesos por mes, por lo que al  cerrar el año esa diferencia no podrá ser inferior a los 5.000 millones de pesos.

“Pretendemos que sea lo más cercano a la realidad y no terminar inflando un presupuesto que suene bien, pero que en realidad todos sabemos que no va a ser cumplible –manifestó-. Se necesita un cuidado muy grande de los gastos corrientes: el incremento no podrá exceder el crédito de este año, es decir cero”.

Fue en ese plano que explicó su desacuerdo con los análisis que aplican linealmente el porcentaje de inflación del año en curso, al proyecto presupuestario del próximo ejercicio: “sigo sosteniendo que se pueden optimizar muchos gastos que eroga el Estado mensualmente –señaló-. Hay ítems esenciales, como los medicamentos, por ejemplo, que sí tendrán un aumento igual o mayor a la inflación de este año, pero para eso debemos reducir los gastos innecesarios”.

Freno a las expectativas salariales

En concreto, el ministro ha anticipado la voluntad de poner límite a las expectativas salariales en determinados sectores de la administración pública, sobre los que ha hecho foco en diversas oportunidades en el ámbito docente o en el judicial, pero también ha avanzado en el ámbito de la salud. Fuentes de ese sector ya escucharon la negativa a considerar incrementos en la masa salarial si antes no se pone en caja la cantidad de horas extraordinarias que forman parte del sistema, mientras que en el ámbito docente ha reiterado su cuestionamiento a niveles de ausentismo con un supuesto aval de la estructura gremial.

De este modo, si en el año 2017 el presupuesto tuvo una previsión de 40.000 millones de pesos, de los cuales 10.000 se originaron en el endeudamiento a través del bono respaldado por regalías petroleras, podría estimarse que para 2018 la proyección de gastos se situará en torno a los 30.000 millones de pesos, salvo que se contraiga más deuda para mantener el mismo nivel que durante el año en curso.

Algunos ejemplos de por dónde pasaría el ajuste ya los ha dado el mismo funcionario: el Transporte Educativo Gratuito, que sería reconvertido con la intención de mantener el beneficio sólo para los sectores que realmente justifiquen su necesidad; una revisión de los subsidios a las cooperativas del interior; y una permanente mención a que “no podemos seguir avalando que se pague al que no va a trabajar, sea docente, administrativo, profesional o ministro”.

Es difícil saber si el déficit de 5.000 millones de pesos de este año, que se ve engrosado por una caída de regalías que se ubicará alrededor de los 2.000 millones de pesos al concluir el año, podrá ser reducido por los ahorros logrados con la mayor eficiencia, pero está claro que la economía provincial requiere de una inyección de recursos que resulta difícil vislumbrar.

Las consecuencias de esa falta de recursos están hoy a la vista, más allá de lo que pueda proyectarse para el año próximo: trabajadores de salud pararon el viernes en reclamo de mejoras salariales, los docentes anuncian movilización para el próximo jueves 2 y es posible que el 4 de noviembre  la ciudad vuelva a quedar sin transporte público, si es que no hay señales de pago de al menos una parte de la deuda de 23 millones de pesos que la empresa reclama al Estado provincial.

¿Nación puede condicionar a través de la minería?

Imaginar hoy por dónde pueden aparecer soluciones a un panorama económico por demás restringido parece difícil, pero siempre hay espacio para las sorpresas. Por un lado, la volatilidad petrolera refleja hoy al menos una expectativa estable, si no de gran incremento, a partir de un cierto equilibrio en los precios internacionales. Eso no garantiza una explosión de actividad ni mucho menos, pero al menos sugiere la posibilidad de que la caída no se siga acelerando. Igualmente, la previsión para el año próximo no debiera pecar de “optimismo” como la del corriente año, que estimó ingresos por 6.500 millones de pesos y las proyecciones hoy se ubican entre 1.500 y 2.000 millones menos.

La alternativa más concreta parece pasar alrededor de los recursos por coparticipación federal, de allí la importancia de la reunión de gobernadores convocada por el presidente Macri para los próximos días. La asistencia financiera que podría recibir la provincia el año próximo –que requerirá tanto o más que los 4 tramos de 300 millones de pesos cada uno, activados en esta última parte del año- es sólo una parte de la discusión, que además involucra al reclamo de Buenos Aires para mejorar su propia porción de la torta y que representa un riesgo de recorte a las demás provincias.

En ese contexto, no pasó desapercibido el posicionamiento de referentes políticos de la zona del valle, como Gustavo Mac Karthy o los intendentes Ricardo Sastre, Adrián Maderna y Omar Burgoa, que salieron a expresar posición en las últimas semanas en torno a la conveniencia de reabrir la discusión (en profundidad) por una eventual explotación minera en la provincia: no sólo parece una expresión coincidente con lo ya planteado desde Comodoro (ciudad minera al fin) por Carlos Linares o Jorge Avila, sino también en concordancia con la alternativa que esgrimió recientemente el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, al rechazar pedidos de precios de incentivos para el gas en la cuenca San Jorge. ¿Será esa la condición del gobierno nacional, frente a futuros mecanismos de asistencia financiera a la provincia?