Acuerdo entre Chubut y Nación por el desendeudamiento: quita del 50 %, un decreto de Milei y salida al mercado externo

“Somos un bicho raro en comparación al resto de las provincias”, resume a esta columna un alto funcionario del gobierno de Chubut. Alude a un estado financiero de deuda que es único y un avanzado acuerdo de compensaciones que no tiene parangón. Para entenderlo, hay que explicar de manera sencilla la negociación con Nación que tiene un gran objetivo: liberar las cuentas para poder salir a conseguir financiamiento externo destinado a obras.

Lo primero a detallar son los actores en juego: del lado de la Nación, más allá de la obvia conducción del presidente Javier Milei -que tendrá la última palabra- y del ministro de Economía, Luis Caputo, el jugador central sobre el que pivotea todo el acuerdo que está muy avanzado es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Por el lado de Chubut, el gobernador Ignacio Torres conduce el planteo político -fue clave el encuentro de gobernadores de Juntos por el Cambio con Guillermo Francos hace dos semanas- y desde lo técnico, los actores centrales son el ministro de Economía, Andrés Meiszner, y el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero.

Otros actores que forman parte de las negociaciones son el subsecretario de Coordinación Financiera, Marcos Bensimón, y el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, que tiene la función de volcar al papel los acuerdos que incluyen planteos judiciales que están vigentes.

El tema central sobre el que gira toda la negociación es la deuda que mantiene Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, tomada a lo largo de la gestión de Mariano Arcioni con los ministros Martín Guzmán y Sergio Massa. En distintos tramos entre 2020 y 2023, se tomaron fondos destinados a gastos corrientes (pago de sueldos) con un sistema que se ajusta por CER.

El contrato dice que los pagos se descuentan de la coparticipación, cifra que -si se aplican los valores firmados originalmente- hoy en día supera los 210.000 millones de pesos, el equivalente en la actualidad a tres masas salariales, ya que el monto total en bruto que se destina a activos y pasivos ronda los 75.000 millones de pesos.

La situación desde febrero está judicializada: ante la quita compulsiva de Nación del descuento de los ingresos por coparticipación, Chubut se vio obligada a recurrir a una medida cautelar para frenar lo que hubiera implicado una catástrofe a las cuentas públicas.

Pero esa solución fue parcial: la provincia está obligada a renegociar esa deuda urgente y llegar a un acuerdo de pago, porque se convirtió en una Espada de Damocles en la cabeza, que le imposibilita a Chubut a avanzar en la obtención de fondos externos de organismos de crédito para financiar obra pública.

Este año, la provincia está ejecutando un presupuesto de guerra, de ajuste y saneamiento, pero la mirada está puesta en 2025, donde se pretende contar con fondos frescos para comenzar a ejecutar obras como -por ejemplo- la circunvalación de Comodoro por la ruta 37. Sin apoyo de organismos externos como la CAF, ese dinero es imposible de obtener.

Cambio de aire

Aquí volvemos a lo de “bicho raro” de Chubut. Existe un reclamo generalizado de las provincias a Nación, porque son acreedores de una enorme cantidad de fondos que no se están transfiriendo y se busca el mecanismo para que el Estado Nacional compense esta falta generada en su objetivo de “déficit cero”.

Pero el caso de Chubut es único, porque no hay otro estado con ese nivel de deuda heredada con Nación que comprometa de esta manera sus cuentas públicas. La famosa “bomba financiera” que fue utilizada para gastos corrientes cuando no se podían pagar sueldos, de la que tanto se habló en la campaña.

Lo que proponen firmar Torres y su equipo es totalmente diferente al resto, y requiere toda una ingeniera de calzar acreencias de una parte y de la otra, donde se mezclan jubilaciones, rutas y pactos fiscales de vieja data, para terminar de fijar un número final a cancelar en varios años con uno de gracia, y con una tasa mucho más accesible.

El dato auspicioso que se terminó de confirmar en los últimos días es que ya está cerrado  el acuerdo con Guberman para aplicar compensaciones y una quita enorme. El funcionario nacional accedió a retrotraer la deuda con el FFDP al corte de febrero, que fue cuando se desató la guerra judicial. Esto implica bajarlo de $ 210 mil millones actuales a $ 115 mil millones, prácticamente un 50 %.

A partir de esa cifra que se toma de referencia, empiezan las compensaciones: lo que está acordado, por un lado, es reconocer la deuda de Nación que asciende a $ 5.500 millones del Consenso Fiscal de 2017, que consistía en un ajuste por inflación de una pérdida de ingresos por Ganancias.

Por otro lado, Nación accedió a compensar el atraso con la cobertura del déficit que mantiene Anses con la Caja de Jubilaciones del Issys, a la que desde 2017 nunca transfirió lo que establece la ley. La cifra final en la que están trabajando actuarios de ambas partes, tendría un piso de $ 50 mil millones y un tope de $ 60 mil millones.

A esto hay que sumar otro punto difícil de establecer todavía en número, pero que forma parte del acuerdo: las obras nacionales dentro de la provincia de las que se va a hacer carho Chubut a cuenta de la deuda. Por ejemplo, la doble trocha de la ruta 3 entre Puerto Madryn y Trelew. Como no se sabe cuál va a ser el costo total, no se puede firmar ahora un monto, pero se descontará cuando esté finalizada.

Los negociadores creen que al final de la cuenta, Chubut terminará debiendo una suma aproximada a los $ 45 mil millones a pagar en cómodas cuotas, lo que sería -de concretarse- algo que el gobernador Ignacio Torres define como “el desendeudamiento más grande de la historia de la provincia”.

Qué falta

Para que toda esta negociación avanzada se termine de concretar, lo que falta es un decreto del presidente Javier Milei, que autorice al secretario de Hacienda a hacer este tipo de compensaciones con las provincias. Se desconoce si será un decreto general para todas las jurisdicciones o uno particular para Chubut.

Con esta herramienta, ya Guberman podría firmar la herramienta legal con los enviados de Chubut y de este modo, se llevaría un acuerdo de pago a la Corte Suprema, para así terminar el capítulo judicial que hoy tiene congelados los descuentos de coparticipación. Y aquí empieza la otra parte de la historia.

El primer objetivo de Chubut es desendeudarse con la Nación y el segundo atado al primero, es liberar la garantía de la coparticipación para ir a hablar con los acreedores y tratar de obtener fondos frescos para obra pública, algo que hoy tiene vedado.

Como la coparticipación de Chubut está congelada por un fallo judicial y nadie puede tocarla, la provincia no tiene nada para ofrecer a los bonistas como garantía de repago. Si se destraba la causa en la Corte, quedaría esperar un gesto de Luis Caputo, el Ministro de Economía, para que el estado soberano firme el visto bueno, algo que hasta ahora no ha permitido a ningún otro estado.

El plan inmediato de Torres, con el acuerdo Provincia-Nación bajo el brazo, es viajar a ver a los acreedores a Nueva York, sobre todo los del Bocade. Como se recordará, se trató del bono tomado en 2016 por la gestión de Mario Das Neves por 650 millones de dólares para hacer obra pública y pagar compromisos de deuda, pero que después en parte fue destinado a municipios para gastos corrientes.

Además, el manejo de ese dinero nunca quedó claro a qué fue destinado, y la investigación por el cobro de coimas para pagar certificados de deuda a contratistas, dio origen a la causa Revelación, por la que fueron condenados varios miembros de aquel gabinete y los empresarios constructores cerraron acuerdos de probation.

Lo concreto es que ese bono -que fue renegociado por Oscar Antonena en la gestión Arcioni- demanda a Chubut una sangría trimestral que este año está en el orden de los 34 millones de dólares, y que recién vencerá en 2030. Se cobra de manera automática de la recaudación de regalías que van a parar a un fideicomiso.

En este caso, hay una doble estrategia: por un lado, con la nueva autorización que la Legislatura dio en el verano por 200 millones de dólares, salir a pedir nuevos fondos destinados a obra pública. O por el otro, obtener un nuevo refinanciamiento que libere dinero para aplicar a obras ya mismo.

Otro presupuesto

Los cañones están apuntados a que el Presupuesto 2025 tenga un capítulo mucho más interesante en obra pública, algo que estuvo ausente en el actual ejercicio reconducido. Luego de un primer año de Torres destinado a apagar incendios, el objetivo es tener partidas para proyectos de envergadura, como la ruta 37 que rodea Comodoro, anunciada por el gobernador en su discurso inaugural ante la Legislatura, así como la doble trocha en ruta 3.

Como se dijo, esto está supeditado a un decreto de Milei, y después de un febrero turbulento donde la tensión llegó a niveles altísimos, la espuma parece haber bajado y hubo varios gestos de Torres en busca de acercar posiciones. Por ejemplo, el apoyo de los legisladores oficialistas a la Ley Bases y su propia firma del Pacto de Mayo por parte del mandatario, valorada por el vocero Manuel Adorni en la nota brindada a Seta TV.

Para sumar a lo anterior, la sanción de la Legislatura esta semana de la adhesión al RIGI, fue más un gesto simbólico a Nación que otra cosa, ya que muchos consideran que ni siquiera es indispensable para que las inversiones se pongan en marcha.

Estos gestos buscan arribar a un acuerdo por las buenas, aunque también el paraguas está abierto si Nación no termina de cumplir con su parte. Un ejemplo es el nuevo bloque de senadores que Nacho Torres acordó con sus colegas Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Raúl Jalil (Catamarca), denominado "Provincias Unidas".

Ante la división de aguas en el Congreso y la necesidad de votos de la Casa Rosada, tener cierta independencia de Mauricio Macri permite a estos gobernadores presionar con temas claves, como -por ejemplo- el pliego de Ariel Lijo. El diálogo con Nación está abierto, pero las manos en la Cámara Alta son un factor de presión extra si no se cumplen los acuerdos.

Se vienen semanas claves en el desendeudamiento de Chubut con Nación. El cambio de gestión en Economía, con un Mesizner mucho más activo en las reuniones con Hacienda -con su antecesor Facundo Ball la relación se había detonado al publicarse chats privados en el conflicto de febrero- todo parece más encaminado.

Habrá encuentros por este tema en Buenos Aires con la participación de Torres, y si tienen buen resultado, se armará una agenda en Estados Unidos con acreedores externos. Chubut necesita fondos frescos si quiere hacer obras, y para eso, debe culminar su capítulo judicial con la Nación y llegar a un acuerdo de pago, el gran objetivo del segundo semestre.