Asociación de Magistrados planteó a Torres su oposición a que designe en el STJ a un abogado que no sea de Chubut

A través de un comunicado publicado este domingo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chubut expresó públicamente su postura respecto a cómo debe definirse la postulación del reemplazo de Daniel Báez en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, y se hizo eco del anticipo periodístico de ADNSUR de la terna de nombres en danza, que aclaran “nunca fue desmentida por el gobierno”.

De este modo, sin mencionar a los protagonistas, la ASMFJCH, se refiere a los nombres publicados por esta agencia de Javier Raidan y Gastón Marano, ambos abogados de Buenos Aires, junto al de la esquelense Carina Estefanía. Y dan argumentos por los que instan al gobernador a proponer una tercera mujer para lograr paridad de género en la corte, y advierten de la presencia de hombres del derecho con aspiraciones políticas.

En el comunicado, afirman que “expresamos nuestra indeclinable posición respecto de las condiciones que deben reunir quienes accedan a la vacante en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia” y remarcan que “el máximo órgano de justicia de la provincia debe integrarse con personas que cumplan con estándares profesionales más elevados y de acreditada lucha en la defensa de la independencia judicial y de los derechos humanos, con conocimiento de la diversidad regional en el funcionamiento del sistema judicial y que demuestren una trayectoria proactiva en contra de la violencia de género”.

En este punto, expresan “nuestra preocupación ante las diversas noticias -no desmentidas por el gobierno provincial- que dan cuenta que el señor Gobernador analiza la posibilidad de proponer para ese cargo dos abogados de otras jurisdicciones”.

Basan su opinión en un dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, respecto a que “es nefasto, entonces, para un Estado de derecho que los cargos decisorios de la justicia, lleguen a ser ocupados por políticos con reconocida militancia partidista, o por abogados con ambiciones políticas y sin vocación judicial”.

Indican que “es muy probable que en vez de controlar los desvaríos de los otros poderes públicos, como corresponde a los jueces, incurran en el despropósito de poner la función judicial al servicio de sus copartidarios o aliados políticos para obtener dividendos muy convenientes a sus aspiraciones futuras”, agrega la cita de aquella comisión.

“Cuando un político de oficio se infiltra en la justicia, lo normal es que quiera regresar prontamente a la política y utilice el cargo judicial para ese propósito. No se puede esperar nada distinto de quien no se identifica con el alma de la toga y vislumbró la judicatura como un trampolín para ascender en su carrera política”, cierra el dictamen de la CIEJ de 2021, citado por la Asociación de Magistrados.

La asociación insta a Torres a “respetar la igualdad de género, la procedencia regional y la idoneidad en la conformación del Máximo Tribunal de Justicia constituye una obligación institucional ineludible para los gobernantes. Pero ese deber tiene hoy una singular fuerza simbólica, no sólo por tratarse de un órgano central en la arquitectura de nuestro sistema republicano y democrático, garante de la Constitución y de los valores que representa, sino porque desde su conformación histórica, hace ya más de sesenta y seis años nunca hubo paridad de género ni estuvo representada la circunscripción del Noroeste del Chubut”.

Y concluyen los magistrados que “exigimos que la Ley V Nro. 152 sea interpretada en clave convencional y constitucional, por lo que exhortamos al señor gobernador y a las/os señoras/es legisladores chubutenses a garantizar los principios señalados a fin de asegurar un servicio de justicia eficaz, como cuestión fundamental para preservar los derechos humanos de toda la ciudadanía. En tal sentido reiteramos que en esta oportunidad, la selección debe hacerse respetando la idoneidad y la paridad de género, razón por la cual debe ser una MUJER la que ocupe el cargo vacante”.