EL AUMENTO DE LA DIETA QUE NO VOTO, PERO COBRO

La joven senadora Andrea Cristina pretendió despegarse del aumento de dietas que se aprobaron los legisladores de la Cámara Alta, en la polémica sesión del jueves último, al expresar en su red social ‘X’ que los senadores del PRO votaron en contra del aumento. En realidad, como bien le remarcó más de un usuario de la misma red social, el bloque al pertenece la legisladora comodorense se abstuvo, ya que la votación fue a mano alzada por la afirmativa y ningún senador pidió la palabra para expresar su oposición o pedir que se contaran los votos negativos.

Los que no votaron a favor, sólo se abstuvieron, además de permitir, con sus presencias, que la sesión tuviera quórum para llevar adelante la suba de dietas en tiempo récord, en apenas 50 segundos.

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X de Andy Cristina

Ahora bien, hay senadores que también se manifiestan en contra y ya pidieron el área administrativa del Senado que no les liquide la nueva dieta, que pasó de 1,9 millón a 4,5 millones de pesos de bolsillo. Tal el caso de los senadores mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, aunque no hay certeza de que tal pedido vaya a ser cumplid, al menos es algo más que un tuit. ¿Cristina hará lo mismo?

TAMPOCO ES LA ÚNICA

Independientemente de los pasos en falso que suele dar la inexperta senadora Cristina, que el mes pasado ganó notoriedad por votar en contra de un proyecto que había impulsado el gobernador Ignacio Torres cuando era senador, a quien precisamente reemplazó en su banca, hay que reconocer que no puede ser exclusiva acreedora de todos ‘los dardos’. Los representantes políticos de la provincia y el país suelen hacer uso extendido de sus privilegios. No sólo porque Edith Terenzi haya votado a favor de subirse la dieta o porque Carlos Linares se haya ausentado de la polémica votación, sino en un contexto global en el que muy pocos, de los actuales ni de los anteriores legisladores que representaron al pueblo, podría arrojar la primera piedra.

 ¿Todos renuncian o dejan de cumplir sus actividades laborales o profesionales, para dedicarse exclusivamente a la función legislativa? ¿Sí, en serio? ¿Acaso no hubo enojos en otras oportunidades, por razones similares vinculadas a la suba de dieta, o por el cambio de pasajes por dinero en efectivo, cuando no llegaban a utilizarse? ¿O por el uso discrecional de otros beneficios?

La explicación más racional de que los legisladores deben recibir ingresos acordes a la responsabilidad que ejercen, choca contra otra realidad incontrastable: también médicos, maestras y enfermeras deberían recibir remuneración acorde a la función. La diferencia es que no todos tienen la chance de levantar o esconder la mano para mejorar su propio bolsillo.

OTRA VEZ EL CARGO DE LA POLÉMICA, PARA “DEFENDER” A LOS ADULTOS MAYORES

El cargo de defensor de los adultos mayores que designa la Legislatura, siempre da tela para cortar. Hace años, se armó un escándalo cuando allí fue designado el ex diputado David González, quien había reconocido que no tenía oficina ni personal, y que poco podía hacer, pero igual cobraba el sueldo. Al parecer, los legisladores utilizan estos lugares para tejer sus acuerdos políticos, y ahora se prepara una nueva designación de ese tenor. Hablamos de la propuesta de Daniel Silva, quien es presidente del Provech desde hace años.

El hombre conserva ese sello, a pesar de que el partido casi no tiene participación electoral. De todos modos, sigue siendo atractivo a la hora de mostrar acuerdos políticos y se hace valer. Sin embargo, ya trascendió que la propuesta no habría gustado nada a ex integrantes de ese partido, que están enviando mensajes al oficialismo respecto a quién aportó la idea.

Hablamos del intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, el intendente de Tecka, Jorge Seitune, y el ex intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán. Hay una movida para impedir que se llegue a un acuerdo promovido desde el gobierno. ¿Se frenará la designación de Silva?

UN REBOTE CON DELAY

Las designaciones del entorno madernista en el bloque Despierta Chubut están dando mucho para hablar en el microclima político. Ya ocurrió con el ingreso de José Giménez y Gustavo Cardozo, como asesores del bloque oficialista hace un mes atrás, y esta semana volvió a ser noticia otra designación, como la de Rocío Anabela Duarte, quien sería la pareja del ex intendente de Trelew, Adrián Maderna.

La pregunta que surge es ¿Por qué esa designación explotó ahora, cuando tiene cuatro meses de vigencia? En efecto, la resolución data del 26 de diciembre, apenas dos semanas después de haber asumido la nueva Legislatura, por lo que la mujer ya hace tiempo que cobra su sueldo.

Sin embargo, se “filtró” recién en esta semana, y comenzó a circular por todos los WhatsApp el archivo de PDF. Evidentemente alguien quiso que dejara de pasar desapercibido. En todo caso, es una muestra más de la “sintonía fina” entre el madernismo y el gobierno provincial.

UNA DENUNCIA QUE SE HIZO AGUA

En la última sesión del Concejo de Comodoro Rivadavia, el concejal Omar Lattanzio volvió sobre un tema que había denunciado con anterioridad, para reconocer que no existió delito y que la investigación está a punto de archivarse en la fiscalía. Se trata del planteo que viene formulando contra la empresa Fabri y el frustrado proyecto de optimización de acuíferos, cuyo contrato fue rescindido y en el que la empresa devolvió el anticipo financiero por 76 millones de pesos, que había recibido en mayo de 2022.

“La fiscal Cecilia Codina me dijo que no hay dolo”, afirmó el edil en la sesión, aunque dejó planteada otra duda, al anticipar un pedido de informes para verificar si la devolución del anticipo financiero, que se concretó en noviembre de 2023, incluye los intereses correspondientes al período transcurrido: “debería haber devuelto el triple”, aseguró, de acuerdo con el contrato. También criticó que estaba estipulada una multa de 28 millones de pesos, que “aparentemente tampoco la pagó”. De paso, sumó otra duda: “Nación le pagó 202 millones de pesos, a la misma empresa, por la obra del canal pluvial de la avenida Chile”, aseguró. “¿Alguien ha visto esa obra?”, preguntó, en forma retórica.

NI CAMBIÁNDOLE EL NOMBRE, FUNCIONA

Es lo que literalmente está pasando con la Delegación Trelew de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, (ANMaC), anteriormente Registro Nacional de Armas de la República Argentina (RENAR). Sucede que ese organismo, que es el encargado de registrar, fiscalizar y controlar las armas de fuego, además de otros materiales regulados y sus usuarios dentro del territorio nacional no está operativo, al menos en la ciudad de Trelew.

La situación no es menor, teniendo en cuenta el problema de inseguridad que afecta a la ciudad. Pasa que en esas oficinas ubicadas en calle Pellegrini, esquina Ecuador, desde hace un tiempo no están recibiendo ni siquiera un arma para su posterior destrucción, si es que algún vecino quiera entregarla de manera voluntaria.

Ocurre que en el lugar no están dadas las condiciones que se exigen para hacer el trámite, porque increíblemente no funcionan las cámaras de video vigilancia, algo que debe cumplirse a rajatabla, precisamente, por cuestiones de seguridad.

Pero eso no es todo. Ni siquiera funciona el teléfono fijo de la oficina (el 4428444), por eso cualquier consulta es derivada al mail delegacion_trelew@anmaac.gob.ar.

Lo que no se sabe es si internet estará funcionando como corresponde. Y otro dato increíble es que en la puerta de acceso a la ANMaC, hay un cartel que dice que el horario de atención al público es de 8 a 11 horas, pese a que en el papel que le entregan a los vecinos que se acercan a hacer consultas, expresa que funcionan de 8,30 a 12,30 hs. ¿En qué quedamos?

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