Coimas del IPV: una causa en siete años es poco para combatir la impunidad
En la comunidad sobrevuela cada vez con más fuerza la percepción de que el sistema judicial no alcanza a mensurar ni a perseguir con eficacia los hechos de corrupción. Algunos datos y cuestionamientos que dejó el juicio contra Abel Reyna por ilicitos cometidos durante su gestión en el IPV ayudan a corroborar esta sensación.
COMODORO RIVADAVIA - La sentencia de la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia, que morigeró la condena contra Abel Reyna por ilícitos cometidos durante su gestión en el IPV de esta ciudad –al cambiar la sentencia de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo por modo condicional-, dejó entrever fuertes cuestionamientos de uno de los magistrados hacia el proceso de investigación.
Sobrevuela cada vez con más fuerza la percepción de que el sistema judicial no alcanza a mensurar ni a perseguir con eficacia los hechos de corrupción. Fuerte crítica del juez a la investigación de la fiscalía.
Aun cuando se trata de un tema que no ingresa en la agenda de campaña, acaso porque la mayoría de la población no lo considera como uno de los problemas prioritarios, las investigaciones por corrupción en la provincia siguen reflejando una seria dificultad para transmitir un mensaje claro contra la impunidad.
“En siete años que llevo desempeñando esta función, es la primera vez que llega una causa por corrupción”, reconoció el juez Guillermo Müller, presidente de la Cámara Penal que revisó la sentencia contra Reyna.
Ese primer dato, vinculado a la baja proporción de investigaciones, se complementa con otro, igualmente negativo: la ineficacia en la investigación termina provocando frustración en la sociedad, que en forma generalizada percibe las respuestas judiciales como un manto de impunidad.
“En poco tiempo, la jueza definió mejor la investigación que la fiscalía en 4 años y medio”
El pronunciamiento del juez del tribunal que tuvo a su cargo revisar la sentencia encerró varios pasajes críticos hacia la investigación que tuvo a su cargo el Ministerio Público Fiscal.
“La jueza de grado logró en tan corto tiempo, mayores precisiones y una mejor síntesis de la investigación que el Ministerio Público Fiscal en 4 años y medio de investigación”, dijo el juez Müller en su pronunciamiento, al que esta columna tuvo acceso.
También llamó especialmente la atención el hecho de que los ilícitos investigados –que involucraron diferentes irregularidades en la entrega de viviendas entre 2011 y 2014- no se hubieran encuadrado como parte de una asociación ilícita, “de lo que llamativamente desistió la titular de la acción –en referencia a la fiscal Camila Banfi- cuando de todo el accionar se extraen los componentes típicos de esa figura”. Vale recordar que si los hechos se hubieran encuadrado bajo esa figura, la pena prevista por el Código Penal en su artículo 210 establece penas de entre 3 y 10 años de prisión.
El fallo se conoce en la misma semana en que un pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Trelew, rechazando el beneficio de la “suspensión de juicio a prueba” para imputados en la causa “el embrujo”, volvió a poner en evidencia la disconformidad con ese beneficio a favor de otros empresarios, involucrados en la causa “Revelación”.
“Siempre existe sobre estos casos un manto de sospecha en torno a la impunidad de estas conductas enquistadas –dijo el juez Müller sobre el caso Reyna-, y que afectan el normal funcionamiento del Estado en perjuicio de todos los ciudadanos. Y pese a todos los casos que merecen reproche penal, arriban a esta instancia pocas investigaciones y con muchas dificultades, como acabo de mencionar”.
TIEMPO Y NEGOCIACIONES: DOS FACTORES A FAVOR DE LA IMPUNIDAD
De este modo, la pregunta que queda flotando es hasta qué punto la corrupción y su contraparte necesaria, la impunidad, pueden ser combatidas. Sobre todo cuando los propios actores del sistema manifiestan las claras incongruencias y falencias para investigar.
“Hay dos factores que indudablemente atentan contra el éxito de estos procesos de persecución penal -dijo el juez-. Primero, el tiempo, porque naturalmente relaja y se perdió el objetivo. Ello puede ser por la falta de habitualidad en el abordaje de estos casos: o no se sabe qué hacer, o bien se sabe pero no se hace en función de otros tempos, ajenos a la justicia”.
El concepto anterior no debiera pasar inadvertido. Aun en el críptico lenguaje de los jueces, la lectura entre líneas parece indicar una clara alusión a que muchas investigaciones se detienen o avanzan en función de los tiempos políticos y los vaivenes electorales.
“El tiempo diluye en el olvido y aquí la investigación preliminar demandó más de un año y medio –enumeró-; luego se judicializó de manera incompleta y un año más tarde se pudieron determinar los hechos que imputar en definitiva, aunque con defectos, pues tres acusaciones debieron formularse para poder llegar a juicio. Esto demandó otro año más”.
Lo del tiempo es un factor clave. También esta semana, esta agencia pudo conocer que una denuncia penal emanada desde la Asesoría Letrada Municipal, ingresada en noviembre del año pasado, no tuvo mayores avances hasta los últimos días: se trata de una denuncia grave, en la que se acusa a una empresa particular de haber intentado defraudar al municipio en plena emergencia climática.
Para Müller, finalmente, hay otro factor negativo que atenta contra el éxito de este tipo de investigaciones: “ese factor es el de echar mano a facultades de negociación, sin mayores reparos, máxime con la conducta que se expone y los riesgos que implica, porque cuando fracasan los acuerdos hay que retomar el caso nuevamente. Aquí aparece el tiempo nuevamente y los efectos (negativos) que produce”.
