Corrupción en Chubut: Correa deberá pagar más de $44 millones a la justicia
En el marco de la causa denominada "Embrujo", el exfuncionario fue encontrado culpable de crear sociedades y beneficiarlas a través de la adjudicación de contrataciones perjudiciales para la administración pública provincial.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó las condenas - en septiembre del 2023 - para los cuatro imputados en la causa conocida como “Embrujo” por asociación ilícita contra la administración pública entre los años 2015 y 2017, tras haber agotado las instancias de apelación en Chubut.
Se pudo establecer que Diego Correa siendo funcionario creó sociedades y las benefició a través de la adjudicación de contrataciones perjudiciales para la administración pública provincial. Fue condenado a 10 años de prisión, a pagar una multa de más de 22 millones de pesos e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El exfuncionario acordó con la Justicia la forma y el pago de las multas y costas del proceso por su responsabilidad penal al ser hallado culpable en la causa judicial denominada “Embrujo” en la que fue hallado culpable. Hasta el próximo martes tiene plazo para depositar en la cuenta del Superior Tribunal de Justicia, la suma de $44.196.186.
A pesar de haber sido intimado dos veces al pago de la multa impuesta, intereses por el tiempo transcurrido desde que la sentencia quedó firme, costas del proceso y de los honorarios de un escribano, fue necesario actualizar el monto de dinero originalmente estipulado en su momento de unos $27.000.000.
El jefe de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodriguez estuvo de acuerdo en la determinación del monto y la instrumentación del pago de la multa.
La forma y el modo de pago fue expresado por la defensa de Correa y el Ministerio Público Fiscal le dio el visto bueno. La jueza Karina Breckle no hizo lugar a algunos detalles expresados por la Defensa en función del interés de Correa y resolvió el pago de esa multa antes del martes y así levantar una “inhibición” que pesan sobre un vehículo y dos inmuebles de Correa.
