Denunciaron a la jueza que ordenó la liberación de los detenidos tras enfrentamientos afuera del Congreso

Denunciaron a la jueza que ordenó la liberación de los detenidos tras enfrentamientos afuera del Congreso. Fue realizada por el Ministerio de Seguridad, contra Karina Andrade por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento agravado. Los incidentes ocurrieron el pasado miércoles 12 de marzo durante una marcha de jubilados.

La denuncia fue realizada por Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Los cargos son prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. La denuncia fue presentada a las 07:30 de la mañana y se presentó ante el juzgado federal de María Servini y la fiscalía de Eduardo Taiano.

En la denuncia, Soto menciona que “grupos organizados de ‘barras bravas’” de diversos clubes deportivos fueron los responsables de los disturbios. Según el informe, estos grupos, que no estaban relacionados con la convocatoria original de los jubilados, comenzaron a agredir a las fuerzas de seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y de fuego. Además, incendiaron objetos de la vía pública, una moto policial y un patrullero, causando daños materiales y lesiones a más de una docena de agentes de las fuerzas de seguridad.

La denuncia también señala que los agresores llegaron a la manifestación ya preparados con palos, fierros, armas blancas, armas de fuego, clavos para pinchar los neumáticos y otros objetos destinados a agredir y causar daños. Aseguran que la violencia fue premeditada y organizada, y que los grupos actuaron con el objetivo de generar enfrentamientos con la policía y de provocar una respuesta represiva.

El Gobierno argumenta que la movilización fue una acción orquestada por grupos de “barras bravas”, considerados asociaciones ilícitas que utilizan la violencia para sostener sus intereses. Se considera que la movilización buscó impedir el libre ejercicio de las funciones del Poder Ejecutivo Nacional y desestabilizar el orden constitucional.

En relación con la decisión de la jueza Andrade, el Gobierno asegura que la magistrada “omitió la aplicación de las normas procesales” y actuó fuera de los procedimientos legales establecidos. Se menciona que la jueza tomó la decisión de liberar a los detenidos a través de WhatsApp, sin intervención formal ni registro oficial de las actuaciones. Además, se acusó a Andrade de permitir que la defensa, que no había sido designada por los imputados, planteara nulidades en el proceso penal de flagrancia.

La denuncia también hace hincapié en que la jueza no controló adecuadamente las pruebas ni verificó los antecedentes penales de los detenidos, muchos de los cuales contaban con extensos registros criminales. Los funcionarios del Ministerio de Seguridad sostienen que la liberación de los detenidos fue ilegal y constituyó un acto de abuso de autoridad, prevaricato y encubrimiento.

Por último, el Gobierno rechazó la justificación presentada por la jueza Andrade, quien indicó que no había espacio para alojar a los detenidos, calificando esta explicación como un argumento político que no tiene base legal ni jurídica.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR