Diputados de Unión por la Patria pedirán un juicio político a Milei tras el escándalo por la criptomoneda fraudulenta

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación presentó este sábado un pedido de Juicio Político contra el presidente de la Nación, Javier Milei, tras el escándalo generado por una publicación en la que recomendó una criptomoneda que resultó ser una estafa masiva a nivel internacional.

A través de la cuenta oficial de X, el bloque presidido por Germán Martínez expresó: "La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de una magnitud alarmante. Estamos ante un escándalo sin precedentes".

En apoyo a esta iniciativa, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también expresó su postura a través de las redes sociales, asegurando que Milei debe dar explicaciones tanto al país como a la justicia sobre quiénes son los estafadores y cuál fue su beneficio. 

Kicillof subrayó: "Debe quedar claro si él y su entorno están involucrados en esta estafa. El presidente de la Argentina formó parte de un fraude mundial. Es un escándalo, una vergüenza y, sobre todo, un delito".

Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón anunció que impulsará el lunes el juicio político al mandatario. Además, Paulón adelantó que también propondrán un proyecto para citar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que aclare cuál fue su vínculo con el proyecto "Viva La Libertad Carajo", promovido por la empresa privada KIP Protocol, que Milei promocionó desde su cuenta oficial. El legislador también cuestionó si la entidad está registrada en Argentina y si cumple con las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores.

El juicio político es un proceso constitucional que permite la destitución de las más altas autoridades del país. Este procedimiento, que depende del Congreso Nacional, solo puede aplicarse al presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El artículo 60 de la Constitución Nacional establece que el fallo del juicio político solo tiene como efecto la destitución del acusado, con la posible inhabilitación para ocupar cargos públicos. La responsabilidad penal, si corresponde, será abordada por los tribunales ordinarios.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de juicio político?

El procedimiento comienza en la Cámara de Diputados, donde cualquier ciudadano o funcionario puede presentar un pedido de enjuiciamiento. Si la Comisión de Juicio Político considera que la acusación es válida, se inicia una investigación. Esto incluye la posibilidad de que el acusado se presente a declarar. Al finalizar la investigación, se emite un dictamen que puede aprobarse por mayoría simple y dar inicio al juicio político, o ser desestimado.

Si el dictamen es aprobado por los dos tercios de los votos en la Cámara Baja, el proceso avanza al Senado, que es el encargado de resolver el caso. Para que el presidente sea destituido, se requiere el voto de al menos dos tercios de los senadores presentes.

Un proceso de destitución del presidente sería un acontecimiento inédito en la historia parlamentaria reciente. Hasta ahora, los juicios políticos en el Congreso solo han tenido lugar en relación con jueces de la Corte.

En 2005, el Senado destituyó al juez de la Corte Suprema, Antonio Boggiano, quien fue inhabilitado para ocupar cargos públicos debido a los seis cargos formulados en su contra en el "caso Meller". Boggiano formaba parte de la conocida "mayoría automática" de la Corte afín al gobierno de Carlos Menem.

En 2003, Eduardo Moliné O’Connor, vicepresidente de la Corte Suprema durante el menemismo, fue destituido luego de ser encontrado culpable de dos de los nueve cargos que le había imputado la Cámara de Diputados. Los últimos intentos de juicio político a jueces de la Corte se remontan a 1947, cuando Juan Domingo Perón promovió la destitución de cuatro magistrados.