El Consejo resuelve si habrá juicio político a Toquier

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR /Informe Especial) - Esta semana el Consejo de la Magistratura de Chubut deberá resolver si inicia un juicio político al juez civil Gustavo Toquier, a partir de denuncias de la AFIP y la Inspección General de Justicia (IGJ), según confirmaron fuentes a ADNSUR.

Ambos organismos que cuestionaron al juez en cuyo juzgado tramita el concurso preventivo de la empresa Oil Combustibles, del empresario Cristóbal López, a la que el organismo tributario reclama una deuda de 8.000 millones de pesos.

El escenario está atravesado por una gran cantidad de especulaciones, que van desde la posibilidad de que un sector del dasnevismo intente salvar al magistrado, aun cuando el proceso en su contra termina golpeando indirectamente al FVP, hasta la posibilidad de que el mismo magistrado haya sido uno de los interlocutores del gobierno para el acuerdo que busca poner fin a los embargos de sus colegas contra las cuentas provinciales, cuyo rechazo en la Legislatura le costará a la provincia, según advirtió el gobernador, alrededor de 500 millones de pesos.

Las denuncias de los mencionados organismos se basan en la negativa del juez a aceptar su inhibición, planteada por uno de los acreedores del grupo empresario, que sostuvo que el concurso debió tramitarse en el Juzgado Civil número 4 de la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto la empresa se conformó originalmente en aquella jurisdicción, si bien en abril del año pasado inició el cambio de domicilio hacia Comodoro Rivadavia.

El caso en sí mismo es uno de los estandartes de medios nacionales que siguen casos de corrupción kirchnerismo, para quienes la negativa a remitir el expediente a Buenos Aires se vincula concretamente con una presunta intención del juez (al que algunos medios tildaron de amigo de Cristóbal) para favorecer al empresario comodorense, de reconocidos vínculos con el gobierno anterior.

Más allá del plano mediático, los organismos nacionales que plantearon la denuncia aducen que la no remisión del expediente al juzgado de Buenos Aires afecta la posibilidad de cobro de la deuda que el fisco reclama al grupo empresario (quien además argumentó que la deuda está incluida en un plan de pagos con la AFIP), además de que el cambio de domicilio no llegó a concretarse antes del inicio del proceso.

“Todos los tribunales aplican las leyes y en todos ellos cabe inferir imparcialidad, buena fe y conocimiento del derecho”, dice uno de los párrafos de la sentencia del juez comodorense, que agrega en otro de los fundamentos: “En virtud de los elementos probados, no se advierte que el domicilio de la sociedad Oil Combustibles S.A de esta ciudad sea ficticio, o que el mismo haya cambiado para promover el concurso de acreedores o que haya sido configurado al solo efecto de eludir la acción de los acreedores o de eludir la competencia de determinados tribunales”.

EL SUMARIO RECOMENDARÍA EL JUICIO

Más allá de la ardua disputa legal aún no resuelta en el ámbito de la justicia nacional, ya que la Corte debe definir cuál Juzgado será competente para tramitar el concurso, el Consejo de la Magistratura de Chubut resolverá esta semana en Sarmiento cuál será el futuro del juez.

En la sesión convocada (desde el lunes 20 al miércoles 22), los consejeros deberán definir las tres alternativas que caben en este tipo de proceso: el inicio del juicio político y el envío del caso al Tribunal de Enjuiciamiento; una sanción por parte del Superior Tribunal de Justicia; o el archivo del caso.

Según pudo saber ADNSUR, el sumario habría concluido en la recomendación para el inicio del juicio político, bajo la acusación de que el juez no actuó ajustado a derecho al negarse a remitir el expediente al Juzgado 4 de Buenos Aires, pero la decisión final debe ser adoptada por todos los miembros del organismo: considerando el antecedente del arduo debate que se produjo al momento de declarar si las denuncias eran admisibles o no, quienes conocen de cerca el funcionamiento del organismo anticipan que esta vez también habrá largas discusiones, por lo que el final está abierto.

¿SALVATAJE POLÍTICO?

Por otro lado, crecen las especulaciones en torno a cuál será el resultado final, de la mano con los cálculos que hace el gobierno provincial en otro tema sensible: el acuerdo con magistrados provinciales, por el que aspira a resolver un viejo reclamo salarial de aquellos, que deriva hoy en embargos sobre las cuentas provinciales, que este año podría implicar alrededor de 500 millones de pesos para las cuentas provinciales.

Para vincular ambos temas, hay que recordar que el juez Toquier ha sido uno de los referentes de la Asociación de Magistrados durante los últimos años y también uno de los principales protagonistas del reclamo salarial de los jueces, que derivó en fallos adversos para el Estado provincial.

Distintas especulaciones en el ámbito político y gremial sostienen que el magistrado habría sido uno de los actores que dio el visto bueno en las negociaciones con el gobierno, para llegar al acuerdo de cancelación de deudas que esta semana tuvo un rechazo en Legislatura, a partir de la postura del FPV, pese a que en la gestión anterior varios de sus diputados avalaron un acuerdo similar con los jueces.

¿Habrá una orden del dasnevismo hacia el sector que responde al mandatario dentro del Consejo –entre ellos su presidente, Horacio Crea- para evitar que el juez que avaló el acuerdo, de ser ciertas aquellas versiones, tenga que afrontar un proceso de juicio político que hoy puede resultar una “medalla” para el macrismo? ¿Habrá permeabilidad de los consejeros hacia un caso al que están atentos grandes medios nacionales?

Como sea, el trabajoso convenio, urdido por una Fiscalía de Estado en la que se desempeñan abogados que, según cuestionó el sindicato judicial, se desempeñan abogados que representaron a jueces en sus demandas salariales contra la provincia, todavía no dio los resultados esperados: no sólo porque la oposición legislativa se negó a aprobarlo hasta ahora, sino también porque aun encaso de convertirse en ley, no hay garantías de que los magistrados no incluidos en ese aumento salarial, comiencen luego a entablar nuevas demandas para ser alanzados por el mismo beneficio que hoy los excluye.