El funcionario que se queda sin organismo y los chispazos de “La Saladita-gate”

Máximo, te vas a la gala de eliminación

Parece que Máximo Pérez Catán podría quedarse sin lugar en el gobierno. No es que lo vayan a echar, sino que, como en aquel juego de la ronda de baile alrededor de las sillas y alguien la perdía al detenerse la música, el presidente del CHUSOTO no sólo se quedaría sin sillón, sino también sin escritorio y sin organismo al cual dirigir. Es que algunos miembros del “círculo rojo” de Mariano Arcioni enviaron un proyecto a Legislatura, para producir ahorro de costos a partir de la reestructuración de la deuda y dentro de una serie de medidas, proponen eliminar el IAC (Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural), en cuya conducción se desempeña el también titular del partido que gobierna la provincia.

El “Consejo Consultivo del Programa de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial” fue creado luego de la reestructuración de la deuda externa de Chubut y lo integran 4 ministros y una secretaria de creciente poder en el gobierno: Oscar Antonena, José Grazzini, Fabián Puratich, Florencia Perata y Vanesa Abril, a cargo de la Secretaría General de la Gobernación, según las firmas que acompañaron la iniciativa.  

En la misma, se propone “revisar la necesidad de existencia de algunos organismos del Estado”, entre los que a continuación se menciona uno que hoy es conducido por el actual presidente del CHUSOTO, es decir Máximo Pérez Catán: “Por ejemplo el IAC –añade el informe, en referencia al Instituto Autárquico de Colonización-, que cumple funciones que podrían ser realizadas por la Dirección de Catastro, en conjunto con el Registro de Propiedad. De esa revisión –añaden los colaboradores más estrechos del gobernador Arcioni- debe surgir nueva organización de tareas que mejore la recaudación y los servicios que esos organismos brindan a los ciudadanos”.
Tratándose de la cocina del poder, a la manera de “Master Chef”, podría decirse que Máximo está nominado para la próxima gala de eliminación. ¿Se salvará con algún “plato” de último momento?

David ya encontró oficina, el día 29

A propósito de organismos que cumplen funciones que podrían ser desempeñadas por otros que ya existen desde antes, o que no cumplen ninguna, David González logró que en Legislatura no sólo le aprueben la designación de un cargo para cubrir la Secretaría, sino que obtuvo oficinas dentro de la casa de las leyes. 

En una entrevista con FM Bahía Engaño mostró el espacio que le fue asignado, que parece que no es muy amplio según describió ante la cámara, pero el ex diputado provincial prometió aprovecharlo lo mejor posible en beneficio de los adultos y adultas mayores que debería estar defendiendo desde diciembre de 2019, pero que no ha podido hacer nada hasta ahora, más que “reunirse y conversar”, por falta de oficina y de colaboradores. “Llevamos ya 16 meses…”, reconoció el funcionario público sin funciones, que sólo puede prestar oído a los jubilados, a cambio de lo cual cobra una importante dieta del Estado. “Si bien tengo contactos, muchos casos tienen que ver con recursos de amparo y otros trámites vía judicial, pero no los puedo hacer, hoy 29 de abril de 2021, porque no tengo asesor jurídico”.

Ojo, señora adulta o señor adulto mayor: no espere que de aquí en más las defensas del defensor comiencen… todavía falta el nombramiento de un abogado, además computadoras, internet y mobiliario. Pero ya falta menos. Parece una joda, pero es real.

Control de salarios

 Entre otras medidas propuestas para reducir gastos, por parte del Cosnejo Consultivo de la Deuda, se menciona la “mejora inmediata en sistema de gestión de personal (actualmente no existe ningún sistema que lo realice), de legajo único, del cual pueden derivar liquidaciones de haberes, a los efectos de lograr un control más adecuado de los gastos salariales de cada jurisdicción. A tal efecto, cada Ministerio debe fortalecer las áreas de sistemas que permitan desarrollar y aplicar un software adecuado a tal efecto”.

También se propone la evaluación urgente del parque automotor, para evaluar la pertinencia de remates públicos, licitaciones con entregas de autos usados y otros mecanismos que permitan la baja de los vehículos inutilizados. Otra medida sugerida por el mini gabinete es la de bajar los gastos en materia de alquileres y “mejorar los procedimientos burocráticos, eliminando los pasos no necesarios y aliviando la tarea de los trabajadores del estado, que podrán abocarse en su caso, a otras áreas con mayores necesidades”.

Saladitos los vigilantes… y el subsidio

El allanamiento realizado el lunes y posterior acusación en una causa por extorsión a la coordinadora de la feria “La Saladita”, Ruth Torres, pareció reflejar un nuevo capítulo de la disputa política entre el ministro de Seguridad, Federico Massoni y un sector del gobierno municipal de Comodoro Rivadavia. Es que la investigación terminó rozando al secretario coordinador municipal, Gustavo Fita, aunque el fiscal del caso confirmó que no hay razones para involucrarlo en la causa, al menos por ahora, ya que la feriante adujo que quien le había autorizado el cobro de las cuotas para el pago de policías adicionales fue el mencionado funcionario municipal. En realidad, se trató de una parte del protocolo sanitario acordado al momento de rehabilitarse la feria, según precisó el fiscal del caso, Héctor Iturrioz. 

Sin embargo, hay otro aspecto de la denuncia que también deberá investigarse y que involucra el modo en que se distribuyeron los subsidios de 20.000 pesos por familia que destinó el municipio el año pasado, para paliar la crisis de la pandemia, lo que habría alcanzado a 300 feriantes (es decir, alrededor de 60 millones de pesos). Según expresó Iturrioz en diálogo con Periodismo de 10, “en la denuncia está el caso de una familia que tiene siete integrantes y los siete cobraron el aporte del municipio, mientras que hay feriantes de toda la vida que nunca lo recibieron”.

En cuanto al gasto en seguridad, la investigación busca determinar por qué si se necesitaban 36.000 pesos por fin de semana para cubrir el costo de los policías adicionales, la recaudación podía llegar hasta los 350.000 pesos.

Luque contra Massoni: “No estamos en cosas raras”

El intendente Juan Pablo Luque hizo una elíptica alusión al procedimiento de La Saladita, comandado por el ministro de Seguridad Federico Massoni, durante una conferencia de prensa realiza el día jueves. 

“El municipio escucha a los vecinos y no especula con las necesidades de su gente, digo esto porque no ocurre lo mismo en todos los estratos de los Estados. La provincia de Chubut tiene problemas en los que pone a sectores de la sociedad como rehenes de determinados intereses políticos, como los que sufrimos en Comodoro pocos días atrás en La Saladita, donde un funcionario provincial quiso hacerle creer a la gente que la Municipalidad está en cosas raras, pero la sociedad sabe que la Municipalidad y sus funcionarios no estamos en cosas raras, sino en estas cosas, en licitar obras, en dialogar con los vecinos y mostrar un camino que para crecer hay que vivir en paz”, dijo con aplausos de la concurrencia. 

“No vamos a decir más y no le vamos a responder a un funcionario que está a tiro de decreto y que no lo eligió nadie para ese cargo. Esto fue algo armado para involucrar al municipio por parte de Massoni”, dijeron en el entorno del jefe comunal, en referencia a los dardos disparados. ¿Continuará?

¿Se debate o no se debate, Mario?

La ajustada votación en contra del proyecto de Iniciativa Popular dejó heridas en todos los frentes políticos que integran la Legislatura, en una situación en la que la UCR, con sólo dos diputados, no pudo esquivar las esquirlas, ya que la abstención de Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera motivó la explosión de varios dirigentes en su contra, tratándolos de “tibios”. Es que esa postura permitió que se impusiera el rechazo a la Iniciativa Popular, mientras que si hubieran votado en contra del dictamen que proponía rechazarlo, el proyecto al menos hubiera vuelto a comisión para seguir discutiéndose, ya que tampoco había dictamen a favor para imponerlo.

Uno de los cuestionamientos fuertes provino del ex senador Mario Cimadevilla, quien a través de twitter planteó: “Lamento las abstenciones de los legisladores de la UCR y el silencio de la UCR frente al proyecto de iniciativa popular sobre la minería, votado hoy en la legislautra. Desde la oposición vienen habilitando al oficialismo para que haga lo que quiera y pueda sacar lo que necesitan”. La postura de Cimadevilla no es nueva en contra de la minería, pero sí lo es su negativa al debate, que hubiera quedado totalmente cerrado si se aprobaba la normativa, prohibiendo definitivamente la actividad antes de discutirla. En 2018, cuando acompañó al entonces ministro Juan José Aranguren en Telsen, se expresó a favor de abrir el debate, “sin que los que están por el sí les tiren piedras a los que están por el no, sino tratar de aportar elementos para que la ciudadanía del Chubut pueda discutir esta cuestión y esto es lo valorable de la actitud del ministro, de venir a abrir el debate”, dijo por entonces Cimadevilla en una entrevista con radio Nacional de Esquel, publicada el 20 de febrero de 2018.