El decreto al veto total a la reforma jubilatoria sancionada por el Congreso fue oficializado este lunes. El viernes por la noche, el Presidente de la Nación, Javier Milei, había plasmado su firma rechazando la ley 27.756 aprobada el mes pasado por amplia mayoría en Diputados y en Senadores. 

La ley establecía  aumentar el haber mínimo que cobran jubilados y pensionados y, además, establecía una nueva fórmula para el cálculo de los ingresos de los jubilados. El gobierno lo vetó a través del decreto 782/24.

¿Qué pasa tras el veto del Ejecutivo Nacional?.  Ahora será decisión del Poder Legislativo analizar si insiste o no con el proyecto.

El Gobierno Nacional oficializó el veto total a la reforma jubilatoria. Foto: archivo

La resolución del veto argumenta que la decisión obedece a que la ley de la reforma jubilatoria "no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".

Y además, recuerda que la ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, expresa claramente que toda "ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".

El decreto indica que la aplicación de la ley "implicaría para el ESTADO NACIONAL un gasto adicional al previsto de aproximadamente SEIS BILLONES CIENTO SESENTA MIL MILLONES DE PESOS ($6.160.000.000.000.-) para el año 2024", que se elevaría a "QUINCE BILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ($15.430.000.000.000.-) para el año 2025".

Y en este marco, el texto concluyó que estas cifras serían imposibles de "cumplir con las metas fiscales fijadas por el gobierno nacional”.

Con información de Ámbito, redactada y editada por ADNSUR

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