El Gobierno reglamentó el "silencio administrativo positivo" para acelerar los trámites públicos. Así se estableció a través del Decreto 971/2024  en el Boletín Oficial y comenzó a regir desde el pasado viernes 1 de noviembre. 

Se trata de una reforma clave en la administración pública para transformar la experiencia de los ciudadanos al interactuar con el Estado. El "silencio administrativo positivo" es un mecanismo que permite que la falta de respuesta de las autoridades en un trámite determinado sea considerada como una aprobación tácita, siempre y cuando no se trate de cuestiones sensibles o de alto impacto.

De esta manera, su principal objetivo es agilizar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de espera y mejorar la gestión pública.

Así se estableció a través del Decreto 971/2024 en el Boletín Oficial y comenzó a regir desde el pasado viernes 1 de noviembre
Ilustrativa-El Destape

CÓMO FUNCIONA EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

La nueva normativa establece que, en ciertos trámites, si la administración pública no emite una respuesta dentro del plazo establecido, se interpretará como una aprobación automática. Esto significa que el ciudadano podrá continuar con su solicitud sin necesidad de una resolución formal por parte de las autoridades, lo que reduce los tiempos de espera y la burocracia asociada a muchos trámites.

Entonces, en lugar de quedar a la espera de una respuesta, el ciudadano podrá seguir adelante con su gestión como si hubiera recibido una respuesta afirmativa.

Sin embargo, este régimen no es aplicable a todos los trámites, ya que existen excepciones importantes que se detallan en el decreto. El silencio administrativo positivo no se aplica a procesos que involucren áreas sensibles, como la salud pública, el medio ambiente o servicios públicos esenciales. En estos casos, la falta de resolución no implicará una aprobación tácita, ya que se requiere una evaluación específica y detallada por parte de las autoridades.

Estaba incluida dentro de la Ley Bases

En tanto, el Anexo I del Decreto establece una lista de los trámites excluidos, incluyendo aquellos relacionados con la seguridad pública, el uso de recursos naturales, la protección del patrimonio cultural y otros procedimientos que impliquen riesgos para la salud o el bienestar general. 

Por su parte, el Anexo II enumera los trámites en los que sí aplicará el silencio administrativo positivo, como ciertos registros administrativos, autorizaciones para actividades comerciales menores y permisos turísticos, entre otros.

No obstante, uno de los pilares fundamentales de esta reforma es la digitalización de los trámites administrativos. En la normativa, se establece que todos los trámites sujetos al régimen del silencio administrativo positivo deben gestionarse a través de plataformas digitales como Trámites a Distancia (TAD) o sistemas electrónicos específicos de cada organismo. Esto permitirá una gestión más rápida y transparente de las solicitudes, ya que los ciudadanos podrán realizar sus trámites en línea, sin la necesidad de desplazarse físicamente a las dependencias del Estado.

Su principal objetivo es agilizar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de espera y mejorar la gestión pública
Corrientes Hoy

Además, la digitalización facilitará el seguimiento de las solicitudes y mejorará la transparencia, ya que los ciudadanos podrán conocer en tiempo real el estado de sus trámites. La medida también tiene como objetivo reducir el riesgo de corrupción y mejorar la accesibilidad a los servicios públicos.

Por otro lado, para los ciudadanos el silencio administrativo positivo ofrecerá una solución a la burocracia excesiva que muchas veces ha sido motivo de frustración, ya que la falta de respuesta será tratada como una aprobación tácita, lo que les permitirá avanzar con sus gestiones sin las demoras habituales.

Sin embargo, es crucial que los ciudadanos se informen adecuadamente sobre cuáles trámites estarán sujetos al régimen del silencio administrativo positivo y cuáles quedarán fuera. Para ello, los detalles del decreto, incluidos los anexos con los trámites excluidos y los procedimientos que se beneficiarán de esta medida, están disponibles en el sitio web del Boletín Oficial de la República Argentina.

Con información de Noticias Argentinas, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR

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