El Gobierno Nacional avanzó con la decisión de declarar a Aerolíneas Argentinas como una empresa del Estado “sujeta a privatización”.  La medida fue oficializada este miércoles a la madrugada a través del decreto 873/2024, publicado en el Boletín Oficial.

El propio presidente de la Nación, Javier Milei, ya había anticipado la decisión de avanzar en la privatización de la aerolínea de bandera en  el contexto de tensiones con los gremios aeronáuticos, quienes han llevado a cabo diversas acciones de protesta en las últimas semanas. Estas movilizaciones han sido impulsadas, en gran parte, por la necesidad de una recomposición salarial que refleje la situación económica actual.

Entre los argumentos para tal decisión, el Ejecutivo Nacional indica en la normativa que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.

El Tesoro nacional no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la República Argentina”, menciona el texto tras señalar que la pobreza en Argentina alcanza al 52% de la población.

La gestión de Milei decidió avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas.
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El decreto se ampara en la Ley de Reforma del Estado de 1989 (N° 23.696) y sus modificatorias que establecen que el Poder Ejecutivo Nacional podrá optar por materializar la privatización por medio de: “la venta de los activos de la empresa, como unidad o en forma separada; la venta o colocación de acciones, cuota partes del capital social o de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento; la locación con o sin opción de compra; la administración con o sin opción de compra; la concesión, licencia o permiso; o por la combinación de las modalidades mencionadas, entre otras”.

La situación de privatizar no despierta grandes sorpresas ya que la empresa  formaba parte de la lista de sociedades anónimas del Estado a privatizar, incluida en el borrador de la Ley Bases. Sin embargo, tras varias negociaciones, el oficialismo decidió quitarla del listado.

Sin embargo, en el marco de los reiterados conflictos sindicales, el gobierno decidió retomar la iniciativa para acelerar su privatización, proceso que está enmarcado en un plan mucho más amplio de reducción del gasto público

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR

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