La Justicia rionegrina formuló cargos contra tres exfuncionarios de la administración de Arabela Carreras por presuntas irregularidades en la compra de un avión sanitario modelo Cessna Citation V Ultra, adquirido en 2022 por 4,2 millones de dólares. El Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó a José María Apud, Gonzalo Regueira y José María Scheverin por abuso de autoridad, argumentando que la operación no cumplió con los principios de eficiencia y transparencia exigidos por la normativa provincial.
El proceso de compra, según la acusación, presenta graves deficiencias técnicas y administrativas. Scheverin, en su rol de director de Aeronáutica, habría elaborado un informe de costos insuficiente y sin respaldo documental, lo que derivó en una sobrestimación del valor tanto del avión como de sus accesorios, incluyendo equipamiento médico e internet satelital.
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Por su parte, Apud y Regueira, como responsables de la Secretaría General y de Administración, habrían promovido la licitación pública sin un análisis detallado de las ofertas y con un precio final superior al valor de mercado. Según la Fiscalía, los funcionarios violaron las leyes provinciales que exigen eficiencia y economía en las contrataciones del Estado.
El expediente de la compra contiene informes que refuerzan las acusaciones de irregularidad. Entre ellos, se destacan un peritaje de la Universidad Nacional de La Plata, que concluyó que el valor pagado por la aeronave fue exagerado, y auditorías del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que señalaron múltiples observaciones sobre el proceso.
Además, la investigación preliminar identificó irregularidades temporales, como la adjudicación del avión en febrero de 2022, apenas 20 días después de que fracasara una licitación previa. Según el fiscal jefe, la rapidez del trámite, en pleno receso administrativo, evidencia una falta de control por parte de los organismos estatales involucrados.
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Los abogados defensores solicitaron la ampliación de varios informes y negaron las acusaciones formuladas. Argumentaron que los imputados actuaron dentro de la normativa vigente y cuestionaron los análisis técnicos presentados por la Fiscalía. Sin embargo, el juez de Garantías, Adrián Dvorzak, validó la formulación de cargos y dispuso la apertura de la investigación penal por un plazo de cuatro meses.
Durante los próximos meses, se recopilarán nuevas pruebas y se tomarán declaraciones de testigos. Si bien los exfuncionarios imputados permanecen en libertad, enfrentan acusaciones graves que podrían derivar en condenas con prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Con información de Cipo360, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.