La vicegobernadora suspendida de Neuquén, Gloria Ruiz, presentó este martes un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para ser restituida en su cargo. El recurso intenta adelantarse a la decisión que esta semana tomará la comisión legislativa que la evalúa por “inhabilidad moral”, acusación que podría derivar en su destitución.

El recurso de amparo, presentado tras la incompetencia territorial dictada por la Justicia Federal en denuncias previas, busca argumentar que la suspensión votada por la Legislatura constituye un acto “arbitrario e ilegal”. Sin embargo, los especialistas advierten que será difícil que la CSJN tome el caso en esta instancia, ya que la cuestión corresponde al derecho público provincial y debería resolverse en los tribunales locales.

Para que la Corte intervenga, Ruiz deberá probar que se vulneraron las garantías constitucionales fundamentales, una norma que usualmente requiere un recurso extraordinario federal, el cual aún no ha sido solicitado.

Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales (A) notificó a Ruiz por dos medios: una citación formal en la mesa de entradas de la Legislatura y otra enviada a su domicilio por escribano. La suspendida vicegobernadora tiene tres días hábiles para presentar su descargo, prorrogables por otros tres, ya sea personalmente oa través de su abogado.

El informe de la comisión, que fundamenta las acusaciones, será elevado al recinto legislativo para una sesión especial donde se decidirá si se declara su “inhabilidad moral” y se procede a su destitución.

El informe de la comisión investigadora señala que bajo la administración de Ruiz se detectan hechos alarmantes que comprometen la integridad administrativa y ética de la Legislatura, entre ellos:

  • Uso indebido de fondos públicos, con transferencias por más de $51 millones a cuentas personales de funcionarios cercanos, incluyendo a su hermano Pablo.
  • Designación de familiares en cargos estratégicos sin acreditar idoneidad, utilizando contratos encubiertos.
  • Pago de servicios personales con fondos públicos, vinculados a su imagen como vicegobernadora.
  • Contrataciones irregulares de bienes y servicios, omitiendo licitaciones y procedimientos legales.
  • Obstrucción al control externo, bloqueando auditorías del Tribunal de Cuentas.

Estas acusaciones se basan en documentación del Ministerio Público Fiscal, el Banco Provincia del Neuquén, áreas contables y de tesorería de la Legislatura, entre otras fuentes.

Con información de LMN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR. 

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