La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) podrá autorizar operaciones con tripulaciones y aeronaves extranjeras, tras una disposición del Gobierno Nacional en medio de los reclamos con paros y asambleas de los gremios aeronáuticos en las últimas semanas. 

 La última medida de fuerza afectó a más de 300 vuelos y a más de 37 mil pasajeros que debieron reprogramar sus viajes y en medio de la decisión del Ejecutivo de declarar un servicio esencial al transporte aéreo. 

La normativa fue publicada a través del decreto Nº 844/2024, en el Boletín Oficial, este lunes 23 de septiembre.  La resolución autoriza a la ANAC a otorgar autorizaciones para que personal extranjero desempeñe funciones aeronáuticas en los servicios aerocomerciales, así como también para la utilización de aeronaves de matrícula extranjera a operar en el país cuando una aerolínea lo requiera.

El objetivo, según el comunicado oficial, es ir “fomentando de esta manera las inversiones en la República Argentina y favoreciendo la conectividad federal”. Y sostiene que  esta medida resulta necesaria "para reforzar los principios de libre acceso a los mercados, generando mayor competitividad y, por lo tanto, una oferta más diversa y conveniente para los pasajeros; garantizando la seguridad operacional y la eficiencia de todo el sistema de transporte aéreo”.

La decisión la tomó el gobierno ante los paros reiterados de aeronáuticos. Foto:El Cronista
La decisión la tomó el gobierno ante los paros reiterados de aeronáuticos. Foto:El Cronista

A partir de la publicación de este decreto, el Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar un porcentaje de personal extranjero, estableciéndose un procedimiento gradual de reemplazo del personal extranjero por personal argentino” y que “las aeronaves afectadas a los servicios aerocomerciales y de aviación general deberán tener matrícula argentina. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional permitirá la utilización de aeronaves de matrícula extranjera", se establece.

La nueva medida conlleva la necesidad de adecuar y dictar una nueva reglamentación, de conformidad con los estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios, “procurando armonizar el régimen interno con el de los demás países de la región y del mundo”, sostienen. Esto se hará en un plazo de 60 días.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR

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