La Ciudad Judicial no tendrá espacio para fiscalías ni defensorías

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Si bien esta semana se firmó un nuevo compromiso para licitar la última etapa de la obra conocida como “ciudad judicial” en Comodoro Rivadavia, en los últimos días surgió el alerta de que el proyecto ya no contempla la totalidad de las dependencias vinculadas al sistema de justicia de la ciudad. Esto se debe a que una modificación en el año 2013 sobre el diseño original dejó afuera las fiscalías. De este modo, fuentes consultadas por ADNSUR llamaron la atención sobre la necesidad de contemplar esta falencia, a fin de que el problema pueda abordarse de forma integral. Por otro lado, la administración del Superior Tribunal de Justicia propone usar fondos de la obra para otros gastos.

Si bien el proyecto elaborado en 1999 apuntó a concentrar en un solo edificio la totalidad de las instalaciones necesarias para el funcionamiento del Poder Judicial en Comodoro Rivadavia, el tiempo transcurrido y el lento avance de la obra fue motivando cambios que hoy implican un diseño diferente al que tuvo en el origen.

Inicialmente, debía dar cabida a los juzgados, fiscalías, defensorías, servicio de mediación y cuerpo médico forense. Sin embargo, tras muchos años de paralización y ante el crecimiento que tuvo la estructura judicial en los últimos años, el Superior Tribunal de Justicia resolvió destinar el edificio en construcción exclusivamente para uso de los juzgados, excluyendo así a las fiscalías.

Esto se hizo, según detallan quienes siguen de cerca la evolución del proyecto, sin asignar la distribución proporcional de recursos para las dependencias que quedarían excluidas, las cuales avanzan por su parte, aun con escasez de recursos económicos, en la elaboración de sendos proyectos para edificios que alberguen a las defensorías y fiscalías. Según se advirtió recientemente en una comunicación oficial interna, se contradice así el espíritu original de las autoridades locales, que cedieron tierras para dar por superado el histórico problema y terminar con la dispersión de dependencias del Poder Judicial en distintos puntos de la ciudad.

Fuentes que conocen de cerca el problema no descartaron que haya una demanda por vías formales para que el Superior Tribunal de Justicia reconozca la asignación de recursos en forma proporcional a las fiscalías, para que éstas puedan avanzar en la construcción de un edificio propio.

MAS DE 45 MILLONES DE PESOS ANUALES EN RECURSOS PROPIOS

El tema no concluye ahí, ya que entra en juego la conformación del llamado “Fondo de Recursos Propios del Poder Judicial”, que según una ley provincial específica, debe asignar el 75% de su integración para financiar esta obra en Comodoro Rivadavia. Dicho fondo se conforma por lo recaudado en concepto de tasas de justicia, multas, aranceles por actuaciones y los intereses que pueda generar la preservación financiera de los dineros que maneja el Poder Judicial.

En efecto, una ley en el año 2014 sumó otra posibilidad de colocar en plazo fijo la masa de dinero proveniente de depósitos judiciales que hayan permanecido inmovilizados durante más de dos años, obteniendo así una renta financiera.

De ese modo, en el año 2015 por ejemplo se recaudaron más de 45,2 millones de pesos: de ese total, casi 16 millones se conformó por la masa original de fondos conformados por tasa de justicia y otras vías de ingreso, mientras 29,3 se lograron a partir de intereses por plazo fijo, de acuerdo con datos consignados en el último Informe Anual del Poder Judicial.

En base a esos números, los fiscales y defensores pedirán una parte proporcional de esos fondos (que además continuarán incrementándose en los años sucesivos) para construir sus edificios en Comodoro Rivadavia. La magnitud del recurso recaudado anualmente no es menor, si se tiene en cuenta que al efectuar el anuncio en los últimos días, desde el gobierno provincial se dijo que se asignarían alrededor de 80 millones de pesos para concluir la obra.

Por otra parte, se encendió otra señal de alarma: la Dirección administrativa del Superior Tribunal de Justicia presentó una propuesta para que se pueda disponer de los fondos generados por plazos fijos, para uso de gastos corrientes del propio poder judicial, es decir que se estarían sustrayendo del fin específico con el que son reservados tales fondos, que no son otros que la postergada obra (durante más de 15 años) en Comodoro. Esa posibilidad motivó el rechazo enérgico de la procuración general, ya que por ley se trata de fondos que deben ser asignados al proyecto de la ciudad judicial y las dependencias adicionales.