La FECh expuso el reclamo de Chubut sobre la quita de coparticipación ante el bloque empresario de la Patagonia
En una reciente reunión, el presidente de la Federación Empresaria del Chubut, Carlos Lorenzo, expuso la preocupación por el conflicto entre su provincia y el Estado Nacional debido a la quita de coparticipación.
Afirmó en la ocasión que “asistimos a conflictos que sin dudar los provoca la distribución de fondos de Nación a las Provincias y esta situación genera enfrentamientos políticos entre el Gobierno Central y los Gobernadores Provinciales”.
Marcó que “hoy los patagónicos asistimos a la crisis de la Provincia del Chubut producto de la quita de más de 13 mil millones de pesos de la Coparticipación de Impuestos y aquí debemos señalar que esa Provincia es la más perjudicada en el sistema de distribución de fondos, cuestión similar con el resto de la Patagonia a lo que le agregamos nuestro reclamo permanente de resolver las asimetrías como lo hicimos recientemente solicitando a Nación que el costo laboral sea igual en todo el país”.
Expresó asimismo que “esta crisis también generó una reacción, quizás tardía, aunque oportuna, para marcar que los recursos naturales son de las Provincias y es allí donde festejamos esta exposición y acompañamos a nuestros Gobernadores, ya que la Constitución Nacional da la posibilidad de congregarnos en Región y eso hemos logrado hacer en este presente de cambios. La Patagonia es generadora de recursos importantes para la argentina sin tener correspondencia por su aporte. Queremos ser escuchados y no atropellados”.
Expuso ante la CAME además que “la discrecional disputa que plantea el Poder Central se acaba con solo cumplir con la Constitución Nacional que en su reforma del año 1995 indico el establecimiento de un nuevo sistema de Coparticipación Federal de Impuestos. Al día de hoy se incumplió y se sigue girando a las arcas principales con la enmendada y centenaria ley vigente”.
Por lo que remarcó que “el reclamo de Chubut debe ser el camino para generar esa nueva norma que deberá introducir un único mecanismo de transferencias financieras entre la Nación y las provincias y la CABA de tal modo de remover la discrecionalidad política partidaria en los aportes y aumentar los grados de libertad política en las decisiones de los Estados provinciales quienes deberán administrar por lo que producen y si no les alcanza será su responsabilidad”.