Para el próximo jueves 17 de octubre, el secretario de Gobierno Sergio Bohe está convocado por el bloque opositor de ‘Despierta Comodoro’ para una interpelación, algo para lo que casi no se recuerdan antecedentes en la ciudad. El funcionario anticipó que no tiene problema en concurrir, siempre que la convocatoria “se ajuste al marco legal”, algo que el oficialismo buscará discutir para evitar que las respuestas se den en el marco de una reunión de comisión, en lugar de que se haga en la sesión ordinaria prevista para ese mismo día.

La presidenta del bloque opositor, Luciana Ferrerya de las Casas, había anticipado días atrás que el motivo de la interpelación es por falta de respuesta a los pedidos de informes presentados por el bloque.

La misma inquietud tuvo Omar Lattanzio, del unibloque PLICH, pero éste se conformó con la reunión de la semana pasada, en la que Bohe asistió para reunirse con la comisión de Asuntos Constitucionales. Si bien en ese encuentro estuvieron también los concejales de Despierta Comodoro, estos optaron por no hacer preguntas en esa instancia, a la espera de la interpelación.

En el caso de Lattanzio, el requerimiento fue por la situación de los contratos con la empresa Fabri, por la que buscaba conocer el modo de rescisión del contrato que vinculaba a esa empresa con el municipio, para obras que iban a ser financiadas por Nación (el año pasado) y fueron dadas de baja por el gobierno nacional.

Más allá de que el edil expresó su disconformidad con la respuesta, para lo que el funcionario pidió un plazo de 5 días, Lattanzio reiteró su posición de que no estaba de acuerdo con una convocatoria a interpelación, por considerar que tendría fines políticos.

Foto: (Ilustrativa Rada Tilly Noticias)

Por su parte, desde Despierta Comodoro apuntan a conocer detalles sobre la colocación de los plazos fijos del municipio, como los montos totales y los intereses que rinden, además del uso de esos fondos. Otro de los temas que la oposición viene cuestionando es el vinculado a los inspectores municipales que fueron condenados en el juicio conocido como ‘emergencia cimática’, por la defraudación durante la catástrofe de 2017.

Según el planteo de la concejal Ferrerya de las Casas, en algunas de las sesiones anteriores, el cuestionamiento es porque los agentes fueron ‘pasados a disponibilidad’, una figura que, aseguró, no existe en el Estatuto municipal y deberían ya haber iniciado el proceso de exoneración. Sin embargo, criticó, “se les sigue pagando el sueldo”, cuando ya fueron declarados culpables por la defraudación e incumplimientos de deberes de funcionario público.

Desde el Ejecutivo responden a ese punto que “la sentencia todavía no está firme”, por lo que aducen que las sanciones podrán efectivizarse, con la exoneración de los empleados, una vez que el fallo quede confirmado en segunda instancia.

La misma edil anticipó que si el secretario no asiste a la interpelación, presentarán un recurso judicial para exigir su presencia, “lo que tendrá mayores costos”, en referencia a los honorarios de abogados en este tipo de procesos.

DISCUSIÓN ENTRE EL REGLAMENTO INTERNO Y LA CARTA ORGÁNICA

Una de las interpretaciones que se hacía en el Concejo es que la convocatoria no reviste legalidad, debido a que no obtuvo el despacho mayoritario de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si bien en ese ámbito se contó con 4 votos, es decir los 3 de Despierta Comodoro y el de Lattanzio, que preside la comisión, la disputa surgió cuando éste aclaró que había votado la convocatoria, pero sólo para pedir las respuestas en comisión y no en una sesión abierta al público.

Los ediles del ‘Pro’ local apelaron sin embargo al artículo 75 de la Carta Orgánica Municipal, que establece que alcanza con los votos de 3 concejales para convocar a un secretario a brindar respuestas en el recinto legislativo.

Foto: (El Patagónico)

La discusión legal que podría plantearse es si el reglamento interno, que exige una mayoría de votos en la comisión, restringe el alcance de la Carta Orgánica, o si ésta debe interpretarse sin aquella mayoría especial. Para los concejales oficialistas, no se puede pasar por sobre el reglamento interno del Concejo, mientras que, para los opositores, “el reglamento no es legal, porque contradice la COM”.

“Hay más de un centenar de pedidos de informes -cuestionaron desde el Ejecutivo-. Además, se tiene que plantear el cuestionario con detalle y con 5 días de anticipación. El problema acá es que la concejal Ferreyra está de los dos lados del mostrador y también busca informes sobre los contratos de servicios públicos, porque su estudio representa a Patagonia Argentina y quieren ir por la prórroga de esa concesión”, evaluaron desde esos ámbitos, aunque admitían, al menos en la tarde del lunes, que Bohe concurrirá el jueves a responder a las preguntas de la oposición.

“Le sobra paño para responder”, confiaban, reflejando también que este tipo de instancias se trata mucho de la cintura política de los protagonistas.

Lo cierto es que no se recuerdan muchos antecedentes de una interpelación en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, por lo que, si se concreta, será un precedente destacado en la historia del cuerpo deliberativo local.  

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