La jueza del polémico traslado: cuál sería el dictamen de la Fiscalía de Estado en el conflicto de poderes entre la Justicia y la Legislatura

En las últimas semanas, estalló un conflicto de poderes entre la Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia, que tuvo su capítulo más reciente en la última sesión, en la que la Cámara de Diputados dio instrucciones a la Fiscalía de Estado para que inicie acciones legales, porque considera lesivo al interés público e ilegal la forma del traslado de una jueza.

Se trata del caso de María Laura Martini, quien tres años atrás había sido seleccionada por el Consejo de la Magistratura y su pliego luego aprobado por la Legislatura, como nueva jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia.

La polémica surgió este año cuando la Legislatura fue anoticiada de que tanto el Consejo de la Magistratura como el STJ habían autorizado el pedido de Martini para ser trasladada de Comodoro a Rawson, donde continúa como jueza, pero ahora en una nueva circunscripción judicial.

El planteo de la Legislatura, y especialmente del vicegobernador Gustavo Menna -quien es convencional constituyente- es que la metodología utilizada viola la norma, ya que el acuerdo legislativo le fue concedido para un cargo específico, y si fue asignada para el cargo en otro lugar, debió haberse pedido la autorización o el nuevo acuerdo a los diputados.

Para el Poder Legislativo, fueron avasalladas sus potestades a través de una acordada del STJ que pasó por alto la autorización. Desde la Justicia, se sostiene que esta metodología ya fue utilizada varias veces en el pasado con otros casos similares, y que sigue siendo una jueza de la provincia, a la que solamente se le modificó el lugar de trabajo.

La situación tomó aún mayor estado público con el tenor de las causas que le fueron asignadas: por ejemplo, fue elegida como miembro del Tribunal que entenderá en el juicio oral por la causa Ñoquis Calientes y -además- resolvió autorizar una suspensión de juicio a prueba a cinco acusados de desmanes en la jornada en la que fueron incendiados los edificios públicos de Rawson en 2021.

Mientras el gobierno salió a cuestionar la medida y pidió la apelación, la jueza sostuvo que no benefició a presuntos autores de incendios, sino a imputados por hechos menores y excarcelables, sin antecedentes penales.

LO QUE VIENE

Luego del escándalo institucional, y ante la declaración votada por la Legislatura hace dos semanas, ahora el tema está en manos del Fiscal de Estado, Andrés Giacomone. Según pudo saber ADNSUR, lo primero que solicitó el funcionario fueron todos los antecedentes del caso, con los cuales luego va a elaborar un dictamen.

Si bien es cierto es que este tipo de traslados eran comunes en el pasado, lo que podría cambiar toda la situación serían dos nuevos fallos de la Corte Suprema ante casos similares, en los que la nueva doctrina marca que no puede realizarse el traslado de un juez con acuerdo legislativo sin la autorización del otro poder.

El próximo paso sería que el fiscal convoque a las partes -los diputados, los ministros del STJ, la jueza- para tratar de encontrar una salida consensuada, y si esto no se logra, debería avanzar con una demanda judicial.

Algo similar ocurrió hace un par de años con un conflicto entre el Consejo de la Magistratura y los ministros del Superior Tribunal y el sistema de subrogancias, que terminó con una denuncia que obligó a un acuerdo de partes.

De acuerdo a las versiones extraoficiales chequeadas por esta agencia, lo más probable sería que -ante los fallos recientes de la Corte- el Fiscal de Estado coincida con la opinión de la Legislatura, por lo que se denunciaría la maniobra para obligar a la jueza a volver a su lugar de origen.