RAWSON (ADNSUR) - En una provincia aquejada por una profunda crisis económica que se ve agravada por la pandemia, no son muchos los puntos que se pueden negociar políticamente. A falta de presupuesto para grandes obras o para designar agentes en el Estado, lo que surge como una nueva carta de canje, es pactar “continuidad de poder”. A este recurso estaría apelando el gobierno junto a varios jefes comunales, comprometiendo los votos de la mayoría del bloque oficialista para dar marcha atrás con la ley que puso límite a las reelecciones municipales.  

El tablero provincial marca que, del total de 27 municipios y 20 comunas rurales, hay 16 intendentes y 10 jefes comunales que están impedidos de ser reelectos en 2023. Estamos hablando de más de la mitad de las localidades, ya que en 26 casos van por su segundo mandato consecutivo o más, y sólo en 21 están habilitados a volver a presentarse. Esto habla de la magnitud del acuerdo.

Yendo al detalle, son 14 los intendentes que están alcanzados por la ley provincial que fue modificada en 2016 y que sólo habilita a dos mandatos consecutivos. Aparte de esto, hay dos casos que están regulados por sus Cartas Orgánicas: uno es Adrián Maderna en Trelew, y otro es Juan Pablo Luque en Comodoro Rivadavia, quien integró la fórmula como vice intendente en 2015 y desde 2019 asumió como intendente, lo que se considera su segundo mandato.

Adrián Maderna, intendente de Trelew.

Si las condiciones siguen como están, estos 26 dirigentes políticos se verían impedidos de candidatearse ante sus vecinos para continuar al frente de los Ejecutivos locales. Por esa razón, un grupo importante de intendentes vinculados al partido oficialista inició conversaciones con miembros del gabinete para buscarle la vuelta a algo que no suena tan complicado: modificar las leyes con una mayoría simple, y así destrabar el impedimento que hoy obsesiona a muchos jefes comunales que ven truncada su carrera.

Este panorama general que se está dando en muchas localidades, también tiene su correlato en Comodoro Rivadavia, donde –tal como anticipó en exclusiva el pasado lunes ADNSUR- se está hablando en los lugares de peso en la toma de decisiones, cada vez con mayor insistencia, de la posibilidad de avanzar en una reforma de la Carta Orgánica Municipal. En el caso de la ciudad petrolera, el tema tiene tantas aristas que merece un capítulo aparte: alternativas de reforma, obtención de mayorías, estrategia electoral. Si llegara a darse, se convertirá en una batalla local con rebote en las elecciones nacionales de agosto y octubre (o septiembre y noviembre como se habla en el Congreso). Luego explicaremos por qué.

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia.

LEYES PROVINCIALES

Dos leyes regulan el tema de las reelecciones municipales en Chubut. Una es la Ley XVI N° 46, la ex ley 3098 de Corporaciones Municipales, que alcanza a todos los municipios que no tienen Carta Orgánica. De acuerdo a la modificación que hizo la Legislatura al artículo 8° en 2016, se determinó que “el intendente y los concejales serán elegidos directamente por el cuerpo electoral de la corporación municipal y durarán cuatro años en sus funciones. El intendente puede ser reelecto por un segundo mandato consecutivo. Para poder aspirar a una nueva elección deberá dejar transcurrir un período completo de cuatro años. Esta limitante no es aplicable a los concejales.”

Luego se agregó un artículo en el que se determinó que “para los intendentes electos en el año 2015, se considerará que el actual período es el primer mandato”. Lo que vale decir que quienes fueron reelectos en 2019, cumplen su segundo mandato consecutivo.

En aquel entonces, la impulsora del proyecto fue la radical Jaqueline Caminoa, quien expresó que “en las localidades del interior donde la mayoría no tiene Carta Orgánica, hay intendentes que pasan 16 años en la gestión y no existe una alternancia en el poder. La tendencia es modificar estas cuestiones porque mantenerse en el poder tanto tiempo no le hace bien al municipio ni al pueblo”.

Jaqueline Caminoa, impulsora del proyecto.

Por otra parte, existe la Ley Orgánica de Comunas Rurales (XVI N° 93), que en su artículo 5°, establece que “el gobierno y la administración de las Comunas estará a cargo de un ciudadano que se denominará “Presidente de la Comuna Rural” y será electo directamente por el pueblo, acompañado por un Vicepresidente, los cuales durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelegidos únicamente por un nuevo período consecutivo”.

En ambos casos, se trata de leyes comunes, que necesitan una mayoría simple para ser modificadas. Es decir que con 14 votos, el oficialismo podría comprometer las manos para reformar la redacción, que podría habilitar un tercer mandato, o directamente dejarlo como antes, sin límite temporal. “Este acuerdo ya está cerrado, la reforma es un hecho”, confiaron a esta columna dos intendentes y un importante funcionario del gabinete provincial.

Si bien en política nunca está dicha la última palabra, esto indica que el tema está muy avanzado y hay confianza en el oficialismo, ya que los votos del arcionismo sumados al sastrismo más algunos diputados aliados alcanzarían sin necesidad de apoyo de la oposición. No se sabe qué evaluación hará el bloque del PJ, teniendo en cuenta que tiene dos intendentes de su partido político en esa condición, como Dante Bowen y Miguel López.

En el caso del radicalismo, una reforma de este tipo alcanzaría a intendentes de su color, como Sergio Ongarato en Esquel, Luis Juncos en Rada Tilly y habría que sumar a Miguel Gómez en Gobernador Costa. Pero parece difícil que la UCR vaya en contra de una ley impulsada por esa misma bancada en el período anterior de la Legislatura, nada menos que por la actual presidenta del partido.

Dante Bowen (Dolavon), Sergio Ongarato (Esquel) y Luis Juncos (Rada Tilly).

LOS NOMBRES

Llegados a este punto, vale la pena repasar cuáles son los nombres que están alcanzados por las leyes mencionadas anteriormente, y que están cumpliendo su segundo mandato consecutivo, por lo que no estarían habilitados a presentarse a una reelección.

Son 14 intendentes de municipios regulados por la Ley de Corporaciones Municipales: tres de ellos son de Juntos por el Cambio, como Sergio Ongarato de Esquel, Luis Juncos de Rada Tilly y Miguel Gómez de Gobernador Costa. También hay dos justicialistas, que son Miguel López en Alto Río Senguer y Dante Bowen, de Dolavon.

Pero está claro que la gran mayoría de estos casos, son intendentes que pertenecen a la alianza gobernante Chubut al Frente, que suman en total 9: Rubén Calpanchay, de José de San Martín, Ariel Molina, de Corcovado; Marcelo Limarieri, de Gualjaina; Horacio Pichiñán, de Paso de Indios; Silvio Boudargham, de Cholila; Antonio Reato, de Epuyén; Oscar Currilén, de El Maitén; Jorge Seitune, de Tecka; Claudia Loyola de Camarones.

Hay casos paradigmáticos, como el de Seitune que lleva 6 períodos (camino a los 24 años seguidos) en Tecka, Pichiñán que encadena 5 mandatos consecutivos en Paso de Indios, y Antonio Reato, con cuatro períodos al hilo en Epuyén.

Respecto a las comunas rurales, que tuvieron por primera vez su elección popular de autoridades en 2015, hay 10 casos de presidentes que fueron reelectos en 2019, y que no podrían continuar en el actual contexto legal. Se trata de Leonardo Bowman en Telsen; Miguel Ancamil en Lagunita Salada; Beatriz Roa en Cerro Centinela; Victor Candia en Paso del Sapo; Alejandro González en Aldea Epulef; Raúl Santander en Colán Conhué; Nilda Tolosa en Las Plumas; Marcos Pruessing en Aldea Apeleg; Sergio Núñez en Carrenleufú y Jorge Villegas en la comuna rural de Ricardo Rojas.

EL CASO COMODORO

El último lunes, en la columna “El poder entre Bambalinas”, ADNSUR puso sobre la mesa un tema del que no se venía hablando públicamente: la posible reforma de la Carta Orgánica Municipal de Comodoro Rivadavia. Si bien hubo un fuerte hermetismo en un primer momento para no dar trascendencia a un asunto que nadie esperaba que se transparentara a estas alturas, lo cierto es que en off las figuras del oficialismo admitieron que la cuestión está en análisis y para nada descartada.

Durante la semana, el único que se atrevió a hablar públicamente fue el concejal del bloque del Frente de Todos, Daniel Vleminchx, quien admitió la necesidad de una reforma integral de la carta magna que ya tiene 23 años, pero no vinculada exclusivamente a la posibilidad de una reelección del intendente Luque, que sería "el último capítulo que tendríamos en cuenta para modificar”, según dijo.

Si bien el edil aseguró que el asunto “no está en nuestra agenda, no lo tenemos como mirada para estos próximos tiempos”, otro concejal oficialista que habló con esta columna admitió que el tema fue esbozado como una posibilidad el año pasado y que si bien aún no hay nada oficial, sería el momento ideal para encarar una reforma de este tipo.

El punto clave pasa por tener los votos necesarios en el Concejo Deliberante, ya que se exige una mayoría especial de dos tercios para aprobar cualquiera de las dos opciones de reforma, que pueden ser una enmienda o la convocatoria a una Convención Constituyente. Y hoy el oficialismo cuenta precisamente con esos 8 votos que se requieren sobre el total de 12 concejales que integran el cuerpo.

Concejal del bloque del Frente de Todos, Daniel Vleminchx.

Es decir que si hay voluntad política, la llave para la reforma está habilitada. Y hay una cuestión de tiempos que comienza a ser urgente, por lo que no hay mucho margen para dilaciones. Tanto si se elige la opción de la enmienda de dos artículos para ser luego plebiscitada en las urnas, o la alternativa de convocar a una convención que redacte una modificación integral de varios temas, incorporando asuntos que se aggiornen a los tiempos que corren, se debe aprovechar la próxima convocatoria a elecciones nacionales, que ya tiene un cronograma en marcha, aunque podría dilatarse.

EN ANALISIS

El proyecto que está en análisis en la ciudad petrolera parte de una serie de premisas: primero la mayoría especial que existiría en el Concejo Deliberante; segundo, los datos de opinión que arrojan buenos números de apoyo a la gestión de Luque entre los vecinos; y tercero, la alternativa de “municipalizar” la elección nacional, siendo la boleta local de convencionales del justicialismo la que puede llegar a traccionar una boleta de senadores y diputados nacionales que no genera de por sí demasiado entusiasmo en la gente.

A pesar del “silenzio stampa” de las autoridades comodorenses ante los micrófonos, una importante fuente del equipo de gobierno municipal reconoció a esta columna que “tenemos una Carta Orgánica que no permite la posibilidad mínima de que un intendente que fue vice analice al menos estar dos mandatos al frente de su ciudad”.

La misma fuente agregó que “está demostrado que con 4 años de gobierno no es suficiente para materializar los cambios que necesita una ciudad con las complejidades históricas de Comodoro”. Y admitió que “hay una gran cantidad de sectores de la sociedad que piden que se enmiende esa situación, que dependerá finalmente de una voluntad política y social”.

Es decir que no hay una decisión tomada aún, pero el tema de una reforma que incluya entre otras cuestiones la posibilidad de un nuevo período al intendente, está siendo analizado. Y no es para menos, ya que a estos argumentos, se podría sumar el contexto de pandemia que no permite el desarrollo normal de un plan de gobierno.

Resumiendo: están los votos en el Concejo, se espera un respaldo popular en las urnas que ordenaría el contexto electoral de la campaña local, y el resultado final sería dejarle una puerta abierta al intendente Juan Pablo Luque a la hora de decidir su futuro político de cara a 2023. El tema les cierra perfecto a varios, y habrá que ver la decisión que se tome en los próximos meses, ya que como se explicó, el momento es “ahora o nunca” en un año electoral.

A modo de cierre, hay que decir que los intendentes son actores claves para la gobernabilidad. Alguna vez se escuchó decir al gobernador Mariano Arcioni que en los momentos más difíciles de su gestión, fueron su principal sostén político, ante la falta de respaldo legislativo. Suena entonces lógico que el gobierno escuche un reclamo de este tipo, que además –en el caso de avanzar en la reforma de las leyes- le sirve para aglutinar fuerzas y mostrar compromiso de palabra para exigir a futuro devolución de gentilezas.

Seguramente se abrirá un debate entre los defensores de valores republicanos que impulsan la alternancia en el poder, contra aquellos que pedirán que se deje expresar al pueblo en las urnas, para que tenga la posibilidad de elegir a quien considere más idóneo. El status quo dentro de la mayoría de los municipios está en riesgo, y los intendentes hacen valer su peso político. Ya no se puede ocultar más, aunque nadie quiera admitirlo, el tema está en agenda.

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