Las graves acusaciones contra Artero, la intendenta de Chubut que en 12 días podría ser destituída en un juicio político

RAWSON (ADNSUR) - El caso de Rossana Artero es muy particular dentro de la política: ingeniera química sin pasado militante, llegó a una banca en el Concejo Deliberante de Rawson en 2008 dentro de un partido vecinal, y luego recibió la oferta de Carlos Eliceche en 2011 para ser la candidata del FPV, con lo que llegó a la intendencia. Fue reelecta por el PJ en 2015, pero a comienzos de este año rompió con el peronismo a pesar del apoyo del candidato a gobernador Carlos Linares, y cerró un acuerdo con Chubut al Frente para integrarse a la lista de diputados provinciales que acompañaba al gobernador Mariano Arcioni. Su gestión siempre recibió duros cuestionamientos internos, pero de todos modos hasta hace apenas unos meses atrás, cuando era tentada tanto por las listas de la oposición como por las del oficialismo, la figura de Artero seguía pareciendo una carta de triunfo que se disputaban los dos principales partidos, que incluso la llevó a auto adjudicarse el amplio triunfo del arcionismo el 9 de junio en la capital.

Sin embargo, inmediatamente terminadas las elecciones, el municipio comenzó a mostrar de manera abrupta una agobiante escasez de fondos, que generó la imposibilidad de afrontar los sueldos y aguinaldos en el mes de julio. A la crisis económica y la falta de herramientas financieras, se le sumó una crisis política inusitada, producto de las prolongadas ausencias de la jefa comunal desde el año pasado, para acompañar a su marido en un tratamiento médico fuera de la provincia. Se hizo común no ver a la intendenta en la ciudad durante semanas enteras, al punto tal que muchas veces había dudas de cuál de sus secretarios estaba al frente del municipio. Cuando la crisis se hizo más evidente en el mes de julio, y la falta de pago de sueldos generó un acampe de un mes frente al despacho municipal, su equipo de funcionarios no encontró la manera de conseguir el dinero para cumplir con sus obligaciones, y la ciudad entró en una falta total de respuestas con terribles consecuencias, como la no recolección de residuos domiciliarios durante más de un mes, lo que produjo casi un desastre ambiental.

En este contexto de caos, y luego de dos inasistencias consecutivas de Artero al Concejo Deliberante para dar explicaciones, los ediles decidieron suspenderla en el cargo hace 45 días para iniciarle un juicio político, por lo que asumió de manera interina en su lugar el pasado 20 de agosto la concejal oficialista Araceli Di Filippo. Si bien la suspendida intendenta recurrió al Superior Tribunal de Justicia objetando el procedimiento -por lo que la Corte deberá dirimir en breve sobre este conflicto de poderes-, el proceso siguió su curso y esta semana la notificaron del dictamen de la Sala de Acusar, y se fijó para el próximo 18 de octubre -10 días antes de las elecciones donde se definirá el próximo intendente- la audiencia de inicio del debate donde se va a leer la acusación completa en su contra para darle a la acusada la posibilidad de defenderse ante cada uno de los más de 20 hechos que se le endilgan.

Ese día comenzará el juicio propiamente dicho, en el que tres miembros de la Sala de Acusar, los concejales Dulio Monti (UCR), Nora Banuera y Sebastián Curtale (PJ) harán de fiscales ante un tribunal que estará integrado por los miembros de la Sala de Juzgar, los concejales Gisel Genoff, Marcos Tarumán, Daniel Boillos, Daniel Paredes y María Laura Nievas, quienes en un proceso que no podrá durar más de 30 días, deberán resolver si Artero es o no destituida de su cargo.

LOS CARGOS

El dictamen con el detalle de los hechos que se le imputan a Artero es mantenido hasta aquí en secreto por los integrantes de la Sala de Acusar, que pretenden se dé a conocer públicamente recién el día del inicio del juicio. De todos modos, ADN Sur accedió de manera extraoficial a la información sobre los puntos más trascendentes de la acusación contra la intendenta, que en total serían más de 20 hechos, algunos muy graves que dejan entrever una presunta malversación de fondos públicos, razón por la cual hay quienes se animan a anticipar que esto podría derivar en una andanada de denuncias judiciales contra la jefa comunal y sus funcionarios.

Las fuentes consultadas sobre el contenido del dictamen, algunas de las cuales han realizado expresiones públicas, se refieren a violaciones a la Carta Orgánica, mal desempeño en el cargo y comisión de faltas graves. Por ejemplo, la acusación apuntará a un “ausentismo notorio e injustificado” de Artero, utilizando la comunicación “mientras dure la ausencia de su titular” sin especificar la cantidad de días hábiles, y aducen una suma asombrosa: afirman que del recuento realizado “las ausencias producidas entre enero y julio de 2019, de los 180 días del año, se ausentó 100 días”. Y le reprochan que las razones esgrimidas apuntan al estado de salud de su marido, lo que sería encuadrado en “una incapacidad física”, por lo que entienden es “una razón más por la que no estaría en condiciones de retomar el ejercicio de sus funciones”.

Un capítulo muy importante de la acusación será la cuestión ambiental, justamente el eje fuerte de la campaña electoral de Artero en 2011, cuando prometía erradicar los basurales a cielo abierto en 90 días. Los concejales le pedirán explicaciones por la abultada deuda con el Girsu -el consorcio que maneja los residuos sólidos urbanos en el valle-, que supera los $ 5 millones más intereses en 2018 y llega a más de $ 6,6 millones en cuatro meses de 2019, y que estiman superaría los $ 12 millones más intereses en la actualidad. Según los acusadores, es inexplicable tal deuda teniendo en cuenta que el municipio recauda dos tasas en ese concepto, una de ellas a través de la boleta de la cooperativa de Servicios Públicos, por lo que no debieran existir mayores atrasos si el dinero hubiera sido destinado para ese fin.

También se la acusará a Artero por no proteger el medio ambiente, por las consecuencias motivadas en la falta de pago de haberes que generó una paralización completa del Servicio de Recolección de Basura, que motivó un amparo ambiental en el Juzgado Civil de la ciudad de Rawson, interpuesto por el procurador Jorge Miquelarena, por la no recolección de residuos durante un mes entero.

MANEJO DE FONDOS

Artero deberá responder además por varios hechos sobre el manejo de fondos con asignación específica que nunca se ejecutaron, y que según los ediles acusadores, fueron utilizados para gastos corrientes, lo que motivará una demanda judicial. Citan por ejemplo los más de $ 800 mil del subsidio que arribaron del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en noviembre pasado para la adquisición de equipamiento e insumos de refacciones para las Casas Tuteladas, destinadas a los adultos mayores, obras que nunca se realizaron a pesar de haber sido depositada la plata en el Banco Nación. También cuestionan el uso de la plata del convenio firmado en mayo con el Ministerio de Salud de la Provincia, que destinó más de $ 4 millones exclusivamente para la compra de un equipo de digitalización de rayos X para el Hospital “Santa Teresita”, que fueron depositados a una cuenta del municipio pero nunca se inició el expediente para la compra del equipo comprometido.

Además aseguran que la impericia de la intendenta generó demandas millonarias, como la falta de pago del alquiler del inmueble ubicado en calle Mariano Moreno 735, donde funcionarán las oficinas municipales, que acumuló la suma de $850.000 más intereses y costas. Y el juicio de la empresa Industrias Bass S.A. por la obra del puente de El Elsa, donde no se realizó la determinación de precio, generando una deuda superior a los $ 500 millones.

Por otra parte, le adjudican a Artero la responsabilidad en la crisis del transporte urbano de pasajeros que presta la empresa Bahía S.R.L., ya que aseguran que el municipio nunca llamó a una nueva licitación pública por la concesión vencida, y como consecuencia de todos los desacuerdos y “desinterés” a lo requerido por la empresa, se generó una demanda donde se reclama la suma de $ 33 millones en concepto de subsidios, a lo que hay que sumarle los intereses, arrojando una deuda estimada en $ 50 millones.

Se menciona también otro cargo, a raíz del no pago de los seguros de trabajo de los empleados municipales, pero sí de su descuento compulsivo, lo que generó el expediente judicial de la firma aseguradora reclamando un monto que sumando intereses y gastos de juicio llegaría a $ 5 millones, acumulados desde noviembre de 2016 a septiembre de 2018, cuando se procedió a la anulación del contrato, quedando sin ART todo el personal de la Municipalidad hasta hace unos pocos días que se llegó a un acuerdo de pago.

INCUMPLIMIENTO

Otros puntos de la extensa acusación, refieren a varios incumplimientos en sus funciones que estipula la Carta Orgánica. Por ejemplo, mencionan la falta de designación de un nuevo juez de faltas municipal, ya que el mandato de Silvia Bustos venció el 22 de noviembre de 2018 y nunca no se envió ninguna terna de postulantes al Concejo Deliberante, lo que dicen, “marca un total desinterés acerca de la composición del Poder Judicial Municipal”.

También se le reprocha no acudir a las dos citaciones que hizo el Concejo Deliberante en julio y agosto, lo que consideran “falta grave”, ya que entienden fueron faltas injustificadas, especialmente la última, aduciendo falta de garantías de seguridad. Y respecto al Poder Legislativo, afirman que Artero nunca permitió el correcto y normal desenvolvimiento, sea porque nunca se implementó sistema de Boletín Oficial alguno, o por no remitir las Resoluciones al Concejo, o por no responder ninguno de los informes requeridos en los últimos tres años.

En este contexto, le cuestionan a Artero el permanente incumplimiento con la rendición de cuentas de los ejercicios presupuestarios, lo que además aseguran, “generó los problemas actuales del municipio para conseguir herramientas financieras, y el impedimento para solicitar créditos para hacer frente a la presente crisis”.

En el largo listado de hechos de la acusación que no se agotarán en esta nota, se enumeran una gran cantidad de expedientes que mostrarían el incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo por parte del municipio, producto de contrataciones en los que no surgiría que se haya pedido al menos tres presupuestos para elegir el contratante al mejor precio ofrecido, ni tampoco hubo una imputación preventiva del gasto para prever su pago, ni firma de contrato de obra que delimite correctamente las obligaciones y derechos de las partes.

Y se enumeran otra gran cantidad de casos de la modalidad de pago por prestación de servicios a distintas personas y empresas, con pagos mensuales, regulares y consecutivos, creando según los concejales, la expectativa de que los beneficiarios sean empleados municipales, y sin estar debidamente acreditados y documentados. Por otra parte, el dictamen contiene varios expedientes de contrataciones de obras pública que –según afirman- contienen varias irregularidades.

INTERROGANTES

Está claro que Rawson vive una crisis política importantísima, aunque no es extraña, ya que hace 17 años también el Concejo Deliberante destituyó al ex intendente Pablo Helmer a través de un juicio político. Pero en este caso hay un agravante, que es la falta absoluta de recursos sumada a la casi nula recaudación impositiva, lo que genera gran preocupación para quienes asuman en diciembre en el despacho municipal, que deberán afrontar juicios y deudas millonarias, sin tener posibilidad de acceso al crédito.

Lo que muchos se preguntan en Rawson es si Rossana Artero se presentará a la convocatoria de la Sala de Acusar para defenderse ante semejante cantidad de cargos, teniendo en cuenta que no ha concurrido a las últimas convocatorias que ha realizado el Concejo Deliberante. O si en todo caso esperará la definición del Superior Tribunal sobre el planteo respecto a su suspensión.

Y las preguntas que también se escuchan en la capital, tienen que ver con anticiparse a un juicio cuya suerte parece echada de antemano, con denuncias penales posteriores, y pensando más allá, en las consecuencias que esto podría traer en la asunción de Artero el 10 de diciembre cuando jure como diputada provincial. Hay quienes se preguntan -si se llegara a demostrar impericia en el manejo de fondos públicos e incumplimientos de sus deberes-, si estaría habilitada para asumir como legisladora.

La primera respuesta que surge por un lado es que la justicia demora mucho tiempo en resolver estas cuestiones, y hay ejemplos de legisladores condenados durante su mandato como diputados. Y la segunda respuesta es de tipo político, y teniendo el apoyo del bloque mayoritario que comandarán Arcioni, Sastre y Maderna, está claro que Artero no debería tener inconvenientes en que se le permita asumir. Sin embargo, hay quienes aseguran que van a tratar de impedirlo, y citan antecedentes ocurridos por ejemplo en el Congreso Nacional. En todo caso, será una discusión a futuro. Por lo pronto la pelea más inmediata de Artero tiene fecha fijada para dentro de 12 días, y todo indica que será una batalla muy difícil.