Las organizaciones sociales deberán pagar el gasto del operativos de seguridad por los piquetes
La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, pidió que las fuerzas de seguridad informen los costos que demandó poner a efectivos a custodiar las calles el pasado 20 de diciembre.
Las fuerzas de seguridad trabajan por estos días en determinar los costos del operativo de seguridad que llevaron a cabo el miércoles, durante la protesta convocada por la Unidad Piquetera a Plaza de Mayo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que dichos montos deberán ser pagados por las organizaciones sociales.
La ministra instruyó - a través de la resolución 949/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal a “determinar los gastos en los que hayan incurrido a causa de los operativos de seguridad federales”, en el marco de la puesta en marcha del protocolo antipiquete.
"El operativo tuvo un costo importante y cuando se termine de cuantificar se le pasará la factura a las organizaciones que participaron, quienes se deberán hacer cargo del costo que a todos los argentinos nos salió lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas para que todos podamos transitar libremente y en paz", advirtió Adorni en la habitual conferencia de prensa el jueves.
La evaluación de los costos deberá tener en cuenta "las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron, el combustible utilizado, los elementos consumidos en los operativos, y otros costos en los que hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo".
Y en el texto, se recordó que el protocolo tuvo por finalidad evitar "impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal y en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
El protocolo prevé que se "podrá demandar judicialmente a las organizaciones" así como a "las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos".
"Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables", argumenta finalmente la resolución.
