En ese marco, los sectores estatales de la provincia, como los docentes y auxiliares de salud y educación nucleados en ATE, salieron a blandir mediciones propias, que para el caso de Comodoro Rivadavia supera los 27.000 pesos mensuales, según la medición de una cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas, tal como detalló ADNSur en informes anteriores.
En la urbe petrolera, como en todo el país, está pendiente además la suba de servicios públicos, que arrancan por las tarifas de energía desde el mes de marzo. En las últimas horas, el gerente operativo de la S.C.P.L reiteró –en una entrevista con radio Del Mar- que el impacto superará el 100% en el ítem de energía eléctrica, lo que significará una suba de alrededor del 40%en la factura final que pagan los usuarios. Y si bien todavía falta que se discuta el valor del incremento en el Concejo Deliberante, resulta difícil imaginar alternativas para atenuar el impacto.
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Desde el gobierno provincial se presentarán números que reflejan por un lado el endeudamiento de la provincia y por otro la baja de recursos, particularmente a partir de la caída de ingresos por regalías petroleras. A nivel estructural, las provincias necesitan cerrar pautas salariales por debajo del 30%, para reducir el creciente déficit fiscal en las jurisdicciones, mientras será fundamental observar cómo se reacomoda el reparto que Nación debe dirigir a las provincias.
A nivel nacional, los docentes apuntan a un incremento inicial de entre 35 y 40%, mientras el gobierno ofreció 28,7% a través del ministro Esteban Bulrich. Si bien fue un acercamiento, la distancia sigue siendo elevada y los referentes gremiales advierten que peligra el inicio de clases, previsto para dentro de 10 días.
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En otros ámbitos de la economía, transportes rechazó la propuesta por debajo del 30%, aunque el gobierno de Macri –quien acompañaría al gobernador chubutense en el discurso de apertura de sesiones- aspira a un cada vez más impensable techo del 25% anual.
De este modo, las negociaciones arrancan en un contexto de alta complejidad. Todo indica que lo más adecuado será buscar acuerdos temporales, para revisar la evolución de la economía cada 4 meses.
Durante la presentación del llamado “índice Congreso”, el economista Marco Lavagna (hijo del ex ministro de Economía de la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner) reseñó algunas subas de productos básicos: de noviembre a la fecha, según detalló, hubo aumentos en alimentos como la carne vacuna (27%), pollo (26%), harina de trigo (17%) y frutas (22%).
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Ello, sin contar las subas que a su vez registraron los mismos productos durante 2015. Fue Sergio Massa quien dejó otra frase al momento de presentar la medición por parte del bloque del Frente Renovador: “Todos los dirigentes tenemos la obligación de cuidar el bolsillo de la gente” –dijo, para luego exigir que cuando termine 2016 “no haya un solo argentino que haya perdido un kilo de arroz con respecto a 2015”.
Las alianzas políticas y los datos de la economía reflejan, como pocas veces, las contradicciones existentes entre ejercer el poder y las dificultades para administrar, versus el cuestionamiento desde afuera. En el medio, cada trabajador y los desafíos para afrontar un costo de vida cada vez más elevado, con el consecuente impacto sobre la calidad de los servicios esenciales como salud y educación.