RAWSON (ADNSUR/Corresponsal) - La Cámara de Diputados volvió a sesionar este martes por la tarde luego del receso invernal y aprobó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que detalle las inversiones realizadas por las operadoras  durante el año anterior, y además aprobó una declaración dirigida al Congreso para que apruebe una tarifa diferencial de servicios públicos para la región.

El pedido de informes elaborado por el bloque del PJ-FPV se refiere a las operadoras Pan American Energy, YPF, Tecpetrol, Petrobras y Capsa, y entre otros puntos, pretende conocer la cantidad de equipos de torre que operan en cada una de las áreas discriminada por mes; listado de empresas contratistas y subcontratistas, distinguiendo entre empresas chubutenses, nacionales y extranjeras, de bienes y/o servicios, descripción del servicio que presta cada una; cantidad de personas en relación de dependencia, cantidad de contratados por sí o por terceros que se desempeñan en las áreas.

Se pide también el detalle de los convenios colectivos de trabajo con los que se rigen, y la cantidad de personal en cada tipo de convenio; estimado y curva de producción de petróleo anual, indicando producción mensual; balance de las sociedades participantes en la exploración y explotación de las áreas; y apertura geográfica de los balances por operaciones realizadas en Chubut.

Además la Cámara de Diputados dio el acuerdo legislativo para la designación de Francisco Romero como nuevo juez penal, y de Lilian Bórquez como Defensora Publica Penal, ambos de la jurisdicción de Comodoro Rivadavia.

Por otra parte, en la “Hora de Preferencia” se produjeron expresiones de repudio al “tarifazo” dispuesto por el Gobierno Nacional en la facturación de servicios energéticos (electricidad y gas), y al respecto se instó a la población a movilizarse en respaldo a la petición de Multisectorial abogando por una tarifa diferencial para la región patagónica,  por tratarse de región productora de recursos energéticos para el desarrollo del país y cuyas poblaciones padecen  las duras inclemencias climáticas.

El pronunciamiento parlamentario se plasmó en un Proyecto de Declaración promovido sobre tablas por la legisladora Alejandra Marcilla y establece lo siguiente: “Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados  y a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación a fin de apoyar la inmediata sanción de un cuadro de tarifas diferenciales en materia de energías eléctrica y gas, para toda la región patagónica y de manera independiente de otras ventajas tarifarias que tengan en consideración aspectos sociales y/o económicas del tratamiento a los usuarios”.

Asimismo, dispone el envío de sendas copias de esta Resolución a ambas Cámaras del Congreso Nacional, como así también copias a las Legislaturas Provinciales que integran el Parlamento Patagónico.

Respecto del cuestionado “ajuste de tarifas llevado a cabo por el Gobierno Nacional en los servicios públicos de gas y electricidad”, se alude a que “no obstante éstas y otras diferencias de criterios en relación a la solución necesaria y posible, a los habitantes de la Patagonia les resulta indispensable contar con un cuadro tarifario que reconozca las dificultades que el clima y la geografía en su mayor parte inhóspita y de largas distancias, presentan a sus habitantes en su vida diaria”.

Tras precisar los fundamentos que “además, es innegable el sustancial aporte de la actividad económica patagónica a la producción de estos servicios públicos indispensables para nuestra Nación, muchos de los cuales son además no renovables y generadores de importantes dificultades medio ambientales”, refiere que “por ello se hace necesario la adopción de una política tarifaria que considere especialmente estas situaciones y establezca un cuadro tarifario diferencial y coexistente a cualquier cuadro tarifario diferencial de tipo social, que sin dudas también resulta indispensable”.

“Existe un importante reclamo, entre el que se destaca el llevado a cabo por la Multisectorial que a lo largo y ancho de nuestro territorio patagónico, se auto convocó para obtener doscientas mil firmas en el mismo, auspiciando la sanción de un cuadro tarifario diferencial para la Patagonia”, se significó al respecto.

En la “Hora de Preferencia”, el diputado Gustavo Fita (Bloque PJ-FPV) cuestionó la decisión política del gobierno nacional de aplicar semejante “tarifazo” y, fustigó manifestaciones de funcionarios nacionales y, específicamente, del propio Presidente Macri acerca de la referencia de derroche energético (por la frase de estar “en remera y en pata”) por lo que el parlamentario chubutense replicó que, en caso de los habitantes patagónicos, padecen las consecuencias del rigor invernal.

Fita significó que “la Patagonia vuelve a ser el patio de atrás” de la Argentina, e instó a la movilización de las poblaciones sureñas a plantear sus legítimos reclamos y contrastó que no es lo mismo el aumento del 400% en la facturación para los pobladores de regiones patagónicas que afrontan las inclemencias del rigor invernal, con las facturas que tienen quienes residen en barrios porteños como Recoleta y sostuvo que funcionarios nacionales no conocen realmente las reales necesidades de las regiones alejadas del ámbito metropolitano.

El legislador Eduardo Conde, quien preside el Bloque UCR “Cambiemos”, salió al cruce de las críticas vertidas acerca del severo reajuste tarifario y adujo que, más allá de coincidencias sobre la magnitud de aquello, es consecuencia del gobierno kirchnerista y consideró que debe ordenarse la cuestión tarifaria.

La legisladora Alejandra Marcilla (Bloque PJ-FPV) sostuvo que “nosotros nos hacemos cargo de lo mucho que hizo bien nuestro gobierno y también de errores cometidos” y replicó en el sentido que “este gobierno tiene que hacerse cargo de qué porcentaje quiere aplicar en las tarifas”, y fustigó que “no sabe lo que quiere”, por lo que significó que “todos rechazan este tarifazo”.

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