Los subsidios de Trabajo: un polémico fondo de $ 6 mil millones anuales y una denuncia por cohecho que involucra a ex funcionarios de Chubut

Por cada mil pesos que una empresa paga en Chubut a un trabajador en blanco, debe destinar aparte 8 pesos a una tasa que recauda la Secretaría de Trabajo de la provincia. De acuerdo a lo percibido en 2024, la proyección anual supera los $ 6 mil millones. El tributo es resistido por el sector privado desde su puesta en práctica hace 20 años, y seguramente habrá más críticas cuando salgan a la luz las sospechas por las inconsistencias encontradas en auditorías del último tiempo.

De acuerdo a los controles realizados por el Tribunal de Cuentas, hay serias irregularidades detectadas en 2022 y 2023 en otorgamiento de subsidios a cooperativas de trabajo: facturas truchas o adulteradas, falta de rendición del gasto efectivo del dinero, y algunas fundaciones que se repiten mucho de manera sospechosa.

A tal punto puede escalar el escándalo, que en las últimas horas recibió en su despacho el Fiscal Anticorrupción, Diego Carmona, una denuncia realizada por el actual subsecretario de Recuperación y Promoción del Empleo, Omar Auteri, quien acusa a funcionarios que lo antecedieron de haber cometido “cohecho”, es decir, de haber participado de una operatoria de retornos en el manejo de este dinero.

Hay que decir que el 8 por mil es una tasa que se calcula sobre la remuneración por todo concepto que cobran los trabajadores en Chubut. La Ley X – Nº 15 (Antes Ley 3270) indica en su Artículo 38: “Fíjase una tasa equivalente al Ocho por Mil (8‰) del monto total que los empleadores abonen por todo concepto de remuneración, a sus trabajadores en relación de dependencia en el ámbito de la Provincia del Chubut, la que pasará a integrar el Fondo Especial de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral”.

Según la ley, ese dinero debe utilizarse para diseñar nuevos cursos de enseñanza y reinserción laboral, y para financiar y mejorar los operativos de control y fiscalización que garanticen el cumplimiento de la legislación laboral. Pero en los hechos, esos recursos se usan como plus de “estímulo” en los haberes de los empleados de la Secretaría de Trabajo y para abonar subsidios a desocupados de empresas que han caído en desgracia.

De acuerdo a datos oficiales a los que logró acceder ADNSUR, en 2021 se recaudaron $ 780 millones, en 2022, la suma subió a $ 1.417 millones, y en 2023, el total fue de $ 3.150 millones. Actualmente se recaudan unos $ 700 millones mensuales, y en cinco meses ya lleva reunidos $ 3 mil millones. Claramente la diferencia va marcando la suba de los salarios por la inflación: año tras año, el aporte se multiplica conforme suben los sueldos.

Este monto, además del pago del adicional al personal, se destina al fortalecimiento de cooperativas de trabajo, al pago de subsidio de desempleo -como pasó con el personal que quedó sin fuente laboral por ejemplo en 2016 y 2017 con el cierre de Alpesca y de Guillford-; y a programas como “Mi primer empleo”, “Trabajar para incluir”, “Microemprendedores Proveedores del Estado”, “Fomento del Empleo” y “Soy emprendedor”.

Lo que está en observación, es concretamente el destino de subsidios a cooperativas y fundaciones para hacer obras o comprar herramientas para dar inicio a emprendimientos, como también los programas de capacitación. En la teoría, el fin es bueno, pero en la práctica, es absolutamente discrecional: dineros públicos destinados a proyectos que no se evalúan en cuanto a su viabilidad -si son rentables o no- y que, en muchos casos, no se verifica que los fondos se hayan gastado para el fin original.

La investigación original

Ya las primeras observaciones las advertía el Tribunal de Cuentas a la gestión anterior de Trabajo. En las auditorías se daba cuenta de muchas irregularidades que al parecer no fueron atendidas ni resueltas. Por ejemplo, hay casos de capacitadores que no presentan facturas o recibo oficial de sus honorarios, hay discrepancias en las planillas de los beneficiarios y no se adjuntan fotos de las capacitaciones.

La ley estipula que, una vez entregado el monto de un subsidio, hay un plazo de 30 días para gastarlo y luego 60 días para rendir el gasto, algo que debería hacer el mismo beneficiario, pero que -en muchos casos- lo hacía la misma área de Trabajo. Y ahí empiezan las cosas “raras”: ¿cómo explicar que la factura en un comercio informada a Afip sea de $ 5 mil y luego la copia que aparece rendida diga que se gastaron $ 500 mil?

Otra cosa “extraña”: llama la atención que muchas cooperativas de la zona del valle hayan ido en todos los casos a comprar insumos de todo tipo al mismo comercio de Rawson, que funcionó como multi rubro, abarcando desde ferretería, pasando por casa de limpieza, hasta almacén.

Tanto desde el Tribunal de Cuentas como desde la Oficina Anticorrupción, no cierra un punto clave: si un subsidio no se rindió en tiempo y forma, ¿cómo un funcionario autoriza que a la misma organización responsable de esa falta se le otorgue nuevamente otro cheque? Una regla básica del cuidado de fondos públicos que al parecer no se cumplía.

Otro dato llamativo: no hay dictámenes de personal competente que evalúe la viabilidad de un proyecto, por lo que si alguien quería poner una panadería, nadie verificaba si en la misma cuadra había otras tres panaderías, pero en cambio no había ninguna gomería o taller mecánico en todo el barrio, por poner un ejemplo gráfico.

Las irregularidades son muchas: se informan compras de herramientas pero no se adjuntan fotos y nadie sabe dónde están guardadas; o también, se presentan facturas con un código QR que al ser abierto remite a cualquier lado, es decir que fueron adulteradas; o en otro ejemplo, aparecen destinatarios de capacitaciones que hicieron desde la cárcel 10 cursos de todo tipo: son siempre los mismos nombres y el mismo listado.

Un caso puntual y muy gráfico por lo burdo: el tesorero de una fundación emitió una factura de una filmación, edición y compaginación de un video para un curso on line por $ 250 mil, y la auditoría plantea con lógica que es incompatible ser beneficiario de un subsidio y contratarse a sí mismo.

Por supuesto que muchos errores pueden atribuirse a desconocimiento o negligencia, pero la investigación fue avanzando, y al repetirse de manera notoria algunos nombres, surgió la inquietud: ¿y si había organizaciones que corrían con el caballo del comisario y se quedaban con muchos más fondos que el resto?

La punta del iceberg

Todo lo anterior ha trascendido en una primera parte, con una denuncia original acercada por Diego Carmona al fiscal Omar Rodríguez contra titulares de algunas cooperativas de trabajo, con un material que está siendo analizado para ver si termina en una causa penal: en principio, ya se detectaron maniobras sospechosas en los movimientos de algunas cuentas bancarias. Pero hasta aquí nadie había apuntado contra funcionarios.

El dato novedoso y exclusivo de esta columna, a partir de algo que ocurrió esta misma semana, es una nueva denuncia que apunta con nombre y apellido contra cuatro ex funcionarios: el ex secretario de Trabajo y ex ministro de Gobierno de la anterior gestión, Cristian Ayala; el ex secretario de Trabajo, Tobías Gaud; el ex subsecretario de Recuperación y Promoción de Empleo, Rolando Linares; y el ex director general de coordinación de Empleo, Gabriel Cymerman.

La sospecha de un supuesto cohecho (también conocido en lenguaje popular como coima o retorno) volcada en la denuncia presentada por Omar Auteri ante el fiscal Carmona, apunta a un modus operandi entre los mismos actores que se repiten a lo largo de 18 expedientes de los períodos 2022 y 2023, por un monto total de $ 34.846.175. En todos los casos, están destinados a la Fundación Coincidir de Puerto Madryn, perteneciente a los hermanos Luis y Marcelo D´Angelo.

En la denuncia se enumeran proyectos como “Patagonia Recicla” por $ 15 millones; y cursos en manipulación de alimentos con prácticas profesionales de cocinero y otro de repostería por $ 4,5 millones cada uno.

Además hay varias capacitaciones en instalación de paneles solares, instalación de alarmas domiciliarias, mantenimiento de espacios verdes, reparación de PC, reciclado de prenda textil, carpintería, o auxiliar en servicios de catering. Incluso figura el proyecto para la construcción de la sede para la fundación, todo un privilegio.

En casi todos los casos, la auditoría observa irregularidades en las rendiciones, y cómo se siguieron otorgando fondos a la misma fundación sin que haya informado en qué gastó otros dineros anteriores. Además, se observan inconsistencias e incompatibilidades en la facturación, y hay discrepancias entre las altas y las bajas de beneficiarios de las capacitaciones.

En resumen, quien ve cada uno de los expedientes llega a la conclusión de que el estado no tiene manera de comprobar si esos 35 millones de pesos otorgados en 18 proyectos se gastaron todos en capacitaciones y si efectivamente llegaron a los destinatarios.

La teoría de Auteri -quien sospecha que puede estar ante un delito y por eso tiene la obligación de denunciarlo- es que se podría demostrar una connivencia entre los hermanos D´Angelo, que recibían enormes sumas de subsidios de manera permanente -a pesar de no cumplir con las rendiciones-, y los funcionarios que se las otorgaban.

Si habla de cohecho, es porque sospecha que había una indicación de los funcionarios de habilitar la bajada de fondos por montos millonarios, que luego nadie puede comprobar si efectivamente se gastaban con el fin original, y que podrían haber sido repartidos entre beneficiarios y otorgadores. Una acusación grave que de ninguna manera está aún probada, y que requiere una gran cantidad de material documental y testimonial para pasar a ser un caso judicial.

La denuncia la tiene el titular de la Oficina Anticorrupción, que es Diego Carmona, un abogado que pertenece a un órgano del Poder Legislativo. Si entiende que hay pruebas contundentes, el tema puede pasar a la justicia, concretamente al fiscal de la agencia de delitos contra la administración pública, Omar Rodríguez, quien deberá iniciar una investigación preliminar.

Cómo sigue

Los próximos pasos de la Oficina Anticorrupción, que reunió gran material entre las oficinas de Puerto Madryn y Rawson, será ir pidiendo más información, pero especialmente verificar a partir de testimonios de empleados de Trabajo, si había algún tipo de orden expresa de que había expedientes que debían avanzar más que otros.

Si lo denunciado por Auteri es corroborado con cruce de información con Afip y cuentas bancarias, más testimonios, habrá seguramente una etapa más formal ya en el Ministerio Público Fiscal, que puede avanzar en medidas de instrucción concretas, como por ejemplo pedir el secuestro de teléfonos celulares y analizar chats.

La denuncia habló de cohecho, una figura muy difícil de probar. Pero hay otras situaciones que podrían surgir en la investigación y dar lugar a acusaciones como defraudación al estado, malversación de fondos públicos y hasta falsificación de documentos públicos, algo que ya se observó en expedientes respecto al monto de facturas.

El monto que está en estudio, además de los $ 35 millones de la Fundación Coincidir, suma unos $ 50 millones en total otorgados por la secretaría de Trabajo entre 2021 (período en que estaba Cristian Ayala) y 2023 (completó el mandato Tobías Gaud), agregando otros casos sospechosos de distintas cooperativas de trabajo, todos provenientes de la tasa del 8 por mil.

Lo que llamó la atención de los denunciantes es que hay uno de los expedientes, el último adjuntado, que no pertenece a Trabajo sino al Ministerio de Gobierno, y lleva la firma también de Ayala a la misma fundación de los hermanos D´Angelo, también en concepto de subsidios.

Más allá de lo que ocurra con la investigación judicial, el caso pone nuevamente sobre el tapete un fondo que surge de una tasa que este año superará los 6 mil millones de pesos, y que consiste en una carga extra para el sector privado para dineros que no son manejados de una manera del todo transparente y, además, que son absolutamente discrecionales.  

En la práctica, dan la sensación de haberse convertido en una “caja” muy apetecible para la política, que se vuelve una tentación a la hora de decidir a dedo quién se queda con esa plata. 

De mínima, debería apuntarse a un sistema más eficaz y transparente: nadie dice que pongan los requisitos que tiene un banco, pero alguna vez sería bueno que un funcionario entienda que administra fondos públicos que le pertenecen a todos los chubutenses y que, si se los invierte bien, pueden ser de una enorme ayuda para mucha gente que necesita capacitarse en serio y convertirse en mano de obra calificada o empezar su micro pyme.