Menna: “La adhesión al RIGI no deroga la ley 5001”
Reconoció, sin embargo, que en el proyecto de adhesión a esa norma nacional se podría dejar salvada la vigencia de la norma provincial y sin ser afectada por los incentivos a las grandes inversiones.
El vicegobernador Gustavo Menna ambién se refirió este lunes al próximo tratamiento de la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por parte de la Legislatura de Chubut, cuyo costado más polémico se vincula a interpretaciones de que podría reabrir la puerta a la minería.
Tal como informó el periodista Pablo Vernazza en su columna política del domingo en ADNSUR, el contenido de la ley nacional sostiene que cualquier norma provincial que se oponga debe ser declarada nula, lo que abrió la interpretación a que esto podría anular la ley 5001, que impide la minería en Chubut. El texto del artículo 165 de la ley nacional dice lo siguiente:
“Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.
MENNA: “LA LEY NACIONAL NO ANULA NORMAS PROVINCIALES”
Sobre el tema, Menna opinó que la duda puede quedar totalmente despejada al momento de tratarse el tema en la Legislatura provincial. Y si bien recordó que el Ejecutivo aún no ha enviado el proyecto de adhesión, aseguró que la norma nacional no puede pasar por sobre normas provinciales como la ley 5001, de zonificación minera.
“En cuanto al debate, si el RIGI deroga o no leyes provinciales, mi respuesta es que no, porque no podría una ley nacional anular leyes provinciales dictadas en el marco de las atribuciones constitucionales de Chubut. Lo que sí plantea que no se pueden contraponer normas locales, pero en todo caso, para salvar esa situación, se podrá hacer la excepción o la salvedad, respecto a lo que dispone la ley 5001 al momento de adherir”.
En concreto, indicó, se podría votar una norma de adhesión al RIGI, haciendo explícita mención a que el alcance de los incentivos no implica la nulidad de una ley provincial que limita actividades como la minería en Chubut.
“Es una cuestión técnica, porque la decisión política de la adhesión o no la define el gobernador, quien ha adelantado que enviará la iniciativa -reseñó Menna, en diálogo con Actualidad 2.0-. Nosotros vamos a poder emitir una opinión una vez que esté presentado el proyecto de ley”.
RECLAMOS ANTIMINEROS: “NO PODEMOS NORMALIZAR QUE SE IMPIDA SESIONAR A LA LEGISLTURA”
Menna se refirió también a la decisión que tomó el viernes pasado para pedir el desalojo de la barra, cuando la Legislatura sesionaba por otros temas y había manifestantes anti-mineros, expresando su oposición a la adhesión al RIGI.
“En realidad, lo que había era una perturbación de la sesión, un impedimento porque permanentemente se interrumpía a los diputados que estaban haciendo uso de la palabra -relató-. Se los agredía incluso con mucha mala educación y no estaba en tratamiento ni el RIGI ni nada que se le parezca, porque aún no hay proyecto de ley. Lo cierto es que el reglamento no permite interrumpir la sesión, porque es lo mismo que interrumpir una audiencia judicial. Además, el Código Penal contempla, como una figura específica, el impedir el desarrollo de una audiencia judicial o de una sesión legal, por lo que estas actuaciones fueron giradas al Ministerio Público”.
Ante la consulta de si esto podría ser un anticipo del clima en que sesionarán los diputados al momento de tratar la adhesión al RIGI, Menna dijo no está pensando en esa discusión, sino que no se debe normalizar que la Legislatura no pueda sesionar, “por determinadas presiones o por determinadas medidas de fuerza. Esto hay que garantizarlo, porque si no, vamos a entrar otra vez en esas situaciones que son incluso contrarias a la Constitución. Una cosa es la expresión de una posición política, a favor o en contra, de la protesta, pero otra cosa es pretender impedir que un jugador del Estado funcione y eso no lo vamos a aceptar”.