Minería, la actividad prohibida que genera dudas en la previa de la adhesión al RIGI en Chubut

Qué postura adoptará cada provincia respecto al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la herramienta incluida en la Ley Bases para atraer radicaciones de proyectos por más de 200 millones de dólares, es el tema político del momento en el país, y Chubut no es la excepción.  

Cuando regresen las sesiones ordinarias en agosto, este tema dominará la primera parte de la agenda en la Legislatura, por lo que se está a la espera de la redacción del proyecto de adhesión que envíe el Poder Ejecutivo: no hay dudas de que se aplicará el RIGI, pero se aguarda la letra fina en medio de una polémica: ¿la norma nacional puede avasallar la legislación local?

Tal como quedó votado en el Congreso, este régimen apunta a 7 actividades económicas, que son forestoindutria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. En Chubut, la minería existe (se explota caolín y pórfidos, por mencionar dos actividades de baja escala) pero la “megaminería” sigue siendo un asunto tabú, rechazado varias veces para falta de licencia social.

La explotación minera metalífera a gran escala, a cielo abierto y con uso de cianuro, está prohibida desde 2003 -luego del plebiscito de Esquel- por la Ley 5001. Más allá de los intentos de gobiernos como los de Martín Buzzi y Mariano Arcioni -que llegó a una zonificación de la meseta que luego debió ser derogada- la prohibición de esta actividad se mantiene vigente hace más de 20 años.

A la hora de analizar los alcances de la Ley Bases, hay un debate entre los especialistas. Están los que afirman que de ninguna manera este nuevo régimen avanza contra la autonomía de las leyes locales que regulan los recursos. Y están los abogados constitucionalistas que advierten que la adhesión anularía cualquier normativa previa que limite los beneficios del RIGI, lo que podría vulnerar la autonomía de provincias y municipios.

Como el objetivo de la ley de la gestión Milei apunta a generar “seguridad jurídica” a los inversores, se introdujo un artículo que dispone la invalidez de cualquier otra norma preexistente que sea contraria a los beneficios y exenciones que crea el RIGI, para asegurarles que no habrá ninguna sorpresa.

El punto clave es la redacción del artículo 165 publicado en la versión final en el Boletín Oficial, que reza, “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.

Para muchos, esto -sumado a la delegación de la jurisdicción a manos de tribunales arbitrales internacionales- implica que la adhesión a la ley de Bases, habilitaría a la no aplicación de normas vigentes y sancionadas anteriormente, lo que -para los expertos- implicaría una supuesta vulneración de competencias provinciales”.

Por lo pronto, la vecina provincia de Río Negro fue la primera del país en sumarse a la norma, que todavía no está reglamentada por Nación, dado el apuro del gobernador Alberto Weretilneck por arrebatarle a Buenos Aires una inversión de alrededor de US$50.000 millones de Petronas, la petrolera con sede en Malasia, para una planta de licuefacción de gas.

Además de Chubut, también han anticipado que van a adherir San Juan, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Salta, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Corrientes y San Luis. Pero ¿cuáles son los alcances de esta nueva ley y por qué tantas expectativas en nuestra provincia?

Qué es el RIGI

Este régimen de alivio fiscal y garantías jurídicas que busca atraer inversiones, establece un plazo de adhesión de 2 años a partir de su entrada en vigencia -el cual podrá prorrogarse por el Ejecutivo Nacional, por única vez, por un período de hasta 1 año- en el cual podrán adherirse lo que se llama “vehículos de proyecto único”, también llamados VPU, que sean titulares de una o más fases de un único proyecto que califique como “Gran Inversión”.

La Ley considera “Grandes inversiones” a los proyectos que involucran la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos afectados a actividades con un monto de inversión en activos computables igual o superior a U$S 200 millones.

Los derechos e incentivos adquiridos bajo el RIGI se considerarán INVERSIONES PROTEGIDAS y toda controversia se resolverá mediante arbitraje internacional, eligiendo el inversionista ya sea la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), Cámara de Comercio Internacional (CCI) o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Quienes adhieran tendrán una tasa impositiva del Impuesto a las Ganancias reducida del 25% en comparación con la tasa general del 35% para empresas de “altos ingresos”. También hay una reducción de la carga impositiva de retención sobre pagos específicos realizados por emprendimientos de largo plazo a beneficiarios extranjeros y se computará el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Además, los VPU pueden liquidar el IVA sobre compras, construcción, fabricación e importaciones de activos fijos, o sobre inversiones en infraestructura y servicios esenciales para el desarrollo de proyectos, utilizando Certificados de Crédito Fiscal negociables, lo que les permite a las VPU pagar solo el importe neto facturado por el proveedor (sin IVA).

A los VPU se les garantiza la importación y exportación sin restricciones de bienes y servicios, libres de cuotas, restricciones o medidas impuestas por el gobierno que afecten los valores de los artículos comercializados.

Los bienes de capital, repuestos y componentes importados por VPU están exentos de derechos de importación, derechos de estadística y cualquier otra retención fiscal nacional o provincial. Las exportaciones están exentas de impuestos a la exportación después de tres años desde la aprobación del proyecto.

Implica además el fin del cepo: las regulaciones actuales exigen que los exportadores entreguen la mayor parte de sus ingresos de exportación en divisas al Mercado de Cambios de Argentina, pero el RIGI ofrece una excepción, que permite a las VPU a retener una porción cada vez mayor de sus ingresos de exportación en su moneda original: 20% a partir del segundo año, 40% a partir del tercer año, 100% a partir del cuarto año en adelante.

Además se otorgan a los inversores garantías legales de estabilidad: los VPU se benefician de un régimen de estabilidad de 30 años en materia fiscal, aduanera y cambiaria. Los VPU están sujetos a los impuestos directos vigentes a la fecha de aprobación de su proyecto de inversión. Después de esa fecha no se les aplicarán impuestos directos nuevos o incrementados.

Expectativa provincial

En el caso de Chubut, la expectativa de las mayores inversiones está puesta en el sector de los hidrocarburos, tal como varias veces lo expresó durante el tratamiento de la Ley Bases el gobernador Ignacio Torres.

En lo que refiere a la actividad hidrocarburífera, hay que recordar los dichos del ministro Federico Ponce, ya reflejados por ADNSUR semanas atrás: “el mayor beneficiado por el sistema de incentivos es la industria petrolera No Convencional, particularmente en lo que hace a la planta de GNL, que está hoy en debate, y todo lo vinculado a infraestructura de transporte, ya sean oleoductos o gasoductos. En esos ámbitos, nosotros en Chubut no tenemos cuellos de botella, pero sí vemos potencial en obras de transmisión eléctrica y proyectos vinculados a energías limpias y en especial el hidrógeno”.

De todos modos, el ministro reiteró la ventaja que significará para la provincia la desregulación del mercado petrolero, previsto en la ley Bases, por la equiparación del precio del petróleo con los mercados internacionales.

Con relación a la adhesión provincial al RIGI, más allá de que la estabilidad fiscal ya está garantizada por ley nacional, una garantía adicional para proyectos como los mencionados sería la de no aplicar cargas impositivas vigentes en la provincia, como los impuestos a los Ingresos Brutos o a los Sellos. 

Hay otro aspecto, que fue mencionado también por el funcionario, que puede implicar un beneficio indirecto para Chubut y la cuenca San Jorge en general, a partir del anuncio de Pan American Energy para la contratación de un buque para la licuefacción de gas.

Si bien ese proyecto enlaza directamente con la producción de Vaca Muerta, se prevé que el hecho de contar con un mercado estable para la exportación de gas, con buenas señales de precios y demanda estable, implicaría una nueva opción para el gas producido en el sur del país.

Sumado a esto, si el buque se ubicase en Río Negro, hoy el principal gasoducto que llega hasta ese punto es el San Martín, si bien está claro que para la planta de GNL que construirán YPF y Petronas, si gana la provincia rionegrina frente a Buenos Aires, se construirá un gasoducto desde Neuquén.

“Esto no provocaría una explosión de pozos gasíferos en San Jorge, pero sí sería una opción de mercado estable, en lugar de cerrar producción cuando hay baja demanda (en verano), o incluso funcionaría como un incentivo para generar energía eólica, en lugar de utilizar gas para generar electricidad, exportándolo a precios más atractivos”, comentó una fuente con profundo conocimiento del sector. 

Por otro lado, el gobernador Ignacio Torres estuvo esta semana reunido con el embajador alemán en Argentina, Dieter Lamlé, con quien abordó precisamente este tema. Según se pudo saber, hay un enorme interés de ese país europeo en la proyección de industrias como la del Hidrógeno Verde, y se habló de una organización de una próxima visita con posibles inversores a la región.

Básicamente, el RIGI es un sistema que otorga beneficios impositivos, tal como Chubut ya viene haciendo en otras actividades, por caso el Turismo, con una Ley de Promoción de Inversiones que ya confirmó el interés de cuatro emprendimientos hoteleros para los próximos meses. 

Pero además, se piensa trasladar ese régimen a otras áreas, como por ejemplo la ley aprobada por la Legislatura el último viernes de promoción de la industria naval, para potenciar por ejemplo el desarrollo del astillero en el Puerto de Comodoro Rivadavia.

Minería, la piedra en el zapato

La historia de Chubut y la minería (también llamada popularmente mega minería) tiene un punto de inflexión: el plebiscito en Esquel del 23 de marzo de 2003 que finalizó con un rotundo NO a la explotación del proyecto Cordón Esquel por parte de Meridian Gold, y que derivó luego el 8 de mayo de 2003, en la sanción por parte de la Legislatura de la Ley 5001 -actualmente Ley XVII Nº 68- que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro.

Aquella ley establecía que en el plazo de 120 días se podían establecer zonas de excepción, plazo que nunca se cumplió, y recién dos décadas después, con la ley impulsada por la gestión Arcioni en diciembre de 2021, se daba vía libre al Proyecto Navidad en la meseta. Pero ante el rechazo social debió ser derogada una semana después.

También hay que recordar que dos veces la Legislatura impidió que se convierta en ley una regulación de amplias prohibiciones a la actividad extractiva a partir del mecanismo de Iniciativa Popular, que había reunido miles de firmas de vecinos de la provincia, pero que no tuvo eco en la Cámara de Diputados.

El gobierno de Javier Milei tiene especial interés en el desarrollo de explotaciones mineras y esto quedó específicamente plasmado en la Ley Bases y el capítulo del RIGI, que menciona a esta actividad como una de las alcanzadas. Pero en Chubut, no existe licencia social para su explotación, algo que ha reconocido en varias ocasiones el gobernador Ignacio Torres.

Por ello, en estas horas se trabaja desde el Ejecutivo en una redacción de una ley de adhesión al RIGI que puede aclarar esta cuestión de dos maneras: una sería dejar afuera directamente a la minería en uno de los artículos. La otra, aclarar que la adhesión no avanza en los alcances de la Ley provincial 5001 de 2003, que sigue vigente.

Justamente se impone como algo necesario para despejar fantasmas ante una redacción “dudosa” de la ley aprobada por el Congreso, que pone en vilo a los constitucionalistas en lo que respecta al impedimento a que leyes locales quiten derechos a los inversores y, para colmo, bajo el arbitrio de tribunales internacionales.

Está claro que, a nivel nacional, los diputados (mayoría justicialistas) de Unión por la Patria, votaron con las dos manos en contra de esta legislación. ¿Esto significa que los diputados de Arriba Chubut harán lo mismo llegado el momento? Es probable, al igual que el legislador del Frente de Izquierda.

De todos modos, al oficialismo de Despierta Chubut (17 diputados sumando a Daniel Casal) le sobran votos para lograr la aprobación, siempre y cuando se hagan las aclaraciones del caso respecto a la minería, lo que daría argumentos a los legisladores que ya tienen una postura fijada, como los cordilleranos.

Corre la cuenta regresiva para un tema polémico. En el gobierno chubutense, hay gran interés por lo que puede implicar en el arribo de inversiones de gran magnitud, pero debe hacer los deberes para que el tema no se convierta en un dolor de cabeza inesperado. Un trabajo para la “política” que ya prepara el terreno de la negociación de la letra chica.