Pagaron cerca de $300 mil para recibir una vivienda del IPV, los estafaron y los imputados quieren indemnizarlos
El fiscal Héctor Iturrioz habló con ADNSUR y se refirió a las audiencias que se desarrollarán por la causa que investiga la asociación ilícita que adjudicaba viviendas del IPV a cambio de importantes sumas de dinero. Los damnificados son más de 200 en Comodoro Rivadavia.
Pagaron cerca de $300 mil para recibir una vivienda del IPV, los estafaron y los imputados quieren indemnizarlos. Foto: archivo.
La audiencia preliminar de la Causa “IPV II” estaba prevista desarrollarse este jueves y viernes en la oficina judicial de Comodoro Rivadavia. La justicia investiga una asociación ilícita que operaba adjudicando viviendas sociales a cambio de importantes sumas de dinero, entre otros delitos.
Tiene como coimputados a: Maximiliano González, Griselda Fanny Jonás, Gloria Edith Vargas, Claudia Soledad Britez, Ariel Alberto Villagrán, Marcela Griselda Soria, Luis Alejandro Linco, Exequiel Manuel Villagra, María Elizabeth Monsalve, Patricia Soledad Pereira, Vanesa Ayala y Viviana Millaquen . Los damnificados son 227.
El fiscal Héctor Iturrioz confirmó a ADNSUR que la primera jornada podría posponerse porque hay un defensor con problemas de salud y afirmó que “esto sería de utilidad porque hay algunos de los imputados que, tuvieron un rol menor, mostraron su intención de reparar a las víctimas”.
El fiscal Héctor Iturrioz confirmó que hay algunos imputados que buscan resarcir a las víctimas. Foto: ADNSUR
Y señaló que si bien hay una “actitud político criminal” las víctimas pertenecen a un sector vulnerable en lo económico - social y por eso , reconoció que por cuestiones formales, “yo no puedo oponerme a que ellos reciban la reparación. Yo quiero que reciban la reparación”.
La reparación económica con que serían resarcidas las víctimas sería “la suma que abonaron debidamente actualizada”, en caso de que la propuesta no sea esta, "si no es integral la reparación no habrá posibilidad de acuerdo alguno", aclaró el fiscal a este medio.
El "clan" cobraba sumas que iban de $ 150.000 hasta la suma de $ 300.000 para garantizar una suerte de “Adjudicación Directa”, la que implicaba sortear todos los procedimientos legalmente impuestos por el IPV.