Por qué la sangre no llegó al río: amagues y contraoperaciones en una jornada cargada de tensión en la Legislatura
La previa venía caliente por el ataque del gobernador Torres a la oposición por el uso de viáticos. El contragolpe estaba preparado con un pedido de informes por millonarias contrataciones a empresas de comunicación. Por qué finalmente el bloque opositor se fue al mazo y el rol clave que jugó Guillermo Aranda.
Si bien los títulos de tapa del jueves se los llevaron las leyes de Extinción de Dominio y de Promoción de Inversiones Turísticas, ambas con votos del oficialismo y la oposición, lo más jugoso de la última sesión de la Legislatura que se prolongó más de 10 horas, no estuvo adentro del recinto, sino afuera.
Quien haya visto la primera temporada de la exitosa serie House of Cards, recordará que las historias transcurrían en el Congreso de los Estados Unidos, pero ninguna escena era sobre los debates y votaciones en las sesiones, sino que toda la trama transcurría en oficinas, cafés y pasillos.
Hay un teatro de operaciones que es público, que es transmitido en vivo a toda la provincia, pero es tras bambalinas de ese show donde todo se trabaja y se acuerda previamente. Incluso a veces, las negociaciones se van cocinando en el mismo devenir de la sesión, como pasó este jueves, con funcionarios del gobierno en las barras y diputados nerviosos levantándose de sus bancas.
La previa venía ya picante con legisladores opositores ofendidos por las operaciones del gobierno filtrando información sobre el uso de viáticos. El mismo Ignacio Torres había aludido al tema en su última visita a la Cámara una semana antes, y después se conocieron los datos de las resoluciones aprobadas en los primeros meses del año.
En informes que circularon en algunos medios, quedaron expuestos los gastos de los legisladores por más de $ 13 millones en viajes y estadía, donde los peor parados eran los diputados de Arriba Chubut encabezados por Gustavo Fita -quien responde Juan Pablo Luque y era la figura apuntada por el gobierno- y Vanesa Abril.
Pero también figuraba entre los más “viatiqueros” el oficialista Fabián Gandón, quien -dicen- habría recibido una seria reprimenda de parte del mandatario chubutense.
Esta operación provocó una enorme calentura entre los diputados aludidos y provocó que -por ejemplo- el justicialista Emanuel Coliñir le respondiera al gobernador Nacho Torres que se ocupe de sus asuntos y que deje de entrometerse y respete la independencia de otro poder.
Incluso el mismo diputado de Trelew, en el medio de la sesión y a través de declaraciones periodísticas, había anticipado que el bloque trabajaba en un pedido de informes para aclarar una serie de contrataciones de la Secretaría General de Gobierno que se habían publicado en el Boletín Oficial.
El final de la historia fue que el bloque de Arriba Chubut no presentó ningún pedido de informes y más allá de alguna alusión lavada, del tema casi no se habló en la sesión. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cuántas reuniones hubo y quiénes participaron? ¿Hubo amenazas o sólo se amagó con el famoso “carpetazo”? A continuación, todos los detalles.
El nudo de la cuestión
No es común que asista a una sesión y se quede durante horas el secretario general de la gobernación, Guillermo Aranda, mano derecha del gobernador Ignacio Torres. El jueves llegó a las 11 a la Legislatura y se quedó hasta el final, siendo protagonista de reuniones fuertes y ásperas con diputados de la oposición.
El funcionario estuvo acompañado por el subsecretario de Información Pública, Ramiro Outeda, y llegó con una carpetita que contenía algunos papeles, aparentemente contratos de publicidad firmados en otros tiempos, para ser mostrados en el momento clave.
¿Cuál era el tema que generaba tanto ruido? La oposición tenía redactado un proyecto de resolución para exponer y someter a votación en la sesión, una serie de cuatro contrataciones publicadas en el Boletín Oficial del pasado lunes 3 de junio, a tres empresas de comunicación, realizadas por el área que conduce Aranda, de manera directa.
En la sumatoria total, el monto alcanza los $ 1.500 millones, divididos en 8 cuotas entre abril y diciembre. Concretamente, involucra a las firmas P&P Social Media S.R.L. por $ 314.600.004, Adyouwish S.R.L. por $ 438.499.998 y dos contratos con la firma Smart Consumer S.A., uno por $ 543.400.002 y otro por $ 203.499.999. En todos los casos, se habla de “servicio integral de comunicación”.
El tema ya había motivado una reunión entre Aranda y los diputados de su bloque el día previo a la sesión, y el mensaje del gobierno es que no había nada que ocultar, y que el monto global es importante porque es para todo el año. La explicación oficial es que se trata del financiamiento de campañas publicitarias del gobierno, vinculadas a vacunación, el censo de empleados públicos y promoción turística, entre otros temas.
Los contratos cuestan una suma cercana a los $ 200 millones mensuales, pero el Ejecutivo insiste en que no hay nada turbio, es todo legal, y si bien preparó a sus soldados para el debate en el recinto, en paralelo hubo una estrategia que funcionó, con un mensaje hacia la oposición: “si van a buscar lío, más vale que no tengan ningún trapo sucio, porque va a haber vuelto”.
La apuntada
El punto débil del bloque Arriba Chubut en este tema, tiene nombre y apellido: Vanesa Abril. Se trata de la ex subsecretaria de Información Pública durante los últimos cuatro años y medio de la gestión anterior de Mariano Arcioni. Justamente, la encargada de firmar los contratos de publicidad del gobierno durante mucho tiempo, en el que pasaron tres campañas electorales (2019, 2021 y 2023).
Y aquí volvemos a la famosa carpeta que llevó bajo el brazo Guillermo Aranda, y que estuvo dando vuelta en varias reuniones subidas de tono durante el desarrollo de la sesión el mismo jueves. No la vimos, pero cuentan que tenía un solo papel: el contrato con la agencia porteña Ronda 360 durante la gestión pasada.
Aparentemente, una de las advertencias del gobierno, fue que contaban con documentación que mostraba que en la gestión de Vanesa Abril como subsecretaria, se habrían hecho contrataciones de campañas publicitarias (una suma de $ 1.000 millones sólo en 2023) en las que -a modo de certificación de servicios- se habrían encontrado adjuntadas imágenes de actos de proselitismo previo a las elecciones.
Si el dato es correcto, el gobierno habría enviado un mensaje de la posible comisión de un delito, consistente en el uso de fondos públicos para gastos de campaña electoral, lo que -si se investiga un poco más- podría terminar en una denuncia penal.
Este carpetazo generó una serie de reuniones y una crisis de nervios que duró buena parte de la sesión. Hubo gritos, hubo nervios, hubo agravios (el uso de “mensaje mafioso” estuvo en el aire), y mucha negociación. No por casualidad se convocó a tres cuartos intermedios, y la sesión sufrió tantas interrupciones.
La primera reunión fue al mediodía entre Aranda y el presidente de bloque, Juan Pais. con un contenido como el mencionado más arriba: “si ustedes van con el informe de los contratos, nos obligan a sacar lo que firmó el gobierno anterior”. País trasladó el mensaje al resto del bloque, y allí estalló todo.
Cuentan que Abril dijo a sus colegas que ella estaba tranquila y no tenía nada que ocultar, por lo que si la mayoría lo decidía, iban a fondo. “No se frenen por mí”, pidió la ex subsecretaria de Información Pública, siendo Emanuel Coliñir el más exaltado y dispuesto a ir hasta el final y redoblar la apuesta. “No voy a permitir que vengan a amenazar a una compañera de mi bloque, hasta acá veníamos bien, pero se fueron al pasto”, cuentan que dijo a los interlocutores del gobierno.
Luego Coliñir y sus compañeros Fita y Pais, participaron de otra reunión en el despacho del presidente del oficialismo, Daniel Hollman, quien estuvo acompañado por Luis Juncos. Dicen que este cónclave -en medio de la sesión en la que se debatía una ley contra la ludopatía en ese momento- fue el más duro y elevado de tono.
“Ustedes son unos blanditos que se dejan manejar por el gobernador, Torres busca ensuciarnos con los viáticos y ahora no se bancan que le contestemos”, disparaban los diputados justicialistas a sus pares de Despierta Chubut, y señalaron que si un gobernador peronista hubiera tomado esa actitud, al otro día al menos la mitad del bloque propio se le hubiera plantado para marcarle la cancha.
Luego hubo un tercer encuentro, esta vez entre Aranda y Coliñir, dos jóvenes de la nueva camada, ambos del valle y formados en el peronismo, que se conocen y se respetan. Ahí, después de 40 minutos de mucha intensidad, terminó primando la opción de bajar un cambio: el pedido de informe no se iba a presentar, ante la advertencia y el compromiso de palabra de que era la última vez que el gobierno utilizaba la estrategia de la amenaza como arma de negociación.
Cómo queda todo
El final de la película, en resumen, es que el bloque de Arriba Chubut tenía una estrategia para salir a devolver al gobierno la atención por el ataque sobre los viáticos, y al final los diputados opositores se fueron al mazo. El motivo, aunque no lo quieran admitir, fue cuidar a una integrante que quedaba expuesta y que podía salir herida, como Vanesa Abril.
El gobierno tuvo el olfato para encontrar el punto débil y ni siquiera tuvo que jugar sus cartas, sólo mostró las patas de la sota. Fue una jugada arriesgada y al límite, pero le surtió efecto y mostró que no se iba a dejar atacar gratis.
Al final, el único que hizo alusión livianamente al tema fue el diputado Gustavo Fita, quien en la Hora de Preferencia desde su banca defendió el uso de viáticos como una “herramienta” de la labor legislativa y pidió al vicegobernador Gustavo Menna que no se deje invadir por Torres en el manejo independiente de la Cámara.
Luego señaló que hubo contrataciones de publicidad, pero ni mencionó a las empresas, y dijo que esperaba que estos fondos no se utilizaran para seguir siendo víctima de los ataques de los trolls a través de las redes sociales por animarse a criticar al gobierno. Una intervención lavada y a media máquina, comparada con lo que estaba previsto originalmente.
Luego tenía pedida la palabra Emanuel Coliñir, quien había advertido que iba a hablar del asunto, pero el bloque de la mayoría dejó a la sesión sin quórum. Sólo quedaron flotando sus declaraciones radiales de que las contrataciones “nos parecen un exceso, el gobernador armó un escándalo alrededor de $ 13,5 millones que serían la totalidad de viáticos en 6 meses" con lo que "buscaron desviar la atención y nos faltaron el respeto a los diputados” se quejó el legislador de Trelew.
La movida de los viáticos hizo ruido y dañó la relación del gobierno con la oposición, que hasta aquí era de un diálogo fluido. El tono de la última sesión fue duro: se discutieron las donaciones de vehículos decididas por el oficialismo, se atacó el estado de los edificios escolares, y se calificó de “una ley de la obsecuencia” la aprobada por el oficialismo para recordar el día que Torres usó la banca 28.
El tiempo dirá si la relación entre el gobierno y la oposición legislativa se rompió del todo o queda un espacio de negociación. El momento no parece propicio para abrir una tormenta, con la necesidad de mayorías especiales para temas como el pliego de Javier Raidan al Superior Tribunal o el futuro tratamiento del Código Electoral, que necesita 21 votos.
Lo que está claro es que el clima legislativo cambió, y que las sesiones -que tiempo atrás destacamos por el mejor nivel- cada vez se terminan desviando más a ataques personales y discusiones que se embarran en la chicana. Dependerá de ambos sectores no perder el eje y mantener el rumbo que había comenzado por un camino promisorio.