Raidan, el bombero para el incendio del STJ de Chubut: un outsider con la misión de ordenar el caos anárquico de disputas internas

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut no tiene paz. Lo que en su momento definimos como juego de tronos -que en realidad es una guerra de egos- es algo que se repite de manera crónica, aunque vayan variando los nombres de los protagonistas. El panorama sigue siendo igual o peor que antes, pero ahora con la expectativa de cómo puede impactar el inminente ingreso de una figura desconocida para todos, como Javier Raidan.

Las escandalosas internas de la corte no son novedad, se podría escribir un libro. Hace una década, los protagonistas eran Fernando Royer y José Luis Pasutti, enfrentados a Alejandro Panizzi, todo ventilado en un juicio político con ribetes de show de chimentos del espectáculo, entre amantes, papeles de caramelo y desafíos a peleas en la playa.

En 2022 surgió otra feroz interna, esta vez entre Mario Vivas y Daniel Báez, que derivó en denuncias penales por concursos arreglados, sumarios internos por el cobro de tasas, siguiendo con el administrador general jubilado a la fuerza, y finalmente con Báez renunciando al STJ por la amenaza de ser destituido por el oficialismo en la nueva Legislatura.

Ahora los protagonistas de la última guerra son -otra vez- Panizzi, en esta oportunidad con un adversario involuntario como Ricardo Napolitani, que prefiere el bajo perfil pero que no tiene otra opción porque fue subido al ring, como consecuencia de no haber dado la razón a su colega en un fallo.

La historia la publicó ADNSUR como primicia en la columna “El Poder entre Bambalinas” el pasado 16 de abril, cuando narró el origen del conflicto: fue a comienzos de marzo, por una causa en la que Panizzi denunciaba al abogado Enrique Maglione por una designación de un colaborador en tiempos en que era presidente del Consejo de la Magistratura.

La causa fue desestimada en dos instancias y llegó con las apelaciones hasta la Corte, en una demanda en la que Panizzi pretendía que a Maglione incluso se le quitara la matrícula de abogado. Al definir la cuestión, el ministro Napolitani junto al camarista Adrián Barrios -que actuó como conjuez- decidieron archivar el caso y poner punto final a la historia.

Al conocer la decisión, Panizzi estalló de furia y no pudo contenerse, al publicar en su cuenta de X: “hay jueces corruptos que avalan, perdonan o justifican la corrupción: Nap…Barr…Vaia, Vaia”. Un posteo en el que acusaba a sus pares de cómplices de un delito, y que era tan polémico, que luego fue borrado a las pocas horas.

Hay que recordar que Panizzi ya tiene un pedido de juicio político en la Legislatura por una situación similar: un vecino lo denunció por inconducta y muestra de falta de objetividad, por haber expresado una opinión política en la red social X, en la que preguntaba si el kirchnerismo es “lo peor que le pasó a la Argentina”.

Si bien por este posteo de marzo contra sus colegas, nadie volvió a denunciarlo, Panizzi inició una guerra a muerte contra su par de la corte, al que acusa -incluso dejando asentado su planteo en las actas de los acuerdos plenarios- porque con las recurrentes inasistencias de Napolitani a su trabajo “crea dificultades en la actividad del Superior y afecta el servicio de justicia”.

Dos versiones

El planteo de Panizzi, expresado en un acuerdo plenario del 21 de mayo, es que “Napolitani no reside en Rawson, lugar donde debería prestar servicios. Tampoco en localidades cercanas ni siquiera en el territorio de la provincia tal como lo ordenan el artículo 67 de la Carta Magna provincial y el artículo 11 de la Ley I N° 174”.

Indicó que por no estar Napolitani presente en la zona, “genera incontables inasistencias, con las consiguientes desventajas inherentes. Tales detrimentos consisten en suspensiones de audiencias, subrogancias improvisadas, demoras en la emisión de sentencias y resoluciones, ausencias intempestivas y sin comunicación de los acuerdos plenarios, etcétera”.

Cuestionó que Napolitani “no forme parte de resoluciones que deberían ser tomadas con la intervención de todos los ministros. Para sanear estas deficiencias es que intereso a los colegas a abordar el problema y adoptar la solución más razonable y justa” ya que “negar la existencia de un problema o minimizar su importancia implica distorsionar la realidad”.

Napolitani habló con sus pares, y respondió a las acusaciones. Les dijo que todas sus inasistencias están justificadas dentro del reglamento que regula la actividad judicial, ya que obedecen a que es el único responsable de su madre de 95 años que vive en Buenos Aires, a la que debe llevar al médico por un delicado tema de salud.

Incluso, en algún mes en el que se excedió en el uso de artículos, Napolitani pidió que le descuenten los días de inasistencia de su sueldo, algo inédito en una cabeza de poder. Y afirmó que ninguna actividad importante desde lo judicial se afectó por su conducta, ya que hay un orden de subrogancias, y una programación de audiencias que nunca se suspendió.

Para el juez oriundo de Comodoro Rivadavia, no hay motivos para semejante ataque a su figura, sólo cuestiones personales que obedecen a la bronca de Panizzi en su contra por no haber fallado a su favor. Afirma que no quiere ser parte de un escándalo ni hacer escalar la polémica hacia afuera, pero en la práctica la mala relación entre ambos contamina el ambiente y es el comentario de todos los pasillos en las oficinas de los tres poderes en Rawson.

No se dirigen la palabra, y más allá de que esto pueda pasar desapercibido en un acuerdo con cinco ministros, es más notorio el conflicto en la Sala Penal -que debido a la renuncia de Daniel Báez- tiene a Napolitani como subrogante natural, por lo que debe resolver los temas en conjunto con Camila Banfi y el mismo Panizzi. La situación es insostenible.

Orden

Desde el Ejecutivo se ve con mucha preocupación lo que sucede dentro de la corte. “Hay dos bandos, viven en la anarquía y se tiran carpetazos entre ellos, no están con la cabeza en el servicio de justicia; hace falta alguien que ponga orden y que la cosa funcione”, afirman preocupados desde la residencia oficial en Fontana 49.

Por eso, están esperanzados en el arribo de Javier Raidan, a quien ven como alguien que “labura, sabe y tiene roce” por lo que el objetivo es que llegue a poner orden. Por lo pronto, el abogado bonaerense va a integrar el lugar vacante en la Sala Penal que hoy subroga Napolitani, algo que todos los integrantes ven como positivo.

Los votos en Legislatura se dan por descontados -necesita 18- e incluso se cree que puede lograr varios apoyos de la oposición cuando se vote en 20 días, a pesar de que ahora el bloque de Arriba Chubut envía mensajes de que votará en contra. Nadie duda de que la llegada de Raidan está abrochada, por lo que ya se prepara el terreno de su desembarco.

En el Ejecutivo están conformes con el trabajo de la actual presidenta, Silvia Bustos, en materia administrativa, ya que muestra predisposición a escuchar los planteos sobre el manejo presupuestario. Ante las advertencias de corte de chorro de dinero, el STJ no está dando todos los aumentos que fija la Corte Suprema, sino algunos, y la política salarial muestra más austeridad que en otras épocas.

De todos modos, se buscará con la llegada de Raidan, designar luego a un administrador general (el cargo que pertenecía a Héctor Capraro) que sea un técnico, profesional, que muestre manejo eficiente de los números. Además, se apuntará a lo que se considera fueron ingresos escandalosos a planta, que podrían revertirse. “Metieron masajistas, sobrinos, parientes, es un escándalo”, afirman en el gobierno.

Como se recordará, una denuncia penal de Báez ahora llega a juicio oral (el primero en la historia con jurado escabinado) contra un importante funcionario como Daniel Tejero por las sospechas en torno al proceso de selección de un juez de paz suplente en Gastre. El tema de los concursos y la cobertura de vacantes tiene sumarios internos pendientes, así como todo el escándalo por el manejo de tasas de justicia, donde hay otra denuncia penal, esta vez contra Ligia Pérez.

En este último tema trabaja la fiscalía de Puerto Madryn, que está en una etapa preliminar para determinar si hubo o no delito en la manera en que durante 2020 y 2021 se tomaron decisiones dentro de la corte sobre el cobro y el monto de las tasas de justicia. Para ello, se deberá analizar documentación sobre leyes y acordadas que regulan el tema en los últimos años, y citar a testigos que declararon en el sumario que recibían órdenes vía telefónica.

En resumen, hay un pedido de juicio político a Panizzi que espera definición, la fiscalía investiga el cobro de tasas, hay un juicio por supuestos concursos arreglados, hay sospechas sobre ingresos de parientes, hay una interna feroz entre dos ministros que no se hablan. Y a todo este panorama, se agrega un tema reciente que también es escandaloso y divide a la corte en dos: el cobro de horas extras en el Tribunal Electoral.

El caso Villani

Las sospechas por el informe “inflado” de horas extras de los integrantes del Tribunal Electoral durante el proceso de comicios que se hizo a lo largo de 2023 es el último escándalo que se suma a toda la lista que tiene ya el STJ, y en este caso, tiene una principal apuntada -con defensores y detractores- que es la secretaria Adriana Villani.

Los cuestionamientos parten del bando que en este caso integran Camila Banfi (que era la presidenta del TEP) y Alejandro Panizzi, con respaldo externo, por ejemplo, el procurador general, Jorge Miquelarena, y los más altos mandos del Poder Ejecutivo que miran el asunto con mucha atención.

Al observar la rendición de horas trabajadas, se observó con lupa que pudo existir un supuesto “exceso” en el informe de Villani, sobre su caso propio y el de sus principales colaboradores, todos funcionarios del Superior Tribunal de Justicia, porque el TEP no tiene equipo propio.

“Pasaron centenares de horas incluso de los meses de octubre noviembre y diciembre, casi un sobresueldo”, dicen por el lado de la parte acusadora, que amaga con un sumario y un posterior despido de la principal apuntada, que es Villani.

Pero por ahora, Villani tiene el respaldo de 3 de los 5 ministros, que son Bustos, Vivas y Napolitani. No dudan de su honestidad y afirman que el cobro de horas es correcto, ya que obedece a un enorme trabajo administrativo no sólo antes, durante y después a las elecciones provinciales del 30 de julio, sino a los comicios municipales en Corcovado y Río Mayo que se hicieron junto a los turnos nacionales, y todo el papeleo extra que la cuestión exige y que lleva mucho tiempo.

El problema para Villani es que hay figuras de mucho poder que la tienen “entre ceja y ceja” y afirman que se terminará yendo “por las buenas o por las malas”. En el gobierno no se sacan de la cabeza que en el proceso electoral Villani jugó fuerte para el bando contrario, y que hizo la vida imposible con total parcialidad en contra de los apoderados de Juntos por el Cambio.

En el oficialismo -que avanza con Gustavo Menna a la cabeza en un Código Electoral- no consideran a Villani una persona idónea para el cargo y con la nueva legislación, apuntan a crear una secretaría técnica que se haya especializado. Ven poco ético el cobro de horas extras y lo consideran una oportunidad para sacarla del medio.

Los defensores de Villani afirman que en el gobierno culpa a la secretaria como ejecutora, cuando en realidad las decisiones las tomaban los cinco integrantes del TEP. Este tema continuará latente por un tiempo, y la llegada de Raidan es probable que termine de volcar la balanza en algún sentido. Otro tema pendiente para resolver.

Perfil con roce

Javier Raidan no ha brindado una sola declaración desde que su nombre fue propuesto oficialmente para el STJ, y quienes lo conocen, dicen que cultiva el perfil bajo. Sin embargo, su trabajo como abogado particular, muestra que sus contactos son de alto perfil, y que tiene mucho apoyo de los estratos más altos del Poder Judicial de la Nación.

Así surge del expediente completo de 200 hojas enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, al que tuvo acceso ADNSUR y que fue motivo de un informe especial esta semana. Por un lado, los respaldos de más de 50 figuras del ámbito académico, judicial y privado, sobre todo del fuero federal.

Entre las adhesiones, se destacan figuras como el juez Ariel Lijo, o Ricardo Gil Lavedra, y en Chubut, sólo el apoyo del juez Jorge Odorisio de Comodoro Rivadavia. En la vereda opuesta, objetan su figura el resto de los magistrados provinciales y los colegios de abogados locales: cuestionan que no se proponga a una mujer, que sea una persona que no reside en Chubut y que no tiene formación en derechos humanos.

Tuvo gran repercusión el informe respecto a los clientes declarados por Raidan, entre los que hay empresas de gran envergadura y conocidas figuras del ambiente político, del rock y del fútbol, y causas penales de enorme repercusión nacional. Claramente, el estudio Raidan & Asociados no pasa desapercibido.

En el gobierno entienden que al abogado “lo banca todo Comodoro Py”, lo que -de ser cierto- habla de su influencia y su peso, que lo ubicaría en un rol clave en el STJ. En materia judicial, viene con un proyecto anti narco bajo el brazo, y con vínculos con organismos que luchan contra el lavado.

En materia administrativa, Raidan -que es un outsider que nunca estuvo en el Poder Judicial- deberá integrarse a un órgano colegiado con muchas mañas y malos hábitos arrastrados hace tiempo. Deberá seguramente interferir en polémicas internas, buscando ser el voto que vuelque la balanza, con total respaldo del Poder Ejecutivo, lo que no es poco.