¿QUIÉN DEBE?

En enero pasado, a menos de un mes de haber asumido la presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Gustavo Menna realizó una conferencia en la que denunció varias supuestas irregularidades, entre ellas, una deuda acumulada con el ISSyS por parte de Apel, en concepto de aportes y contribuciones.

En aquel entonces, dijo que el ISSyS “le reclama a la Legislatura una deuda en concepto de aportes y contribuciones patronales, y de aportes y contribuciones de obra social de casi 140 millones de pesos, que en principio, la Legislatura había dejado de hacer”.

Sostuvo que “lo que se logró establecer, en base a un trabajo de rastreo contable y legal, es que efectivamente desde septiembre de 2022 se había dejado de aportar y contribuir sobre un concepto que tienen los trabajadores de esta Legislatura, que es el denominado Fondo Solidario”.

Indicó que “en septiembre de 2022, en base a un dictamen legal, que no compartimos, dejó de hacerse esto. Es decir, se pasó a transferir el 100% de ese concepto a la entidad sindical, pero se dejó de destinar la parte que correspondía al Instituto. Y ahí fue generando mes a mes, esta deuda que alcanza una cifra solo de capital histórico de 137 millones de pesos”.

Menna desligó a su antecesor Ricardo Sastre de esto, y remarcó que “durante 14 meses a la anterior conducción del Issys no se le debería haber escapado que se le iba generando esta deuda, y recién el 4 de diciembre hay una primera manifestación de esto, y el mismo 7 de diciembre hay un dictamen legal con una determinación de deuda y una comunicación a la Legislatura”.

Millones en el aire y ambulancias que no alcanzan a curar las penas de la política

Sin embargo, en la última sesión, diputados de Arriba Chubut le plantearon al vicegobernador que estaba en un error, ya que se determinó que no es el gremio el que debe, sino que es precisamente la Legislatura, ya que como empleador es el agente de retención. “Ahora se debe el doble, como 300 millones”, dicen los legisladores.

Las autoridades no hablaron más del asunto, y lo único claro es que la plata al ISSyS no entró. Ahora queda la pregunta, ¿Quién es el responsable?

¿Y LAS AMBULANCIAS?

Hace un mes atrás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof  llegó a Rawson para firmar con su par de la provincia de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, un convenio marco de colaboración y asistencia mutua en materia sanitaria, en el marco del cual se prevé la incorporación, en comodato, de quince ambulancias en distintas localidades chubutenses, a fin de garantizar el efectivo acceso a la salud y priorizar la calidad de la atención en las respectivas poblaciones provinciales.

Millones en el aire y ambulancias que no alcanzan a curar las penas de la política

El acto generó mucha repercusión política, y algún costo interno, además de que todavía se habla de esa foto y el impacto para ambos lados. Ahora bien, la otra cuestión de la que se habla en voz baja es, ¿dónde están las ambulancias?

Pasaron 30 días y ningún vehículo llegó para los hospitales chubutenses; por eso, los intendentes están preguntando al gobierno, “¿Qué pasó?”. La respuesta es que hay una demora burocrática, que “ya se va a resolver”, y que estarán llegando más tarde o más temprano.

Algunos dudan si el tema no se le habrá complicado a Kicillof, ya que había muchas objeciones de la oposición y de intendentes de su provincia por la decisión. Por lo pronto, el secretario de Salud, Sergio Wisky, trabaja denodadamente para destrabar el asunto, que se demoró más de lo previsto.

PARA OTHAR, FUE UN GOLAZO A FAVOR 

Aunque desde algunos sectores del PJ se evaluó el riesgo que implica para Chubut la decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia de declarar la incompetencia de la justicia de Rawson y enviar los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia, no todos tuvieron esa visión. Por lo contrario, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, celebró plenamente la decisión y le dio el mismo valor positivo que el gobierno de Ignacio Torres, al valorar que la salomónica decisión como un gol a favor de la provincia:

“Peleamos por lo que nos corresponde”, tituló su posteo Othar, para evaluar que la Cámara Federal ratificó la medida cautelar sobre los fondos de Chubut: “Ese fallo es un gran triunfo para Comodoro -sumó el intendente-, porque asegura la continuidad de fondos esenciales como lo es el fondo de compensación del transporte público”.

Millones en el aire y ambulancias que no alcanzan a curar las penas de la política

En la diputa con el gobierno nacional, Macharashvili actuó en conjunto con el gobernador Ignacio Torres para reclamar por la reposición de los fondos del transporte público, algo que, sin embargo, por ahora no se ha restablecido. Es que la medida del gobierno nacional, al decidir eliminar los subsidios a los ómnibus del interior del país, fue posterior a aquel planteo judicial, que se vinculaba a fondos del ejercicio 2023.

RIESGO DE CADUCIDAD DEL PJ

En el marco del proceso de renovación de autoridades que atraviesa el PJ Chubut, cuyos mandatos vencieron en diciembre del año pasado y fueron prorrogados para cumplir con el proceso de normalización durante este año, el Juzgado Electoral de Rawson salió a advertir que no hay más plazos para estirar la normalización.

Enrique Kaltenmeir, secretario electoral, dijo que si bien a fines del año pasado era entendible que se llevara adelante ese proceso, ya que el justicialismo estaba inmerso en el proceso electoral nacional y de hecho compitió en la segunda vuelta hasta noviembre, ya no hay más margen para estirar los plazos más allá del 26 de septiembre, que es la fecha fijada para la renovación de autoridades.

“En ese proceso electoral nosotros somos una instancia de revisión posterior, sobre las condiciones de legalidad del desarrollo del proceso electoral -precisó el funcionario, en diálogo con Actualidad 2.0-. El próximo paso es el cierre del padrón de afiliados. El único plazo concreto que nosotros hemos intimado en su momento es que, de no cumplir por algún motivo con el cronograma electoral, van a quedar incursos en causal de caducidad de la personería que prevé el artículo 50 de la ley de Partidos Políticos, con lo cual no hay mucho margen temporal para que por algún tipo de cuestión frustre el proceso electoral de septiembre”.

En concreto, insistió, no habrá más prórrogas para la renovación de autoridades, ya que, de demorarse el proceso, las actuales autoridades partidarias irían por un cuarto año de mandato, lo que sería causal de caducidad de la personería de partido político.

ALINEAMIENTOS INTERNOS

Apropósito de la interna del PJ para suceder a Carlos Linares en la presidencia partidaria, siguen los alineamientos en torno a las figuras de Othar Macharashvili, por un lado y del actual diputado provincial Gustavo Fita, entre los dos más visibles que han ‘blanqueado’ sus intenciones para conducir el partido. Al intendente comodorense lo acompañan otros jefes comunales, tales como Gustavo Sastre y Sebastián Balochi, el jefe comunal sarmientino a que también cultiva buenas relaciones con el gobernador Ignacio Torres.

Fita, con el aval de Juan Pablo Luque detrás, también sumo expresiones de apoyo, como la del titular de la CGT del Valle, Luis Núñez.

MIRÁ QUIÉN VINO

Uno que reapareció en la semana para dar su opinión fue Norberto Yauhar, ex ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación en el gobierno de Cristina Kirchner, con última función pública en el gobierno municipal del hoy ‘nachista’ Adrián Maderna. “Los intendentes no pueden presidir el PJ, porque están inmersos en la gestión del día a día y no pueden atender las necesidades del peronismo de toda la provincia”, expresó Yauhar, cuando se le consultó por la figura del jefe comunal comodorense en La Cien Punto Uno. 

Millones en el aire y ambulancias que no alcanzan a curar las penas de la política

Claro que tampoco expresó un apoyo por Fita, al referir que “hay que sentarse y discutir desde cero, hay que barajar y dar de nuevo”. Siempre agudo en sus definiciones, no pocos recuerdan que cuando encabezó una lista de diputados nacionales, el verborrágico Norberto quedó afuera por paliza en aquella elección de 2013, en la que se enfrentó con su ex amigo Mario Das Neves.

Con las posiciones conocidas hasta ahora, parecen alinearse esquemáticamente dos posiciones, que se definen por una mayor y menor cercanía a la figura del gobernador Torres.

LA ORDENANZA DE PASIVOS AMBIENTALES, SIN APURO

En el Concejo de Comodoro Rivadavia cuentan que no parece haber apuro del Ejecutivo Municipal para que se apruebe la ordenanza de relevamiento de pasivos ambientales, si bien el tema comenzó a tratarse en la comisión correspondientes. Algunas fuentes cercanas al oficialismo confiaron en que la norma no parece que vaya a avanzar, pese al entusiasmo con el que fue promovida por el propio intendente Macharashvili al inaugurar el período de sesiones ordinarias de este año.

Otros creen que la norma finalmente se aprobará, pero sin urgencia, considerando que en la última semana la Subsecretaría de Ambiente municipal avanzó con fuertes operativos para registrar impactos ambientales en la ciudad, labrando actas de infracción.

“Está en el freezer y el Ejecutivo no dio señales de tener apuro, pero en algún momento va a salir”, evaluaron los menos escépticos. Eso sí, agregaron también, no sin cierta maldad: “entró hace algunos meses y algunos concejales todavía no tuvieron tiempo de leerla”.

CRECE EL ESCÁNDALO DE LA SENADORA NEUQUINA  ACUSADA POR COHECHO

El senador Carlos Linares (UxP-Chubut) se mostró muy activo en redes, en el marco del debate por la ley Bases y reposteó la carátula de la denuncia penal que se formuló contra la senadora Lucila Crexell (JxC-Neuquén), quien será designada como “embajadora antee la UNESCO” en París, con un sueldo de 13.000 euros mensuales.

La presentación judicial fue realizada por el abogado Federico Paruolo. En el escrito, el denunciante solicitó que se investigue a la senadora y a "cualquier persona que haya participado del hecho que se denuncia (...) conforme lo establecido en el artículo 256 del Código Penal y en virtud de lo establecido por los artículos IV y VI de la Convención Interamericana Contra la Corrupción".

El planteo se basa en la acusación de que la legisladora habría prestado su apoyo a la polémica ley Bases, a cambio del cargo ofrecido por el gobierno nacional, que en febrero tenía otro candidato.

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