Un jardinero peruano, una niñera y un apellido repetido: la historia de la ex ministra acusada de tener un equipo de ñoquis a su cargo
La mediática Cecilia Torres Otárola fue expulsada del Ministerio de la Familia en julio de 2020 cuando explotó la denuncia conocida como 'Ñoquis Calientes' que dará inicio al debate oral esta semana. Cuál es su trayectoria política y quienes estarán en el banquillo acusados de estafar al estado por cobrar sus sueldos sin trabajar.
Este lunes 25 de noviembre en la Oficina Judicial de Rawson comenzará el juicio oral y público contra siete imputados en la causa conocida como “Ñoquis Calientes” que investiga presuntos delitos de fraude al Estado en Chubut.
Entre los acusados, la principal protagonista es Cecilia Torres Otarola, ex ministra de Familia y Desarrollo Social y ex diputada provincial quien lidera una lista de figuras involucradas en maniobras que -presuntamente- habrían perjudicado gravemente las finanzas públicas.
El fiscal Omar Rodriguez de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP) encabeza la investigación en la que se trata de determinar una serie de contrataciones irregulares.
Durante la mañana del viernes, un nuevo defensor, que asistirá a una parte de los imputados, realizó una presentación para que el juicio no inicie pero el Tribunal resolvió no hacer lugar al pedido por lo que debe realizarse el juicio oral este lunes 25 de noviembre, aunque hay dudas de que los acusados se presenten.
Entre los otros seis imputados, hay un apellido que se repite cuatro veces: el de la ex subsecretaria Jaquelina Rodera, quien es imputada junto a Branco Rodero Neira, Facundo Solari Rodera, Marta Rodera, Miguel Reto Reyes, y Silvana Cañumil.
Se trata de un caso por presuntos actos de corrupción y mal uso de recursos públicos.
Acusación
De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía que se deberá demostrar en el juicio, la exfuncionaria habría obligado el retorno de parte de los sueldos de los empleados que ella misma habría ayudado a ingresar en carácter de asesores en la Legislatura provincial.
En su gestión como Ministro de la Familia, habría designado en cargos de alto rango a personas cercanas a ella que no vivían en la zona ni realizaban contraprestación para el Estado.
Por ese motivo, la causa judicial se mediatizó bajo la denominación de “Ñoquis Calientes”.
El tribunal que dará un veredicto está integrado por los jueces Carlos Richieri, José Luis Ennis y Marcela Pérez Bogado.
A Torres Otarola, conocida popularmente como ‘Chechu’, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por 8 hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Respecto de Silvana Adriana Cañumil se le imputa el delito de fraude a la administración pública, un hecho por concusión y dos hechos en calidad de partícipe secundario.
A Jaquelina Rodera, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en calidad de partícipe primario por tres hechos.
A Marta Rodera, se le imputa el delito de fraude la administración pública, un hecho en calidad de partícipe primario.
En el caso de Facundo Solari Rodera, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en un hecho como partícipe primario.
Por su parte, a Branco Rodera Neira, el delito de fraude a la administración pública por un hecho como partícipe primario.
A Miguel Angel Reto Trelles, se le imputa un hecho como partícipe primario en fraude a la administración pública.
Posibles penas
Para los fiscales Cecilia Torres Otarola, “resulto pieza central de la actividad delictiva investigada”. Según las calificaciones legales escogidas, la escala penal parte desde los dos años más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
La Fiscalía estima que al momento de pedir pena, la misma no será inferior a los cuatro años de prisión efectiva más la inhabilitación especial por igual plazo.
A Jaquelina Rodera, se le pedirán tres años de prisión en suspenso más la inhabilitación especial por igual plazo, Mara Rodera dos años de prisión en suspenso, Facundo Solari Rodera dos años de prisión en suspenso, Miguel Angel Reto Trelles dos años de prisión en suspenso y a Silvana Adriana Cañumil, tres años de prisión.
Una terapista de alto perfil
En su profesión de origen, Cecilia Torres Otarola es terapista ocupacional, tiene 44 años y es oriunda de Trevelin. Trabajó en un hospital rural de la cordillera desde los 30 años para luego desempeñarse en el hospital de Esquel.
Allí empezó su historia de militancia en el espacio que entonces encabezaba Mario Das Neves, líder del proyecto provincial en el que fue una activa participante.
En 2015, su cambio de lealtades durante la campaña provincial entre Mario Das Neves y Martín Buzzi levantó sospechas cuando su local partidario cambió de emblemas de un día para otro.
Pese a que las elecciones dieron el triunfo a Das Neves, Otarola logró asegurarse una banca como diputada provincial por el buzzismo, un espacio que abandonaría poco después para formar su propio bloque, "Juntos para Chubut".
La gestión legislativa de Otarola no estuvo exenta de episodios polémicos. En 2016, protagonizó un escándalo judicial tras denuncias que involucraban presuntos pedidos de prebendas. Aunque estos señalamientos no prosperaron judicialmente, consolidaron su perfil controvertido.
En paralelo, impulsó leyes en defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género, logrando el reconocimiento de la Cámara por su labor legislativa.
El estallido mediático más sonado de Otarola ocurrió en 2018, previo al Mundial de Rusia, cuando una foto suya en redes sociales -en la que vestía un jean ajustado y la camiseta de Messi- generó revuelo nacional.
Mientras sus detractores la acusaban de trivializar la política, ella defendió su accionar: “Un simple culo tapa toda la lucha. Tapa las leyes que logré, las que se aprobaron en apenas dos años de gestión, 40 proyectos en 2016, 46 periodo 2017, 13 en lo que va del este 2018".
Aunque el episodio dividió opiniones, la exdiputada utilizó la controversia para posicionarse como una figura que desafiaba los estereotipos en política. Cuando Mariano Arcioni armó su gabinete en diciembre del 2019, le dio el cargo que Torres Otarola siempre había anhelado: ministra de Desarrollo Humano y Familia con una impronta muy fuerte en el rol de la mujer.
A comienzos de abril del 2020, la exministra protagonizó una polémica pública con los comerciantes chubutenses que le cuestionaron el uso de 10 millones de pesos enviados por el Ministerio de Desarrollo de la Nación: por decisión de Torres Otarola se usaron para comprar alimentos en El Bolsón. Es decir, fuera de la provincia.
La investigación judicial que ahora la mantiene en el ojo de la tormenta se desprendió de los dichos de uno de sus exasesores, Martín Sandoval, con quien Torres Otalora reconoció tener una relación personal.
El hombre dijo que la exdiputada se quedaba con más de la mitad de su sueldo y contó otros detalles sobre contrataciones de personal.
Ante las denuncias de su expareja, Torres Otarola hizo una carta pública. "Lamento tener que dar explicaciones sobre mi vida privada. Pero debo decir que tuve con el señor Sandoval una relación personal y de confianza con acuerdos consensuados entre personas adultas".
Y agregó: "El señor Sandoval tenía llaves de mi casa en Esquel. Pero en 2017 la relación comenzó a deteriorarse, él volvió con su expareja y ya no viajaba con tanta asiduidad a Rawson".
Sandoval había denunciado un tiempo antes una extorsión por parte de una “mesoterapeuta” ligada a la exdiputada.
Le había dicho que iba a revelar fotos íntimas si no dejaba de denunciar a Torres Otarola.
Sandoval había dicho que mientras trabajaba como asesor de la exministra debía darle la mitad de su sueldo para "gastos de la política" y que lo mismo hacían otros "asesores".
Empleados fantasmas
Las investigaciones destaparon la existencia de empleados fantasmas, incluyendo una niñera, un jardinero y hasta la madre de un exfuncionario que habrían cobrado sueldos sin desempeñar funciones reales.
Entre los casos más resonantes figuran el pago de $ 340.000 a un jardinero residente en Buenos Aires, registrado como asesor, como así también designación de la niñera de Otarola como Subsecretaria.
Según la fiscalía, estas acciones formaron parte de un esquema sistemático de desvío de fondos públicos bajo el pretexto de gastos políticos.
Además, los allanamientos realizados en el despacho y la vivienda de la ex funcionaria aportaron documentación y dispositivos electrónicos clave para la investigación.
La causa avanzó luego de que la Cámara Penal de Trelew rechazara los pedidos de suspensión de juicio a prueba presentados por seis de los imputados.
Este fallo fue resuelto por los jueces Adrián Barrios, Alejandro De Franco y César Zaratiegui quienes consideraron que las pruebas y la gravedad de los hechos ameritan una resolución mediante un juicio público.
El juicio representa un eslabón clave en la lucha contra la corrupción en Chubut. La Oficina Anticorrupción señaló este caso como emblemático de las irregularidades que afectan a la administración pública provincial.
Acorde a las declaraciones públicas del fiscal Rodriguez, se apunta a que el proceso judicial pueda establecer la modalidad de los hechos investigados para definir precedentes que permitan prevenir futuras maniobras fraudulentas en el ámbito gubernamental.
Con información del Ministerio Público Fiscal, La Nación y el archivo de nuestro medio en una nota editada y redactada por un periodista de ADNSUR.
Por Pablo Vernazza