Una demanda y una cautelar: Chubut irá a la Corte contra Nación por la afectación de ingresos por Impuesto a las Ganancias
La fiscalía de Estado hará la presentación en los próximos días, pidiendo se restituyan los fondos afectados y que el Estado Nacional se haga cargo de los efectos sin tocar la coparticipación. El perjuicio equivale a una masa salarial. Se trata del anuncio de Sergio Massa en plena campaña que fue ratificado en el Congreso.
En los próximos días, la Provincia del Chubut, a través de la Fiscalía de Estado, iniciará ante la Corte Suprema de Justicia una acción judicial contra el Estado Nacional, que constará de dos tramos: una demanda de inconstitucionalidad y una medida cautelar, que apuntan a revertir los efectos de las medidas que afectaron los ingresos por la eliminación del Impuesto a la Ganancias.
Esta columna tuvo acceso a los argumentos legales de los planteos que hará Chubut, y que vamos a desarrollar a continuación. Primero, se va a solicitar a la Corte la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 473/23 y de la Ley 27.725 que fueron dictadas el pasado mes de septiembre de 2023, y que se condene al Estado Nacional a restituir a la Provincia del Chubut las sumas dejadas de percibir a resultas de la disminución de los recursos coparticipables (Ley 23.548).
Y mientras se resuelve este planteo de fondo, se pedirá al máximo tribunal el dictado de una medida cautelar urgente por medio de la cual se ordene a la Nación que los efectos fiscales de la aplicación del Decreto Nro. 473/23 y de la Ley Nro. 27.725 sean asumidos por el Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a la Provincia del Chubut.
Hay que recordar que estas medidas fueron anunciadas durante la campaña electoral por el entonces ministro de Economía y candidato a Presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y luego validadas por una ley aprobada por ambas cámaras en el Congreso Nacional en el mes de septiembre.
Concretamente, la medida fue que se dispuso elevar el monto de la remuneración y/o del haber bruto exento del Impuesto a las Ganancias (4ta categoría), a una suma mensual equivalente a quince (15) salarios mínimos, vitales y móviles, que al 1º de octubre de 2023 equivalían a $1.982.400.
El planteo político es que, a consecuencia de su aplicación, la Provincia del Chubut se ha visto seriamente afectada por la disminución de recursos coparticipables, cuyo impacto fiscal incide negativamente en el cumplimiento de las metas presupuestarias y de los compromisos asumidos, así como en su normal funcionamiento.
De acuerdo al cálculo expresado por las actuales autoridades, la afectación implica una suma que equivale casi a una masa salarial de Chubut, cálculo que ascendía a dos masas salariales completas de trabajadores estatales activos y pasivos si se sumaban además los efectos de la ley de “Compre Sin IVA”.
Argumentos
De acuerdo al planteo que hará Chubut ante la Corte Suprema, el dictado del Decreto Nro. 473/23 y sanción de la Ley Nro. 27.725 por parte del Ejecutivo Nacional, configuran “una detracción unilateral de recursos de la masa de recaudación de impuestos coparticipables, manifiestamente violatoria de los artículos 75 inciso 2, 76 y 99 inciso 1 y 2 de la Constitución Nacional”.
Como fundamento, la presentación del estado chubutense menciona que “al dictar el Decreto 473/23, el Poder Ejecutivo Nacional se excedió en el ejercicio de la delegación legislativa, disponiendo en forma arbitraria una modificación de la Ley del impuesto a las ganancias que impacta sustancialmente sobre la masa de fondos coparticipables, generando un grave perjuicio a las economías provinciales, y en particular a la Provincia del Chubut”.
Y se agrega que la misma situación “se plantea respecto de la Ley Nro. 27.725, puesto que también comporta una medida adoptada en forma unilateral, siendo por ello violatoria de los principios del federalismo de concertación, sobre todo cuando no efectúa consideración alguna al consecuente desfinanciamiento de las economías provinciales; omitiendo disponer o establecer un mecanismo de compensación por las pérdidas financieras provocadas”.
Inconstitucionalidad
Según el planteo que hará la actual gestión, al proceder del modo en que lo hizo, “el Estado Nacional ha perdido de vista que los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, le impedía adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a los restantes sujetos del régimen de coparticipación (ley 23.548), en particular a la Provincia del Chubut”.
De ahí el planteo de inconstitucionalidad en la decisión que por la aplicación, se estima que la Provincia del Chubut finalizará el año 2023 dejando de percibir por coparticipación del Impuesto a las Ganancias, unos $3.200 millones por dos meses de aplicación.
Por otro lado, por el impacto fiscal de la Ley Nro. 27.725, sólo para el año 2024, se estima en pérdidas por $1,6 billones a nivel federal para las provincias, y de entre 30 mil y 35 mil millones de pesos en el caso de Chubut, lo que actualmente equivale a una masa salarial completa.
La pretensión de Chubut es que, de admitir la Corte Suprema la medida cautelar peticionada y hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad de fondo, dichas pérdidas deberán ser afrontadas íntegramente con recursos propios del Estado Nacional.
Se trata de la primera de una serie de demandas que se pondrán en marcha una vez que asuma nuevamente el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone. La más importante será la llamada Reparación Histórica, anticipada por ADNSUR hace cuatro meses. Pero esa, será otra historia.
