La tensión vuelve a escalar en Vaca Muerta. La comunidad mapuche Kaxipayiñ bloqueó el acceso al istmo del lago Mari Menuco, impidiendo el avance de YPF en un área clave para su plan de perforación. La Justicia emitió una orden de desalojo, pero su ejecución quedó en suspenso mientras el gobierno de Rolando Figueroa busca una salida política. En el centro de la disputa, dos mapas que chocan entre sí: el de las concesiones hidrocarburíferas y el del reclamo territorial indígena.

Un proyecto millonario sobre tierras en disputa

El área en conflicto es La Angostura Sur II, una concesión petrolera creada en marzo de 2023 dentro del bloque Loma La Lata-Sierra Barrosa. YPF ya comenzó con los movimientos de suelo para la perforación de los primeros pozos, pero el conflicto con los Kaxipayiñ paralizó las operaciones.

Según el werken de la comunidad, Gabriel "Rolo" Cherqui, el plan de YPF prevé la perforación de más de 520 pozos en una zona con gran potencial turístico y ambiental, lo que encendió las alarmas no solo en la comunidad mapuche, sino también en clubes y asociaciones civiles que históricamente utilizaron el istmo.

Un acuerdo que quedó en el aire

El trasfondo del conflicto se remonta a un acta firmada en febrero de 2023, durante el gobierno de Omar Gutiérrez, en la que la provincia se comprometió a mensurar y escriturar las tierras del istmo a favor de los Kaxipayiñ. La mensura se realizó, pero el trámite nunca se completó, lo que generó incertidumbre sobre la validez del acuerdo.

El antecedente más cercano es la disputa entre los mapuches y la Villa del Club Mari Menuco, un litigio que incluyó cortes de ruta, denuncias de usurpación y la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Para evitar una escalada judicial, se optó por un acuerdo extrajudicial similar al que ahora está en el centro del conflicto con YPF.

Conflicto: un mapa mapuche pone en peligro todo el yacimiento de Vaca Muerta

El factor político y el rol de YPF

El tema llegó hasta el propio CEO de YPF, Horacio Marín, quien sigue de cerca la situación y podría reunirse con la comunidad la próxima semana. Mientras tanto, la compañía evitó hacer declaraciones oficiales sobre el conflicto, pero todo indica que no dará marcha atrás en su plan de perforación.

El gobierno provincial, por su parte, enfrenta un dilema: cumplir con la orden de desalojo o buscar una solución negociada que evite un nuevo foco de tensión en Vaca Muerta. Todo indica que nadie quiere un enfrentamiento directo, pero el choque de intereses ya está en marcha.

La comunidad mapuche exige que se respete la consulta previa, libre e informada, amparada en la Ley 3401. Sin embargo, esa normativa nunca se aplicó en Neuquén, y su implementación sigue siendo una incógnita.

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