Preocupación por el estado de las represas del Comahue y el riesgo de inundaciones

El bloque de legisladores de la Coalición Cívica ARI solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que garantice el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 3 de marzo de 2009, que ordena la realización de obras en la presa Portezuelo Grande, parte del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados sobre el río Neuquén.

Según advirtieron, la falta de mantenimiento y de infraestructura de seguridad representa un riesgo para las ciudades del Alto Valle, la producción agrícola y el abastecimiento de agua para la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta.

Un fallo de la Corte Suprema dejó firme una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, que ordenaba al Estado Nacional llevar adelante obras en la presa Portezuelo Grande para garantizar su estabilidad ante crecidas extraordinarias del río Neuquén. A 16 años de la resolución judicial, los legisladores expresaron su preocupación por el incumplimiento de la medida y alertaron sobre las posibles consecuencias.

“El incumplimiento de esta disposición no solo vulnera el Estado de Derecho, sino que también pone en riesgo la infraestructura, la seguridad de las poblaciones y el desarrollo económico regional”, indicaron en un comunicado.

Desde el bloque señalaron que la falta de obras afecta distintos sectores. Por un lado, la producción agrícola del Alto Valle podría verse comprometida por una alteración en el sistema de riego. A su vez, advirtieron que el abastecimiento de agua para la industria hidrocarburífera, clave para el desarrollo de Vaca Muerta, depende en parte de la regulación hídrica de los embalses. Además, indicaron que la seguridad ambiental también está en juego, ya que una falla en la estructura podría generar contaminación del agua, pérdida de biodiversidad y un avance de la desertificación.

Antecedentes técnicos y riesgo de crecidas

El informe del ingeniero Oscar Vardé, presidente honorario de la Academia Nacional de Ingeniería, señala que desde 2001 los estudios hidrológicos indican que la presa Portezuelo Grande no soportaría una crecida máxima probable. Luego de la inundación de 2006, auditorías posteriores recomendaron la ejecución de obras adicionales en la estructura y la construcción de embalses aguas arriba, como el frustrado proyecto Chihuido.

En ese contexto, los legisladores remarcaron la importancia de ejecutar los trabajos pendientes para evitar posibles impactos negativos en la región.

Ante la falta de avances a nivel nacional, los legisladores de la CC ARI presentaron un proyecto de comunicación en el que solicitan al Poder Ejecutivo de Neuquén que convoque a la Junta Provincial de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo, creada por la Ley N° 5422. El objetivo es evaluar medidas de prevención, coordinar con organismos especializados y desarrollar un plan de infraestructura para mitigar posibles daños en caso de una emergencia hídrica.

Entre los puntos destacados, el proyecto plantea la necesidad de capacitar a agentes y ciudadanos en protocolos de seguridad y promover la creación de órganos locales de Protección Civil en las localidades que podrían verse afectadas.

El documento menciona los recientes fenómenos climáticos extremos, como la inundación de Bahía Blanca, y la creciente frecuencia de eventos similares en el país. “El Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación ineludible de actuar de manera coordinada para prevenir y mitigar sus efectos”, afirman los legisladores.

En esa línea, señalaron que la Junta de Protección Civil debe mantener reuniones periódicas para planificar y organizar acciones preventivas, más allá de responder a emergencias ya ocurridas. “No debe reunirse únicamente cuando se está frente a un evento riesgoso, sino que debe trabajar de manera constante en la planificación y preparación de la provincia para enfrentar posibles contingencias con eficacia”, concluyeron.